Tenía previsto, esta semana, escribir sobre vivienda, pero no me saco de la cabeza una frase que dijo Marta Rovira en Catalunya Ràdio el pasado jueves. "El president Carles Puigdemont no debería dejarse detener". Quedé estupefacto. La secretaria general de ERC añadía que “si debe haber una detención, si debe haber más represión política, esto siempre debe tener un beneficio hacia el movimiento independentista, un beneficio hacia el país. Debe tener un sentido político. Tiene que haber un acuerdo, un consenso mayoritario en torno a esto”. Es muy significativo todo lo que dijo y me dejó muy preocupado, como a mucha gente. Por eso he cambiado el tema del artículo (ya hablaré de vivienda en las próximas semanas) y me gustaría hacer cuatro comentarios al respecto.
La primera consideración es que ni los independentistas ni los unionistas demócratas podemos dar por sentado, de ninguna manera, que el president Puigdemont ni ningún otro exiliado pueda ser detenido si regresa a nuestro país. Como demócratas, debemos partir de la base de que la ley de amnistía está en vigor, a pesar de los intentos de algunos jueces de querérsela saltar, especialmente en los casos de “caza mayor”, que son los magistrados del Tribunal Supremo. El Estado profundo sí puede soñar con la detención de Puigdemont, y excitarse incluso con esta idea, pero los demócratas, y más aún los independentistas, no podemos darlo por bueno, en ningún caso. No estoy diciendo que no le detendrán si regresa; digo que no podemos dar la detención por sentada ni como algo inevitable. La ley de amnistía es un triunfo conjunto de los partidos independentistas y ha costado mucho conseguirla; por lo tanto, los mismos partidos que la han negociado no pueden ser los primeros en dudar de su eficacia.
Los mismos que le piden que “no se deje detener” serían los primeros en acusarle de mentiroso si el president no volviera a Catalunya
La segunda consideración radica en la frase de Marta Rovira, cuando decía que “debe haber un consenso mayoritario en torno a esto”, en referencia al regreso de Carles Puigdemont y su hipotética detención. Creo que, precisamente, la vuelta del president tiene un consenso muy amplio dentro del movimiento independentista. Están a favor la mayoría de partidos y entidades soberanistas, y seguramente también la inmensa mayoría de votantes del 1 de octubre, aunque su vuelta comporte un riesgo de ser detenido. Sin embargo, aunque no fuera el caso, no sería relevante. A finales del año 2017 se acordó que irse al exilio o someterse a los tribunales españoles fuera una decisión individual de cada uno. No hubo ningún consenso mayoritario en un sentido u otro, y por eso unos se quedaron y otros se fueron. Cuando Marta Rovira, muy hábilmente y con gran audacia, plantó al Tribunal Supremo y se marchó a Suiza, no consensuó con los demás partidos y entidades su decisión. Y no debía hacerlo, por supuesto. Era una decisión suya que le afectaba solo a ella y a su partido. E hizo lo correcto, por cierto.
La tercera consideración responde a las pasiones más bajas que tenemos todas las personas. No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, de que los mismos que piden ahora a Carles Puigdemont que “no se deje detener” serían los primeros en rasgarse las vestiduras y acusarle de mentiroso si el president no volviera a Catalunya, tal y como prometió durante la última campaña electoral. ¿Puede ERC garantizar que si el president decide no volver para "no hacerse detener" todos sus militantes aplaudirán la decisión y no le recriminarán nada? Todos sabemos ya la respuesta y, por lo tanto, no hace falta escribirla.
Hago una cuarta y última consideración, que no por ser la última es la menos importante. De puertas afuera, a ojos de los tribunales españoles y sus mecanismos, no es bueno que el movimiento independentista exhiba no solo diferencias, sino discrepancias de esa magnitud. Puertas afuera, la unidad estratégica debería ser granítica, y si no lo es, al menos que lo parezca. Los romanos, que lo inventaron todo, también lo verbalizaron: divide et impera.