La publicación este pasado lunes de la balanza fiscal de Catalunya con el sector público central no ha fallado a su cita anual. Hace un año, en estas mismas fechas, se aportaron los datos relativos al año 2019 y ahora se han aportado los de 2020 y 2021. Las cifras de la balanza confirman lo de siempre, pero agravado.
Recordemos que el ejercicio mide la aportación de dinero por parte catalana al estado español y el gasto que hace el Estado en Catalunya. El cálculo, elaborado por el Departament d’Economia i Hisenda, sigue una metodología diseñada y contrastada por economistas expertos desde hace muchos años, con la circunstancia de que el Estado cada vez da menos información territorializada. Eso quiere decir tener que calcular algunas partidas en base a informaciones que antes se disponían y hacer algunos supuestos. Sin embargo, gran parte de la información (un 80%) viene territorializada, de manera que el resultado se puede decir que es altamente fiable y que se corresponde con la realidad.
Los datos resultantes del ejercicio ponen de relieve un déficit de 20.772 millones de euros en 2020 y de 21.982 millones en 2021. Para tener una referencia en torno a lo que significan estas cifras con tantos ceros, se suele relacionar con el PIB (suma de todo lo que ha producido el país en un año determinado), dando en este caso que el déficit fiscal equivalió a un 9,8% del total producido en Catalunya en 2020 y un 9,6% en 2021. Como desde 1986 la media de déficit es del 8,2%, quiere decir que en estos últimos dos años estamos con un déficit prácticamente del 20% superior al histórico.
El espolio fiscal se perpetúa, aparte de por nuestra debilidad política, por el hecho de que el país tiene un mínimo de necesidades básicas cubiertas que socialmente se aceptan como normales, sin considerar que las podríamos tener mucho mejor cubiertas
Otra referencia más próxima y fácil de entender es relacionar el déficit con la población, qué le toca por término medio a cada catalán por el hecho de vivir en un país que aporta mucho más al Estado de lo que este le devuelve. Las cifras del 2020 y el 2021 nos vienen a decir que cada catalán recibe anualmente del Estado 2.750 euros de menos de los que ha pagado. Este dinero no lo tendría en el bolsillo, sino que se beneficiaría con mejores servicios educativos, sanitarios, de transporte público, etc. o con mejores infraestructuras.
De la relación económica del Estado con Catalunya con respecto al gasto, resulta significativo distinguir entre aquello que es obligatorio (como las pensiones, que se tienen que pagar se quiera o no se quiera, sin distinguir territorios) de lo que son gastos discrecionales (que son facultativos de quien tiene el dinero). Pues del total de los gastos medios del Estado el 2020 y 2021 en Catalunya, que fueron de 52.500 millones de euros, 38.500 (un 73%) corresponden a prestaciones de la Seguridad Social. Aquí el Estado (por suerte para Catalunya) no tiene ningún margen de maniobra. Donde sí que tiene es en el gasto del 27% restante, y aquí es donde se genera gran parte del maltrato económico que recibimos. Menos mal que el gobierno del Estado en estos años era un gobierno amigo de los catalanes, que si llega a ser enemigo...
La actualización de la balanza fiscal viene a confirmar lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo dice y quien tiene el poder de cambiarlo no hace caso alguno. Véase, si no, la revisión del sistema de financiación, caducado desde hace cerca de 10 años. Con la situación que se nos describe en el documento del Departament d’Economia llueve sobre mojado. Podríamos desahogarnos en los motivos que ayudan a explicar el trato que recibimos por parte del Estado, diciendo que responde a una relación extractiva, a la presión política de las regiones más pobres, a la voluntad de redistribuir, a la complicidad de los políticos catalanes de los partidos que mandan en Madrid, a la animosidad en contra de Catalunya, a la conformidad de los agentes sociales (patronales y sindicatos), a la impotencia de los partidos catalanes ante el monopolio de la fuerza (legal, judicial y de seguridad) por parte del Estado, y otros. Todo esto ha sido dicho infinidad de veces y es bueno recordarlo. El hecho es que estamos donde estamos, y estamos instalados aquí de manera estable.
Estos más 5.000 euros que cada catalán ha dejado de percibir entre 2020 y 2021 (como hemos dicho, sobre todo con servicios públicos) son difíciles de percibir de manera individual en nuestra vida cotidiana. Quizás por eso no hay ninguna rebelión general. En el fondo, el espolio fiscal se perpetúa, aparte de por nuestra debilidad política, por el hecho de que el país tiene un mínimo de necesidades básicas cubiertas que socialmente se aceptan como normales, sin considerar que las podríamos tener mucho mejor cubiertas. Por ejemplo, con menos alumnos por aula, con menos lista de espera en las operaciones, con un sistema de cercanías moderno, con mejores servicios en los pueblos pequeños, y mil otros ejemplos.
Y en realidad, en Madrid les importa un rábano la mejora de servicios (y en definitiva del bienestar) a unos catalanes tan productivos como conformistas. Por las buenas...