Esta semana, Junts y PSOE han registrado conjuntamente en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley orgánica mediante la cual se delegan competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya. Es muy probable que usted se haya enterado de la noticia, pero desconozca la cobertura legal que la sustenta, y lo que es todavía más importante: en qué consiste. 

Seguramente sí haya escuchado que se trata de una medida inconstitucional (es lo que ha dicho el PP por todas partes), y racista (algo que han afirmado desde Podemos hasta Emiliano Garcia Page). Y lo cierto es que, de momento, afirmar semejantes cosas no tiene sustento como para decir que sea cierto. Podría decir eso que tanto le gusta a algunos: que es un bulo. Pero siempre es mejor argumentar, presentar datos, pruebas y hechos, y dejar el espacio para que cada cual saque sus conclusiones. 

Respecto a la acusación de “inconstitucionalidad”, lo cierto es que es una opinión muy respetable del PP, pero hasta ahora, el Tribunal Constitucional no ha tenido ninguna oportunidad para sentar cátedra al respecto. Deberá tener un “debate inédito” al respecto, según ha explicado Europa Press esta semana. Ya veremos qué opina el Tribunal Constitucional cuando responda a Murcia, que ha anunciado ya que recurrirá la propuesta de ley cuando sea aprobada y se pueda analizar detenidamente. O sea, que de momento reconoce que no se ha analizado como se debiera, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad, el señor Ortuño, de hacer ruido. Lo que sí ha sucedido en Murcia esta semana es que el PP se ha juntado con Vox para aprobar una moción mediante la cual se decide devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen. En este caso, lo que se le exige al gobierno estatal del PSOE es que dote de recursos necesarios a la comunidad para que puedan hacer este tipo de operaciones. Aquí fue Elma Saiz la que acusó a los murcianos de estar “rozando la xenofobia”, ante lo que Ortuño respondió que se preocupan porque las familias no se rompan y por eso quieren que los menores regresen con ellas. 

También se ha dicho que la Constitución no prevé la posibilidad de acordar lo que Junts y PSOE han presentado. Cabría una lectura del artículo 149 de la Carta Magna, donde se detallan las competencias exclusivas a nivel estatal del gobierno y, a continuación, pasarse por el 150.2, donde se explica que precisamente las competencias del Estado se podrán transferir o delegar a las comunidades autónomas. Se refiere a aquellas que, por su propia naturaleza, sean “susceptibles de transferencia o delegación”. Quien quiera entenderlo en un sentido, puede hacerlo. Pero quien quiera entenderlo en el contrario, también. Y por eso, se supone, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse en algún momento. En mi opinión, lo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad en este caso, dependerá del contexto y de lo que realmente se pretenda abarcar con ello, es decir, que si es un precedente que no solamente opera para Catalunya (como seguramente así sea), hay posibilidades de que se aborde en positivo, es decir, permitiéndose que se deleguen competencias a nivel regional para poder resolver cuestiones específicas de la realidad del heterogéneo territorio. 

Dicho de otro modo: es lógico pensar que las necesidades que puedan tener la Región de Murcia, Catalunya, Canarias o Andalucía en materia de inmigración irregular, no serán ni parecidas a las que tenga la tierra que gobierna Page. Y por ello, cabe entender que se puedan dotar de mayor capacidad de gestión ante un asunto como este a los territorios que lo soliciten. No debo ir muy desencaminada, pues según titulaba El País esta misma semana, “El pacto de PSOE y Junts impulsa el reparto de menores migrantes desde Canarias”.

Sigamos avanzando. Porque los detalles siguen siendo fundamentales: La Generalitat de Catalunya asumirá buena parte de la gestión y burocracia que hasta ahora ejercían diferentes organismos del Estado, pero no podrá cambiar la política migratoria, dado que tendrá que cumplir con la legislación nacional (El Diario). Bastaría ya con conocer esto, es decir, que se actuará siempre bajo el manto de la ley, como para desterrar los argumentos esgrimidos por Podemos y Page sobre “racismo”. 

