El ciclo de movilización independentista en Catalunya que empezó con la consulta de Arenys de Munt (el Maresme) del 13 de septiembre de 2009 llegó a su fin con la no Diada del 11 de septiembre del año innombrable. Paradojas de la historia, allí donde hubo avenidas y plazas a rebosar de gente, el maldito virus lo vació todo, en todas las latitudes. También aquí. Desaparecieron los cuerpos —esos mismos que, ahora, como zombis renqueantes, van volviendo a hacerse presentes en el paisaje cotidiano— y, con ellos, la reivindicación en la calle. Claro que los síntomas de reflujo, de cansancio y pérdida de capacidad aglutinadora ya estaban ahí: la represión del independentismo, contra sus líderes y contra su base civil ejercida por los aparatos del Estado, de manera más cruda —prisión, exilio de los dirigentes— o más sutil, ya había empezado a hacer su efecto, así como la creciente división estratégica y las batallas partidistas. Pero la pandemia, ese inesperado aliado de los inmovilistas y los reaccionarios ante el “desafío independentista” fue, a la postre, lo que acabó dispersando más las fuerzas del movimiento, que eran muchas.

Hace 12 años, en la riera de Arenys se preguntó a los vecinos del municipio mayores de 16 años si estaban de acuerdo con que “Catalunya se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea”. Era president de la Generalitat José Montilla, al frente del segundo tripartito PSC-ERC-ICV, y fue el año antes del golpe del Tribunal Constitucional contra el Estatut. Ya alrededor de la consulta de Arenys se visualizaron algunas tendencias que luego acompañarían los grandes hitos del procés, las gigantescas movilizaciones populares de las Diades, a partir del 2012, la consulta del 9-N del 2014 y el referéndum del 1 de Octubre del 2017: desde la participación masiva, sin parangón ni siquiera en la etapa de la transición y la preautonomía, a la represión pura y dura, encabezada por sectores ultras en convergencia con los partidos unionistas y los aparatos del Estado. Vale la pena recordar que fue a iniciativa de Ciutadans y previo recurso de la Abogacía del Estado que el juez anuló el acuerdo del pleno municipal de Arenys de Munt que daba apoyo a la consulta. Curiosamente, el abogado del Estado era, en concreto, Jorge Buxadé, quien había sido candidato de Falange en los años noventa y hoy es eurodiputado de Vox y vicepresidente de la ejecutiva española del partido de Santiago Abascal.

Otro dato para la historia es que, además de la comisión organizadora, en la que, entre otros, estaba el alcalde, el independiente Carles Móra i Tuxans, hubo una especie de junta electoral, denominada comisión evaluadora, al frente de la cual estaba el entonces miembro de Unió y hoy líder de Demòcrates, Toni Castellà, y de la que también formaban parte, entre otros el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà y el futuro líder del partido, vicepresident del Govern y conseller de Economia y preso político en el 2017 Oriol Junqueras. La consulta tenía el apoyo, además de los independientes de AM2000, de ERC, CiU, la CUP, ICV y miembros del PSC a título individual. Lo mismo que —doy fe— de muchas personas no independentistas que estuvieron allí para acompañar aquel acto de democracia participativa, sí, directa, y, sobre todo, pacífica y cívica. En la riera de Arenys, como decía, se dibujaron muchos escenarios de lo que vino después.

El Estado español quizás no ha ganado la guerra pero se ha impuesto en la primera gran batalla. Y actúa en consecuencia. Con todo, la base civil del independentismo sigue estando ahí, expectante. Es bastante más sólida, e incluso mucho más amplia que lo era en 2009, cuando la histórica —sí, histórica— consulta de Arenys

El ciclo de movilización independentista que empezó con la consulta de Arenys ha llegado a su fin. Lo que no quiere decir que el independentismo también haya desaparecido como desapareció la gente de las calles y las plazas en el día a día por culpa del maldito virus. La base civil del independentismo, qué duda cabe, está hoy más fatigada y cansada que nunca; posiblemente, también muy desorientada. El president Pere Aragonès, que es de Pineda de Mar, una población muy cercana a Arenys de Munt, y conoce perfectamente qué significó la consulta de Arenys, está ahora al frente del Govern, y lo sabe. El momento es extraño, difuso. El gobierno de Pedro Sánchez ha arrinconado a Catalunya en su agenda y pretende anestesiar al independentismo con los indultos parciales a los presos políticos, el olvido o la ridiculización de Puigdemont y el exilio, el levantamiento de los peajes de las autopistas —aprovechando el fin automático de la concesión de manera oportunista— y la conversión de la mesa de diálogo, a la que ni siquiera compromete su presencia, en un foro autonómico más. Una zanahoria sin substancia política de fondo alguna, la llamada "agenda del reencuentro", para distraer al establishment local con el clásico recurso a la lluvia de millones en forma de etéreas "inversiones de financiación" —ha dicho Pedro Sánchez este domingo en una entrevista en El País— siempre aplazables.

El Estado español quizás no ha ganado la guerra pero se ha impuesto en la primera gran batalla del siglo frente al catalanismo, hoy, mayoritariamente independentista y/o soberanista. Y, ciertamente, actúa en consecuencia. Con todo, la base civil del independentismo, sobre la que pivota la actual mayoría parlamentaria y de Govern sigue estando ahí, expectante. Es bastante más sólida y mucho más amplia que lo era en 2009, cuando la histórica —sí, histórica— consulta de Arenys. Ese es el cambio profundo, político, y sociológico, que se ha producido desde entonces. Puede que el independentismo catalán haya perdido la primera gran batalla pero no la guerra. Y puede que más pronto que tarde vuelva a desbordar las avenidas y las plazas como aquel día desbordó la riera de Arenys con los votos en la mano.