Gracias a los impuestos generalistas que pagan personas y empresas (IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc.) el sector público puede prestar servicios como salud, educación o seguridad, y también hacer políticas de protección social, entre otras. Pero también existen otras formas de hacer políticas públicas, mucho más orientadas a objetivos concretos, ya sea a través de impuestos finalistas o a través de leyes. El listado que se podría hacer es larguísimo, y aún se podría enriquecer con casuística estatal, autonómica y local.

Últimamente, se han hecho contribuciones al conocimiento sobre la eficacia de algunas de estas políticas, que me ha parecido oportuno recoger en este artículo. Para empezar, tres medidas en el ámbito estatal vigentes y de notable alcance, y después, tres catalanas.

La primera es la rebaja del IVA de una selección de 16 productos alimenticios (algunos pasaron del 10% al 5%, y otros del 4% al 0%). Se hacía eco de ello anteayer en ON ECONOMIA Juan Ferrari, y nos venía a decir que el efecto de la reducción del impuesto sobre los precios de los alimentos intervenidos ha sido, literalmente, escaso. Lo detalla en su artículo.

También correspondiente a la administración central, sigue vigente la bonificación / gratuidad de los abonos del transporte público de Rodalies, Regionales, Media distancia y títulos integrados en el área de Barcelona. En este caso, un estudio de Albert Gragera y Mattia Borsati aplicado a los primeros meses durante los que se introdujeron dichos descuentos, puso de manifiesto que la medida no tuvo prácticamente ningún impacto sobre el uso del vehículo privado, no se movieron usuarios del coche hacia el transporte público. Esto no significa que no aumentara el número de usuarios del transporte público, por ejemplo, en colectivos más sensibles a la bonificación en los precios, como usuarios de bicicleta o personas que van a pie. Sobre Rodalies, el impacto de la medida fue negligible y sobre Media distancia (que tiene mucha menos importancia que Rodalies) aumentaron los usos. En la ciudad de Barcelona, solo un 1,2% de la población habría cambiado al transporte público y un 8%, que ya lo utilizaba, pasó a utilizarlo más. Sobre el volumen de tráfico en la ciudad, el impacto fue imperceptible.

En materia de eficacia de las políticas públicas finalistas, hay de todo

En tercer lugar, también en el ámbito del Estado, se acaba de hacer público un informe de la OCDE sobre el impacto de la histórica subida del SMI (salario mínimo interprofesional) de 2019. En su momento, patronales y Banco de España pusieron el grito en el cielo, vaticinando que este aumento podría tener efectos muy negativos sobre el mercado de trabajo. Pues resulta que no, que ha servido para aumentar los salarios más bajos y para reducir la desigualdad. El impacto sobre el empleo ha sido prácticamente nulo.

En el ámbito catalán, tres referencias. La primera es el impuesto sobre viviendas vacías, un tributo propio de la Generalitat, en vigor desde 2016, que grava la desocupación permanente de una vivienda durante más de dos años sin causa justificada. Pretende reducir el stock de viviendas fantasma y aumentar las de alquiler social. 2017 fue el año en el que la Generalitat ingresó más dinero (18,4 millones de euros), pero después ha ido disminuyendo hasta alcanzar, en 2023, una recaudación de solo 2,4 millones. En un trabajo reciente, Mireia Borrell y Federico Tedeschini ponen de relieve un efecto muy limitado del impuesto sobre el número de viviendas vacías en Catalunya. Aunque con limitaciones en cuanto a disposición de datos, los autores afirman que no se puede descartar que el impacto del impuesto haya sido nulo o muy bajo.

La segunda referencia catalana es el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno en la atmósfera producida por los aviones comerciales, otro tributo propio de la Generalitat, creado por ley en 2014, orientado a reducir el número de vuelos y a fomentar el uso de aviones menos contaminantes. La recaudación en el último año, en 2023, fue de 6,1 millones de euros, la más alta desde la creación del impuesto. Sin embargo, su aplicación no ha hecho reducir un tráfico aéreo que no ha parado de aumentar (con el paréntesis de la pandemia). En un trabajo de Valeria Bernardo, Xavier Fageda y Jordi Teixidó, se demuestra que el impuesto no ha tenido ningún efecto significativo ni sobre las emisiones de nitrógeno, ni ha hecho reducir el número de pasajeros, de vuelos y de asientos, ni tampoco sobre los tipos de avión.

El tercer impuesto es el de las de estancias en establecimientos turísticos, un tributo creado en 2012, y que en 2023, en Catalunya, generó unos ingresos de casi 90 millones de euros, el más alto en sus diez años de vida. Su introducción fue un acierto, a pesar de ser un impuesto finalista que destina sus ingresos a fomentar el turismo... Ahora, cuando tenemos cifras de récord histórico de visitantes y cuando prácticamente existe un consenso en el sentido de que estamos al límite de nuestra capacidad turística, los temores de aquellos que, en su momento, decían que haría disminuir el número de visitantes, no se han cumplido. Precisamente, estamos a las puertas de tener que plantearnos subir el impuesto y modificar su finalidad, para frenar una avalancha que se está volviendo indigestible.

En fin, como se puede ver, en materia de eficacia de las políticas públicas finalistas, hay de todo. Aprender para adaptarlas y mejorarlas.