No es una cuestión racista, ni mucho menos con tintes xenófobos. Es una cuestión que plantea muchísimas necesidades y que la actuación que se haga por parte de las administraciones sea eficaz, eficiente y justa. Es imprescindible dotar de medios y recursos a quienes tienen que abordarlo en primera instancia

¿En qué consistirán, por lo tanto, las competencias que de momento se atribuyen en la propuesta para Catalunya? Aunque siempre es mejor leer la fuente directa, es decir, el texto original presentado ante el Congreso, se pueden apuntar algunas cuestiones: 

  • Catalunya será la encargada de expedir el documento de identidad para extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. Figurará como “ventanilla única” en el territorio para las autorizaciones de estancia de corta duración, residencia temporal y de larga duración. 
  • Los Mossos d’Esquadra se suman a la gestión de la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas, colaborando así con Policía Nacional y Guardia Civil. Para ello, el gobierno del Estado se compromete a dotar de recursos que permitan sumar a más Mossos, alcanzando un aumento de 26.800 agentes.
  • Catalunya será quien gestione las devoluciones de los extranjeros que tengan la entrada al territorio prohibida. 
  • Catalunya asumirá competencia sancionadora en los procedimientos administrativos (incluyéndose la resolución y la ejecución). Esto significará que podrá instruir y ejecutar de manera directa las expulsiones que no necesiten expediente, y para las que requieran expediente, podrá resolver y ejecutar con la propuesta que se formule desde la Generalitat. 
  • Catalunya gestionará directamente los Centros de Internamiento de Extranjeros. 
  • Para las contrataciones en origen, Catalunya será quien determine, junto a sindicatos y empresas, los perfiles requeridos, el número de trabajadores necesarios. 
  • Los Mossos asumen la competencia para la prevención, la persecución, la protección y la asistencia a las víctimas de trata de blancas y explotación de seres humanos

La inmigración es actualmente un enorme reto para España, pero también para la Unión Europea. No es una cuestión racista, ni mucho menos con tintes xenófobos. Es una cuestión que plantea muchísimas necesidades y sobre todo, que la actuación que se haga por parte de las administraciones sea eficaz, eficiente y justa. Para ello, es imprescindible dotar de medios y recursos a quienes tienen que abordarlo en primera instancia, es decir, los territorios que se encuentran desbordados por la llegada masiva de personas provenientes de terceros países. Un problema real que afecta especialmente a territorios fronterizos, como Catalunya, València, Murcia, Andalucía o Canarias, entre otros. 

Es evidente que lo que ha fastidiado aquí no es el asunto competencial. Sobre todo porque se ha obviado en casi todas partes el hecho de que quien gobierna actualmente la Generalitat es el PSC y no Junts, por lo que quien va a desarrollar todo esto en la práctica será el gobierno de Salvador Illa, compañero de Sánchez (y de Emiliano también). 

Es evidente también que al PP la inmigración le preocupa. Y a Vox le preocupa más. Pero lo que les chirría es que los terribles independentistas puedan estar haciendo negociaciones. Unas negociaciones que desde PP y Vox se consideran algo parecido a socavar la soberanía nacional, romper España y cosas por el estilo. Yo me pregunto si no es mucho más preocupante tener territorios desbordados de inmigración irregular, con una administración colapsada y con una falta evidente de recursos que permita resolver este creciente problema de manera eficaz, eficiente y justa (repito). 

Todos queremos que se respete a las personas. Y para ello es imprescindible poder asegurar que quien viene a ganarse la vida, a tener oportunidades mejores que en su lugar de origen, tenga una serie de garantías. De la misma manera, quien viene por otras razones, que no son precisamente buenas ni positivas, deberá ser detectado de manera inmediata y garantizar la seguridad de todos. Esto no significa criminalizar a todos los que llegan, como tampoco debería caerse en el absurdo de obviar las mafias, la delincuencia y la peligrosidad que supone no establecer controles rigurosos. 

Ser una administración ágil, que responda de manera inmediata y que facilite lo máximo el desarrollo de respuestas en todos los territorios debería ser algo por lo que todos deberíamos pelear. Sobre todo en una Administración cada vez más lenta, más burocratizada, que parece no tener fin a la hora de gastar dinero, pero que responde con muy pocas garantías a la ciudadanía. Particularmente prefiero que se sellen este tipo de pactos, ya sea con Catalunya, con Canarias o con Galicia, a dejar que los procesos se eternicen, con las consecuencias tan negativas que para todos esto supone. 

El problema que yo observo es que tenemos una clase política que tiene pánico a los acuerdos, al reconocimiento del otro. Porque, precisamente, la diferencia, la bronca, es lo que sustenta su forma de pescar votos y mantenerse en el sillón. Sin embargo, a veces los argumentos son pobres, incoherentes y sin sentido. Y oponerse a la delegación de competencias para casos como este, en mi opinión, es absurdo y negativo para el beneficio del conjunto del Estado.