De todo lo discutible sobre la absolución de Dani Alves y sus interpretaciones hay un daño irreparable que se remonta a la sentencia de La Manada. La polarización ideológica y partidista de las agresiones sexuales oculta el verdadero debate. Los obstáculos de las mujeres para denunciar y la dificultad de la Justicia para abordar las agresiones sexuales. Los datos apuntan a que los tribunales no son el sitio más eficaz para conseguir reparación. Cada 14 minutos hay un atestado por violación en España, solo se denuncian 8 de cada 10 agresiones y 1 de cada 10 acaba en condena. El número de denuncias, la razón por la que se recurre tan poco a la vía judicial, es proporcional a las condenas. 

La realidad demuestra cómo la violencia sexual es difícil de instruir y de probar. En este escenario, hay quien banaliza las sentencias y olvida que detrás hay una víctima. Y hay quien prefiere poner a Irene Montero o a una ministra del Gobierno en una diana antes de hablar de la inseguridad de las cifras. O quien generaliza con la cultura de la violación de los hombres poniendo una diana similar que tapa el fracaso judicial y un debate que necesita conciencia y consenso social. No es casualidad que justo a un mes de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las Cortes, a la primera de cambio salte por los aires y se reedite el PP contra PSOE (VOX no lo firmó). 

Es lógico que la sentencia de Alves genere frustración. Con el mismo relato, hay una primera instancia que ve justos cuatro años de cárcel y una sala de apelaciones donde tres magistradas y un juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya lo absuelven. Lo hacen con los mismos hechos y evaluación de la prueba. Hay tres actos en la secuencia del crimen. Antes de entrar al baño, dentro y después. En el acto primero —la fiesta en la sala VIP del Sutton— los jueces ven contradicciones en cómo ocurrió basadas en la actitud (sic) de la joven y su declaración. En el después, no hay ninguna contradicción en su actitud. Pero las primeras supuestas contradicciones, según la sala, no hacen “fiable” todo lo demás. La chica salió llorando, cumplió con el protocolo, testificaron los Mossos, el personal de la discoteca, las amigas, acudió directamente al Hospital Clínic, el informe clínico certificó heridas y moratones en las rodillas y un cuadro ansioso que duró hasta la celebración del juicio. Fue la víctima perfecta cumpliendo el protocolo.

La polarización ideológica y partidista de las agresiones sexuales oculta el verdadero debate. Los obstáculos de las mujeres para denunciar y la dificultad de la Justicia para abordar las agresiones sexuales

Lo que fue suficiente para condenar, lo es también para absolver. La primera y la segunda sentencia están bien fundamentadas y a la vez tienen debilidades. El testimonio de la víctima no es “fiable” para los jueces y, por tanto, es insuficiente. Más allá de las consideraciones jurídicas, con este último fallo es fácil que las víctimas se lo piensen más al denunciar y los agresores menos. 

Así que está el debate en torno a la sentencia del TSJC, la realidad casuística que confirma un espacio de impunidad y la polémica política. La vicepresidenta María Jesús Montero cometió un error cuestionando la presunción de inocencia (la abolió, directamente) y otro no corrigiendo la declaración al minuto. Se puede proteger esa presunción y también creer a la víctima. De nuevo, una declaración inasumible en un Estado de derecho, lo ha tapado todo. No sabemos si Alves es culpable o no, pero sí que el machismo ha jaleado la sentencia por todas las vías posibles. El desempate jurídico lo hará el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la complejidad probatoria de la violencia sexual, qué hacemos con la educación sexual de los hombres (un 97% de las agresiones las cometen ellos), la dificultad de las mujeres para alzar la voz y el alto precio que pagan cuando lo hacen siguen ocupando muy espacio del debate público.

El caso de Dani Alves no sirve para cargar contra la ley del "solo sí es sí". Sirve en todo caso para reafirmar que el eslogan es válido y necesario. Se seguirá discutiendo sobre el contenido de ambas sentencias, pero es necesario ahondar en la cultura del consentimiento. Los expertos señalan que muchos jóvenes y menores cometen agresiones sexuales sin ser conscientes de la violencia que ejercen, ni vivirlas como tal. Y muchos se sienten agredidos por el feminismo, como si la falta de consentimiento fuera un privilegio a conservar. Son demasiados debates a la vez y todos sobre lo mismo. Una vez Montero ha rectificado, el de menos calado es su patinazo.