Los derechos de los ciudadanos no pueden ir cambiando según torna el viento; los derechos políticos no deben depender de la oportunidad de la opinión pública, ni del azar de la ley de la necesidad que llamamos, según como, gobernación, legislación o fallo judicial. No pueden mariposear según el capricho de la actualidad informativa. Algunas personas hemos llegado a la conclusión de que, en una democracia decente y arregladita, el cambio político es un valor firme que debe preservarse siempre. O lo que es lo mismo: que se debe combatir el inmovilismo impulsando la transformación social con entusiasmo, favoreciendo la progreso, la mejora, la prospección de nuevos horizontes como la sociedad dinámica, abierta y plenamente regenerada que decimos que somos, con una falta de prudencia evidente. Pero de la misma manera que nuestra sociedad nada sería sin espíritu de superación, tampoco llegaremos a ninguna parte sin preservar con solidez un puñado de elementos, si no otorgamos estabilidad a una pequeña cantidad de valores que complementen y contrapesen nuestra vital sed de innovaciones. Tales como los derechos humanos. Tales como el fomento de la participación política. Tales como la inmunidad parlamentaria.

La inmunidad parlamentaria no es ningún privilegio y sirve, esencialmente, para que la mayoría política no aplaste a la minoría, para que las opciones políticas no mayoritarias puedan tener voz y voto y no acaben perseguidas. Para que la democracia se nutra realmente con gran riqueza de diversidad política y, así, la mayoría nunca pueda ser confundida con toda una sociedad. Y es que el totalitarismo al fin y al cabo es eso, llegar a pensar que la unanimidad de una única sociedad piensa exactamente igual. Un diputado europeo, por ejemplo, elegido por sufragio universal, representa a toda la Unión Europea y no sólo a sus electores. Y un diputado español, por ejemplo, representa a todo el Estado Español, con el mismo derecho un diputado del PSOE que un diputado independentista, los dos lo mismo. El del PSOE tiene derecho a gobernar porque, por ejemplo, tendrá la mayoría política, es así, pero nunca representará al conjunto del parlamento español, sólo representará al gobierno. Y el gobierno, si es auténticamente democrático, debe aceptar que las minorías políticas, las minorías nacionales, deben poder hacer política —y no sólo hablar, porque limitarse a charlar no es hacer política— sin ser perseguidas. Por eso los diputados de las diversas minorías deben ser inviolables, protegidos, de manera permanente, por los poderes públicos. Nunca deben ser perseguidos por hacer política. Aún menos en sistemas parlamentarios como el español y el catalán que, a diferencia del británico, están pensados para favorecer a las mayorías de la cámara respetando la representatividad de las minorías políticas en las diferentes circunscripciones electorales.

La inmunidad parlamentaria no es ningún privilegio y sirve, esencialmente, para que la mayoría política no aplaste a la minoría

Promover la independencia de un territorio no es ilegal según el código penal español y, aún menos, si el independentismo es mayoritario en el territorio que se quiere independizar. Un hipotético Parlament de una Catalunya independiente y soberana, si es auténticamente democrático, nunca podrá anular la inviolabilidad de, por ejemplo, los diputados de Vox. Porque una Catalunya Libre debe permitir que los enemigos de la nación también puedan hacer política parlamentaria si tienen los votos suficientes. Y porque las voces discordantes de la minoría de Vox, en definitiva, son una garantía. Confirman la legitimidad democrática de la mayoría independentista y progresista del legislativo catalán. Así son las reglas del juego.

Dicho lo cual... En todo el conjunto del pensamiento político y jurídico occidental no existe ninguna explicación teórica que justifique la suspensión de la inviolabilidad parlamentaria de un diputado. Que pague las multas de tráfico no es una razón convincente. Sobre todo porque a los diputados no se les suele perseguir por ese tipo  de infracciones. Este es exactamente el gran, inmenso, error que acaba de cometer el Parlamento Europeo con los diputados Puigdemont, Comín y Ponsatí. La inviolabilidad parlamentaria nunca puede quedar a merced de la siempre cambiante mayoría de unos diputados. Es una cuestión de principios, de valores. En la inviolabilidad parlamentaria, como en la pena de muerte, o en el derecho al aborto, o se cree o no se cree, pero no puede adaptarse a conveniencia del politiqueo nuestro de cada día. Pasa exactamente lo mismo que con la inviolabilidad del jefe de Estado. Pongamos por caso el presidente de la República Francesa. Jurídicamente podemos estar a favor o en contra de la inmunidad presidencial. Con total legitimidad podemos defender una de las dos opciones pero, da un poco de risa que la mayoría simple de los diputados de la Asamblea Nacional puedan revisar a voluntad, otorgar o suprimir, un derecho que se supone indispensable para la tarea política para la que ha sido elegida una determinada persona. ¿En nombre de qué estúpida idea los diputados de la mayoría contra Puigdemont, Comín y Ponsatí acaban de eliminado la inviolabilidad a unos diputados que tienen los mismos derechos y obligaciones que sus compañeros? ¿A cambio de qué mercadeo impronunciable? Al menos los enloquecidos españolistas lo hacen para preservar la santa unidad de España. Pero los diputados alemanes de la CDU y del SPD ¿se dan cuenta de lo que han hecho? ¿Están enmendando la resolución judicial del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, de las cortes belga y escocesa pensando que así evitarán la desintegración de España?