Las euroórdenes activadas por España, las detenciones, las amenazas de penas de prisión severas y la prolongación de la prisión preventiva de los diputados electos de Catalunya indican que España ha abandonado la posibilidad de abordar la crisis catalana, que es eminentemente política, por medios políticos. España ha elegido un camino de violencia y represión en un intento de evitar que los catalanes decidan políticamente su futuro. Su intento de traspasar la compleja cuestión política al campo del derecho penal, desafortunadamente, conduce necesariamente a violaciones flagrantes de las libertades políticas e interfiere con la dignidad de los catalanes, que también son ciudadanos de la UE.
Como resultado de su acuerdo de cooperación en materia penal, los estados de la UE ja se han convertido en un instrumento en la persecución española de consideraciones políticas legítimas y sus instituciones. Así, la crisis en Catalunya, con la detención del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, está alcanzando dimensiones aún más preocupantes. El silencio mantenido por la UE es, por tanto, confuso. El temor a posibles ambiciones políticas similares en diferentes partes de Europa no puede ser un motivo para esta actitud ciega, y menos aún para aceptar las prácticas antidemocráticas de un gobierno.
El miedo no es un buen consejero. La UE necesita la reputación y la confianza de los europeos para no desviarse de sus fundamentos y valores democráticos. Es por eso que ya es hora de que la UE haga un llamamiento al gobierno español para que resuelva el problema de Catalunya a través del diálogo y los medios democráticos y políticos. Al fin y al cabo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aboga por la libertad de pensamiento y expresión, cumplirá 70 años en diciembre de este año.
Milan Kučan fue el primer presidente de Eslovenia (1991-2002)