Es momento de intentar hacer cosas diferentes o hacerlas de manera diferente. Estamos a punto de empezar una nueva legislatura y el escenario se presenta complicado. La represión se acentúa. Y no es "sólo" que se mantenga duramente encarceladas a las personas que lideraron el 1 de octubre del 2017, que tengamos casi tres mil represaliadas y encausadas, o que la calle estalle en disturbios por el escándalo de silenciar y encarcelar al rapero Hasél. El Tribunal Constitucional, el Supremo y la Fiscalía tienen ya diseñada la vía con el fin de impedir al propio Parlament de Catalunya cualquier debate o pronunciamiento sobre referéndum, autodeterminación, monarquía o proceso constituyente de la República catalana, o cualquier otro tema que se parezca. La última prueba la hemos tenido justo después de las elecciones, con la querella presentada por la Fiscalía contra la Mesa del Parlament por dejar votar en el pleno resoluciones con algunos de estos contenidos. El Parlamento Europeo, con la reciente retirada de la inmunidad a los eurodiputados exiliados Puigdemont, Ponsatí y Comín, tampoco ayuda.
Así, a pesar de que la mayoría de votantes de las últimas elecciones (52%) se han pronunciado a favor de partidos claramente independentistas, y que vuelve a haber mayoría absoluta de escaños independentistas en el Parlament, las fuerzas estatales están haciendo todo lo posible —e imposible— para que no exista debate público sobre la independencia de Catalunya, y tampoco sobre la monarquía, símbolo de la unidad española. Una vez colgada la etiqueta de "inconstitucional" a estos temas, no se puede hablar de ellos ni en el Congreso, como advirtió hace pocos días la vicepresidenta Calvo. En este contexto, ¿cómo pueden avanzar las propuestas independentistas de hacer un referéndum? Aparte de la movilización en la calle, imprescindible, quizás podríamos intentar luchar de algún otro modo, con sus propias armas, sabiendo, eso sí, lo que comporta y hasta dónde podemos llegar.
Hay una acción que nos permitiría debatir en el Parlament sobre la abolición de la monarquía y sobre el referéndum de autodeterminación sin ningún peligro de querellas, inhabilitaciones y prisiones. El modo que el mismo Tribunal Constitucional ha bendecido para hablar de estos temas: la propuesta de reforma de la Constitución española, que podría plantear el mismo Parlament de Catalunya en forma de proposición de ley de reforma constitucional, y que finalmente se enviaría al Congreso español.
Esta reforma de la Constitución española que podemos plantear ahora no es porque pensemos que la conseguiremos aprobar, es para poder hablar de todo en el Parlament, y que se hable de ello en el Congreso, y que el mundo vea hasta qué punto el estado español no quiere soluciones acordadas
Efectivamente, eso se puede hacer. Lo reconoce el artículo 166 de la Constitución por remisión al 87 de la misma. El Parlament puede proponer reformar cualquier parte de la Constitución. Incluida la abolición de la monarquía y la reforma del artículo 92 de la Constitución para incluir el referéndum de autodeterminación. Se podría también plantear la supresión del artículo 161.2 que prevé la suspensión automática de normas autonómicas impugnadas por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional, o la modificación del mismo sistema de reforma constitucional, para hacerlo más fácil.
Evidentemente, no se conseguiría la aprobación definitiva de esta reforma con la actual composición del Congreso. Está claro que no. Pero las fuerzas independentistas podrían exigir al actual Gobierno la admisión a trámite de esta proposición de reforma constitucional. Eso implicaría, no sólo un debate enorme y sin líneas rojas en el Parlament, sino también un gran debate y alboroto de meses (o años) en el Congreso, y en todo el estado español. Pensemos lo que supuso en abril del 2014 la defensa ante el Congreso de la proposición de ley de delegación de referéndum que hicieron Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera. Y sólo fue un debate y una votación donde se rechazó la admisión a trámite de la proposición.
La necesidad de apoyos del Gobierno por parte de grupos independentistas podría forzar que el Congreso por mayoría simple admitiera a trámite planteamientos como la abolición de la monarquía o el referéndum de autodeterminación. Al fin y al cabo, no se trataría más que de intentar resolver el problema que el referéndum haya sido y sea considerado hasta ahora "inconstitucional". Esta es la manera de resolver las cuestiones en las democracias avanzadas, y desde estas no se entiende, desde hace tiempo, que el Gobierno no plantee, él mismo, esta reforma constitucional. Sólo hay que recordar la indignación de Josep Borrell cuando en marzo del 2019 un periodista de la TV alemana Deutsche Welle News le preguntó precisamente eso: "¿Usted no quiere la reforma constitucional española? ¿Por qué no la quiere?".
Es cierto que nos gusta más hablar de nuestro propio proceso constituyente, el de la República catalana, que ponernos a pensar cómo reformar la española. Pero hay que recordar que la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, en el Parlament del 2016, acabó también con sentencia de inconstitucionalidad y subsiguiente querella cuando se aprobaron las conclusiones. Esta reforma de la Constitución española que podemos plantear ahora no es porque pensemos que la conseguiremos aprobar, es para poder hablar de todo en el Parlament, y que se hable de ello en el Congreso, y que el mundo vea hasta qué punto el estado español no quiere soluciones acordadas. Una vez hecho eso, y cuando ya se acabe esta legislatura que ahora empieza, quizás podremos estar en condiciones de habernos convencido a todos, y al mundo, de que las próximas elecciones tienen que ser plebiscitarias refrendarias y encarar definitivamente el último paso hacia la independencia.