Entramos sin mucho descanso al 2023. La guerra de Ucrania no tiene un final tangible, la inflación cumple la teoría del ‘cohete y la pluma’ y la carrera acelerada de dos ciclos electorales en uno convulsiona el calendario político. La "crisis de las democracias" tan referenciada por los demócratas norteamericanos empieza a notarse con demasiada nitidez en la política nacional, simulando esa Gran Recesión que tardó en llegar y después nos hicimos un máster. La oposición ha decidido enterrar la economía como debate, al menos mientras vaya bien. No habla de modelo fiscal o productivo y apuesta por el nacionalismo del ‘España se rompe’ que tanto unifica a la derecha política y judicial. Si en este contexto, la economía empeora, quedarán pocos resortes para el pacto social. 

Hemos llegado al punto donde nadie puede gritar mucho más fuerte. El diagnóstico está hecho. La colisión frontal de instituciones ha podido ser mortal. Las consecuencias de cuatro años de bloqueo del PP para renovar el Poder Judicial se han materializado con crudeza. Los efectos del Tribunal Constitucional de no dar a conocer los argumentos para frenar la reforma de su propia renovación han superado al EEjecutivo. A las irregularidades en la forma legal elegida por Sánchez, se han sumado, según denuncian magistrados progresistas, las del órgano de garantías. Donde había que poner sentido común, los jueces conservadores han puesto velocidad en ver quién puede más. 

Por más equidistancia que se ponga, el acelerador de este guerracivilismo posmoderno, de unos ciclos electorales existenciales donde cada comicio parece un juego a todo o nada, tiene su acelerador en la derecha. El cierre de año coincide con el último de la legislatura. Y todo empezó como va a terminar. El 7 de enero de 2020, día de la investidura de Pedro Sánchez, VOX dejó en la tribuna del Congreso la misma semilla antipolítica que vimos implosionar en el Capitolio un año después, el 6 de enero de 2021. El ‘Gobierno ilegítimo’ proclamado por Santiago Abascal es la réplica de las “Elecciones amañadas” de Donald Trump. Se ha comparado muchas veces a VOX y las formas de Isabel Díaz Ayuso con el trumpismo. Razones hay y pasan por una peligrosa narrativa que comparten la ultraderecha y el PP, en su escala de grises, jaleada por sus seguidores en medios afines y redes sociales.

Hay una oposición interesada en acusar a Sánchez de tres ‘absolutismos’. Un presidente ‘okupa’ de la Justicia, cuando lleva cuatro años bloqueada por el PP y ahora los jueces conservadores, los mismos que colocó la mayoría absoluta de Rajoy en 2011. Hay un segundo mantra, este de Alberto Núñez Feijóo: con este PSOE no. Como si la democracia no fuera reconocer a los candidatos electos por la militancia y las urnas. Y un tercero. El mantra de un presidente en busca de poderes absolutos, que desintegra al Estado para su beneficio. Al menos para los partidos de gobierno, horas después del mensaje de Felipe VI, abordar el presente político debería pasar por desterrar las exageraciones. Con estas comparaciones, el PP degrada la imagen del país más que a Sánchez. Porque la realidad es un PSOE con 120 diputados que necesita acuerdos multipartido para sacar adelante cualquier ley. Consiguió aprobar 17 la semana pasada. La Hungría de Orbán no es la España de Sánchez. 

Tanto es así, que Pedro Sánchez llega al discurso de cierre del año negociando el tercer paquete de ayudas antiinflación hasta última hora. Con una apuesta por mantener parte de las ayudas al transporte y abordar los alimentos, donde la inflación hace más daño. Cheques directos a las familias o tocar el IVA de algunos productos básicos, entre otras medidas. Las posturas del PSOE y de UP vuelven a chocar en vivienda, el caballo de batalla de ambos partidos desde el inicio de la legislatura. Esta vez ha pasado por la petición de congelar las cuotas hipotecarias de tipo variable durante un año o al menos prorrogar el tope de la subida máxima del 2% de los alquileres. Unas propuestas que mandaron hace dos semanas.

El choque anticipa las negociaciones pendientes para el próximo año. La normativa donde más presiones hay y que más afecta a los votantes de ambos partidos. El decreto anticrisis anterior se cerró a última hora por lo mismo. En los Presupuestos Generales de 2021, primera foto de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, también confrontaron por la vivienda. En los presupuestos de 2022 quedó fuera y aunque la mesa de negociación se ha vuelto a reactivar, el decreto de hoy es un anticipo de los próximos trámites.

El pleno extraordinario de enero servirá para aprobar el paquete de ayudas, pero quedan la Ley de Vivienda —norma estrella de la coalición— y la ley mordaza. Esta última paralizada por la presión de los sindicatos y asociaciones policiales que amagan con movilizaciones. La Ley de Seguridad Ciudadana no solo es una promesa conjunta, lo fue del PSOE desde que el PP cambió el Código Penal en 2015.

Y en este contexto, veremos qué tipo de oposición llega al próximo curso. En Estados Unidos, escribía el escritor Adam Shalz en London Review of Books, “en el futuro inmediato y previsible, la política electoral será una continuación de la guerra por otros medios”. Si los mensajes incendiarios de Trump nos recuerdan tanto a lo que hemos escuchado últimamente, si el año ha acabado con esa colisión frontal de instituciones, estaría bien que algunos calibraran hasta dónde se quiere llevar esa guerra.