El estado de excepción encubierto, en tanto que no proclamado, con que el Estado español ha hecho frente desde el 3 de octubre del 2017 a su problema en Catalunya no se acabó con la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas y el encarcelamiento de 9 de los condenados. Va a seguir vigente incluso cuando estos sean libres. Así se deduce de lo que anunciaba ayer el diario El País: un inédito indulto condicional por parte del gobierno PSOE-Podemos que preside Pedro Sánchez: “Los indultos serán rápidos, limitados y reversibles”. La exclusiva, que abría a cinco columnas la portada del rotativo, se acompañaba con un patético editorial admonitorio dirigido ni más ni menos que “A los catalanes” en su conjunto. Si lo primero es un sarcasmo, una broma macabra, una nueva e inquietante muestra de la matriz vengativa con que se sigue gestionando el conflicto, lo segundo, directamente, supone seguir tratando a los catalanes (y las catalanas) de menores de edad. A los independentistas y a los que no lo son.  

Así, siempre según el citado rotativo, el indulto será reversible, es decir, se anulará “si los presos vuelven a violar la ley”, y limitado: probablemente se mantendrán las penas de inhabilitación y solo se perdonarán los años de pena necesarios para la excarcelación. Luego, más allá de los muros de la prisión, en su recobrada vida civil, los presos del 1-0 van a seguir siendo prisioneros. El mensaje es diáfano: Si ho torneu a fer, tornareu a la presó. La medida de gracia de Pedro Sánchez deviene así una suerte de prisión en libertad perpetua, en la que los indultados van a estar bajo sospecha durante toda su vida, sometidos a una revisión permanente de su libertad... en función de los intereses del gobierno de turno.

Más allá de los muros de la prisión, en su recobrada vida civil, los presos del 1-0 van a seguir siendo prisioneros. El mensaje es diáfano: Si ho torneu a fer, tornareu a la presó. 

Sánchez concederá el indulto por razones políticas, lo cual se corresponde, ciertamente, con la naturaleza de la medida. Depende de ello la legislatura —el apoyo de ERC en el Congreso y la relación con el flamante Govern Aragonès—. Como, también, la “normalización” de la vida catalana. Y no tanto porque lo pidan la mayoría de los ciudadanos, independentistas o no —esas mayorías han sido para Sánchez y para el Estado español hasta ahora completamente accesorias— sino porque solo en ese escenario tiene futuro el PSC, y, por tanto, el PSOE, y pueden respirar las elites locales. Unas elites que, de tanto invocar el fantasma de la decadencia del país para ahuyentar sus propias veleidades independentistas, esa tentación en la que que cayeron Artur Mas y (el grueso de ) Convergència, han acabado por encontrárselo cada noche cuando apagan la luz.

En el plan de desinflamación del conflicto catalán del que los indultos serían el primer paso efectivo está incluida la rehabilitación del PSC como eventual socio en el esquema de la gobernabilidad postprocés al menos para una parte del independentismo —los pactos de país que propone Illa a Aragonès—. Se visualizaría así la progresiva salida de los socialistas catalanes del bloque del 155. Y todo ello se acompañaría de un plan de relanzamiento de las inversiones y, quizás la elaboración de un nuevo Estatut —con su correspondiente referéndum— a través de la mesa de diálogo, que debería servir para amarrar al “proyecto democrático español” a los sectores más moderados del independentismo y apuntalar en Catalunya las expectativas electorales del sanchismo después del desastre de Madrid.

Todo eso —guste o no— forma parte de la lógica política. Pero los anunciados indultos de Sánchez llevan aparejados dos errores gravísimos. El primero es técnico. Al diseñar un indulto condicional, un indulto parcial que mantiene bajo sospecha a los beneficiarios, Sánchez deja también abierto el camino para que sea revocado, por su Gobierno, otro Ejecutivo o, ya de entrada, el Tribunal Supremo. Es el propio indulto el que queda también bajo sospecha en su justificación por su carácter totalmente parcial. Y el segundo es político. Al optar por un indulto híbrido, político, pero penalmente blindado, reversible y limitado, Sánchez intenta apaciguar al deep state —encabezado por los jueces— y frenar a la derecha y la extrema derecha —que ya han convocado el consiguiente acto de desagravio en Colón—. Pero en ese intento de transacción, de contentar al búnker político y judicial, el presidente español no solo va a fracasar sino que, además, va a avalar un nuevo acto de regresión democrática que le alejará cualquier aprobación por parte de muchos catalanes, independentistas y no solo independentistas.

De nuevo, desde España se plantea a Catalunya una especie de nueva transición a punta de pistola: quien se mueve, vuelve a la cárcel

Aparecen ministros en los periódicos, entre cándidos y cínicos, exigiendo correspondencia a Aragonès: Sánchez asume el coste del indulto a los presos y vosotros hacéis lo propio, olvidándoos de la independencia. Y se apunta la crema del "progresismo de izquierdas", Podemos. Para el independentismo ese es un precio altísimo. De nuevo, desde España se plantea a Catalunya una transición a punta de pistola: quien se mueve, vuelve a la cárcel. Como en el mito de Procusto, el precio de los indultos fake es, de nuevo, serrarle las piernas a la democracia para que la ley quepa en la estrecha cama del autoritarismo.

El estado de excepción encubierto se seguirá aplicando a los indultados en su vida fuera de las cárceles. Cuidado. Queda abierta una nueva vía de suspensión de los derechos de todos, independentistas o no. Ese es el auténtico precio que vamos a pagar todos, catalanes y/o españoles, si Sánchez no rectifica. El caso de los indultos condicionales de Sánchez demuestra que, en términos políticos, el camino del medio, ese tan caro a los reformistas y los autodenominados moderados, a veces solo sirve para que transiten por él, como Pedro por su casa, las fuerzas más oscuras.