Una entrevista de Gonzalo Boye en Vilaweb el 27 de enero de este año, bajo el titular “Caerá mucha gente”, sirvió para girar radicalmente las negociaciones sobre la Ley de Amnistía y alargar su tramitación debido al voto desfavorable de Junts al texto inicial. Ahora, dos meses después, Boye concede entrevistas diciendo que "la batalla europea está ganada" con el nuevo texto legal y que, dicho sea de paso, el presidente Puigdemont puede volver desde el momento de su entrada en vigor. “Dependerá de los jueces si quieren o no una nueva confrontación europea”, pero en todo caso Puigdemont tiene vía libre para volver tanto si deciden detenerlo, como si no, como si se les ocurre plantear cuestiones prejudiciales. Lo de los jueces acabará en justicia divina o poética, o lo que popularmente se conoce como karma, efecto Streisand o efecto boomerang. Cojan el nombre que prefieran: la vía jurídica está blindada. Lo que no quiere decir que las negociaciones legislativas, como las decisiones judiciales, no tengan efectos políticos: las tienen, y por eso Gonzalo no dice del todo la verdad cuando afirma que él no se mete en política. Si se descuida.
En cuanto a las decisiones estrictamente (y no indirectamente) políticas, el presidente debe decidir y la buena noticia es que puede decidir. Por el momento los mensajes parecen claros, será candidato a la lista de las catalanas, pero permanece la incógnita sobre su llegada al Principado, el momento en que se produzca y la reacción que ello conllevará a nivel electoral, social, policial, administrativo o judicial. Por el momento, Boye ya ha dejado caer que ser detenido no es incompatible con ser elegido presidente. Por tanto, las variables que debe evaluar Puigdemont no son ya legales, sino de conveniencia y hará bien en evaluarlo con las gafas de la conveniencia colectiva. Ahora ya sabemos en qué contexto legal-judicial llegaría Puigdemont, pero ¿en qué contexto político llegaría?
Si es necesario volver a hacerlo, volveremos a hacerlo y tendremos muchas más garantías legales y políticas que entonces
Llegaría en un contexto de diálogo, esto para empezar. Las cosas pueden cambiar del diálogo a la confrontación en un segundo, como está demostrado, pero el contexto actual es el de la creación de una mesa de negociación (la de Ginebra, para entendernos) dirigida a intentar resolver el conflicto de forma dialogada. El interlocutor de esta mesa es el gobierno del PSOE, aunque no exclusivamente, y no necesariamente para siempre: en caso de cambios en el gobierno español, la mesa puede no moverse de su sitio y continuar su trabajo con parámetros diferentes (seguramente con mayor influencia sobre lo que llamamos “Estado”). Lo que quiero decir es que el contexto no es ahora mismo, al parecer (todo puede cambiar) el que invitaría a impulsar la DUI del 2017, sino el de explorar si realmente hay alguien al otro lado. Difícilmente, justo después de la aprobación de una ley de amnistía, se puede pasar automáticamente a reventarlo todo: la amnistía permite poner el contador a cero, pero esto significa empezar a contar. Empezar la cuenta atrás, si quieren decirlo así: ¿hay ganas de resolver el conflicto o no, y cómo? Es como si las demandas de Donald Tusk aquel octubre hayan sido aplazadas hasta el 2024 y apenas empiecen ahora, bajo supervisión de organismos europeos. Y con otras diferencias importantes: con el Código Penal español cambiado, con los jueces españoles limitados y obligados a interpretar el derecho de una determinada forma, con unas resoluciones del Consejo de Europa y unos informes de la Comisión de Venecia vigilantes, con unos tribunales europeos pendientes de sentenciar aspectos fundamentales del conflicto, con Naciones Unidas y el TEDH habiendo hecho pronunciamientos al respecto y con el prestigio de la “democracia” española severamente puesto en duda. Pongamos una guinda más, a este contexto: con Puigdemont regresado a su país.
La cuenta atrás se iniciaría, pues, en un momento de negociación, pero también de advertencia seria: si es necesario volver a hacerlo, volveremos a hacerlo y tendremos muchas más garantías legales y políticas que entonces. Mucha más legitimidad de cara al exterior, de cara a los mediadores, de cara a posibles aliados. Y también mucha más inmunidad general (no solo la de los políticos) de cara a posibles movilizaciones, aunque esto en efecto sería aún perfeccionable en muchos sentidos. Dicho de otra forma: ahora mismo, queda claro que convocar un referéndum unilateral no es delito (ni lo era en 2017) y que declarar la independencia tampoco (ni lo ha sido nunca), pero sobre todo debe quedar claro si España tiene ganas de resolver su problema o no. Un problema que no es de convivencia, ni de concordia, ni de pacificación y reconciliación, sino un problema estructural que si no lo resuelven se acabará resolviendo él mismo. Como ha dicho el propio Puigdemont, él no puede renunciar a la unilateralidad porque la unilateralidad no le corresponde a él, sino al pueblo, y, por tanto, ni él ni yo ni la Maria de les Trenes podemos renunciar a él en nombre de todos.
Esta es la decisión política que debe tomar ya no el presidente Puigdemont, sino el independentismo en general: ganar las elecciones para hacer qué, y contemplar todos los árboles de posibilidades. En España, la opinión pública está horrorizada del panorama que puede abrir este eventual regreso. Sin embargo, cualquier decisión que se tome debe ir pensada de acuerdo con la manera más eficaz para resolver el conflicto a favor de Cataluña. ¿Venir? ¿No venir? ¿Transformar las elecciones en un plebiscito? Lo que sea, pero que sea para agitar el tablero de una vez. Para tener una mayoría independentista y no avanzar, ya hemos sufrido esta legislatura.