El abogado Andreu Van Der Eyden siempre ha mantenido que la amnistía no sería operativa para todo el mundo, sino después de sortear un nuevo viacrucis judicial. Por eso, sus principales patrocinados (Romeva y Juqueras) se mostraban prudentes a título particular y admitían que, con toda probabilidad, su inhabilitación iba para largo. Recordamos que los indultos fueron parciales y condicionados y que mantenían la muerte civil (inhabilitación) durante una década larga.

En el otro extremo estaba la defensa jurídica del presidente Puigdemont, infinitamente más optimista sobre la plenitud e inmediatez de la aplicación de la ley. ¿Era ingenuidad? ¿Era candidez? ¿O de verdad se creyeron que ahora que se erigían en protagonistas de la negociación, el aparato judicial alzaría la bandera blanca aterrada ante tanta petulancia?

Josep Rull es presidente del Parlamento gracias a los indultos y a la derogación de la sedición, no por la amnistía.

Superado el tortuoso trámite legislativo y la pugna por ver quién negociaba más y mejor, volvemos a lo que ya se sabía (los altos magistrados no desistirán) y era del todo previsible —que los que puedan hagan lo suyo, en palabras del ínclito José María Aznar.

Absolutamente todo lo que tenga que ver con una decisión del Tribunal Supremo y de otros jueces mediáticos que llevan causas que afectan a los principales tótems encausados, lleva inequívocamente el sello de la insumisión judicial al imperio de la ley. Pretender ignorarlo debió ser la única novedad.

La prueba más significativa fue la vituperada modificación de la malversación. La voluntad del legislador era clara. No había malversación, si no había apropiación de dinero, en el bolsillo. Les dio igual. Con la sedición no pudieron hacer nada, sencillamente porque el delito fue borrado del Código Penal. Con los despreciados indultos también lo intentaron. Pero tumbarlos era más complejo y no lo consiguieron. Un apunte, Josep Rull es presidente del Parlamento gracias a los indultos y a la derogación de la sedición, no por la amnistía. Pero el ruido, entonces, con los indultos y demás, ni fue tan atronador, ni el PP se había quedado con un palmo de narices electoral, rabiando delante de un Pedro Sánchez erigido en enemigo público número uno.

¿De verdad es una sorpresa la decisión de una judicatura que está en guerra con el Gobierno español desde los indultos? O todo es más prosaico? La literatura poética contraria a la negociación mutó gracias a la aritmética. De un día para otro se transitó de la retórica de la confrontación a reclamar ufanamente el protagonismo de una negociación que tenía como contrapartida efectivamente no ya estabilizar el gobierno español sino apuntalarlo para evitar nuevas elecciones. Se disfrace como se disfrace, era un giro copernicano. En resumen, la teoría era que los republicanos eran unos inútiles que investían presidentes de balde, se vendían barato y a quien todo el mundo (Gobierno de Madrid y PSOE preferentemente) engatusaba con facilidad. Y caló. Por eso la nueva negociación sería una exhibición de maestría incontestable y ejemplar. Y, por supuesto, se cobraría por avanzado. ¡Apartad las criaturas que de Waterloo llega el Séptimo de Caballería!, parecían decirnos.

¡Apartad las criaturas que de Waterloo llega el Séptimo de Caballería!, parecían decirnos

Este julio hará un año de las elecciones españolas. El único que ha prosperado con plenitud ha sido la rebaja del precio del aceite. El resto, va haciendo, a fuego lento en el mejor de los casos. La realidad es que la negociación se ha estrellado –o ha topado para ser más matizado- con el mismo muro de hormigón, judicial y político, que combate contra el pérfido y camaleònic Sánchez y que no se ha aterrado ante la corneta estridente del Séptimo de Caballería. Probablemente también porque en esta batalla tienen muy claro que ellos (las togas) no son los pieles rojas sino los rostros pálidos. Pellsroges que, además, guerrean entre sí: los siux (ya nos entendemos) contra los apaches (también nos entendemos). Y todavía unos y otros entre sí, por aquello de las familias y las tribus.

¿Esto convierte la amnistía en un camelo –en una engatusada más de Pedro Sánchez– como decía con un punto de cinismo Núñez Feijóo?

La ley de amnistía ha retratado a todo el mundo y ha evidenciado las singularidades del estado de derecho en España. La amnistía resolverá con celeridad la situación del grueso de los encausados damnificados excepto los de peso. Y ciertamente, a pesar de no ser inmediata para todo el mundo, puede acabar siendo llena. Pero no sin torcer antes la voluntad de una judicatura que está en pie de guerra y que decidió sin manías que el imperio de la ley estaba sometido al imperio judicial. Con un trasfondo político ancestral que a menudo es un comodín que vale para todo: preservar la unidad de España ante los que quieren destruirla