En este país desorientado y sectarizado los hay que se pasan el día señalando a Twitter y el resto de especies del océano digital como un nido de desinformación, mentiras y falacias de todo tipo pero son los primeros en poner en marcha el tuiteador, como poseídos, cuando algún acontecimiento o revelación sacude la red como si hubiera caído en ella un atún de 300 kilos, y, de rebote, los "suyos" se quedan con el culo en el aire. Enseguida, la cuestión, el asunto feo, se convierte como por arte de magia en cosa de todos, con la consecuencia de que "los míos", como mucho, sólo han sido unos de los que pasaban por allí. Y si ellos no lo han visto, o, ui, han sido los primeros en abrir el grifo, tampoco lo han hecho los demás y quien día pasa, cesto llena. Más o menos, esta ha sido la reacción de ciertos entornos partidarios y mediáticos ante las revelaciones del diario Ara sobre las licencias por edad o prejubilaciones del 100% del sueldo y sin trabajar concedidas con total opacidad a altos funcionarios del Parlament desde el 2008 y que -recortadas de 5 a 3 años- la Mesa de la Cámara ratificó en diciembre pasado.

Sin embargo, ¿cómo es posible que haya sucedido? A la hora de determinar responsabilidades, la operación mal de muchos ganancia de listillos ha conseguido fijar el frame en la opinión pública que ningún responsable político o partido en concreto tiene la culpa. Pero fue bajo la presidencia de un político de ERC, Ernest Benach, en la época del primer tripartito de izquierdas, que se empezaron a dispensar los retiros de oro y es bajo la actual presidencia, al frente de la cual está la candidata de Junts a la Generalitat en las pasadas elecciones, Laura Borràs, que se abolirán si se cumple el último acuerdo de la Mesa del Parlament. Entre Benach y Borràs han pasado 18 años y una presidenta del Parlament de CiU -entonces dirigente de Unió- Núria de Gispert; una de Junts pel Sí -y miembro de ERC-, Carme Forcadell, y otro político de ERC, y actual conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent. Si bien ninguno de ellos hizo nada ante la escandalosa anomalía, tampoco es menos cierto que los que a menudo se presentan como el partido más honesto de Catalunya, ERC, los abanderados de las "manos limpias", han mirado hacia otro lado, o no han encontrado nada extraño, exactamente como aquellos, ayer los "convergentes", hoy los "juntaires", a los que a menudo señalan como corruptos. Y por descontado, además de presidentes y presidentas de ERC, CiU, Junts pel Sí y Junts per Catalunya, en el órgano de gobierno de la Cámara ha habido miembros de casi todos los partidos, desde Iniciativa per Catalunya a Ciudadanos pasando por el PSC y el PP, lo cual todavía agranda más el descomunal despropósito.

Del reparto solidario de responsabilidades tampoco se puede zafar el espacio de la izquierda alternativa -antes representado por Iniciativa por Catalunya y hoy por los comunes-, cuyos dirigentes se vanaglorian de actuar para cortar de cuajo cualquier posible caso de corrupción en sus filas, aunque, como se ha visto con la citación judicial a la alcaldesa Ada Colau, si conviene hagan papel mojado de su propio código ético sin ninguna manía. Con todo, el silencio más significativo sobre los privilegios salariales de los altos funcionarios del Parlament durante todos estos años es el de los partidos guardianes del sistema: el PSC, y, especialmente, el de los grandes escrutadores y fiscalizadores de las corruptelas de la autonomía, esto es, el PP y Ciudadanos. El escándalo de las jubilaciones doradas del Parlament evidencia los graves déficits democráticos, de control y transparencia, que reproduce el subsistema autonómico catalán desde hace 40 años, a imagen y semejanza del sistema político español y sus estructuras profundas, eso que se ha denominado el deep state.

Mientras el deep state español ha blindado a sangre y fuego la estructura del estado a costa de lo que hiciera falta durante los últimos 300 años y hasta hoy, nuestro deep state autonómico se conforma con jubilarse pronto con el 100% de la 'pagassa' que cobra cada mes

Como ha explicado el ex vicepresidente del Parlament Josep Costa (JxCat), quien asegura haber alertado a Torrent en su día de los trapicheos, son los secretarios generales de la Cámara los que habrían aprobado a escondidas las licencias por edad. Imma Folchi -la primera en validar el régimen especial- y su sucesor, Pere Sol, se beneficiaron a razón de 10.000 euros mensuales. El dudoso sistema de prejubilación también lo mantuvo Xavier Muro, conocido por su escrupulosidad y beligerancia con el despliegue parlamentario del procés y la abierta cooperación con algunas de las medidas de la represión posterior. Así, en enero del 2020, Muro retiró el acta de parlamentario al presidente de la Generalitat, Quim Torra, aduciendo que sólo cumplía la orden de la Junta Electoral. Torra pidió que se le destituyera pero Torrent lo rechazó, así como también empleados y letrados de la Cámara. A  Muro lo cesó Borràs, quien situó en su lugar a Esther Andreu, la actual secretaria general.

Es obvio que el secretario o secretaria general es una pieza clave sobre la cual pivotan un montón de decisiones que lo convierten a la práctica en un contrapresidente o contrapresidenta del Parlament, legitimado tanto por los políticos que lo proponen como por los funcionarios que configuran su equipo. Es cierto que pueden perder el cargo, que es de confianza de la Mesa, pero mientras los políticos pasan, los altos, medios y bajos funcionarios del Parlament y otros órganos de la administración, también la local, continúan. Mientras el deep state español ha blindado a sangre y fuego la estructura del estado a costa de lo que hiciera falta durante los últimos 300 años y hasta hoy, pasando por encima de la democracia, la libertad, los derechos sociales y económicos o las lenguas y culturas de minorías nacionales, nuestro deep state autonómico se conforma con jubilarse pronto con el 100% de la pagassa, del pastón que cobra cada mes. A partir de auxiliares de ujier, 3.800 euros.