El nombre de la operación lo dice todo. Misma música, diferente decorado. Tres días después de cumplirse dos años de los hechos del 20-S, el Estado mueve ficha. ¿Por qué ahora? Primero, para justificarse ante la opinión pública por la dureza de la sentencia que emitirá el Tribunal Supremo contra el procés. Segundo, para atemorizar e instaurar el miedo a todo aquel que ose sobrepasar la línea constitucional como respuesta a la sentencia. Tercero, para mostrar al PSOE como un partido a quien no le tiembla la mano cuando se trata de perseguir el independentismo y que no se despeina al instaurar el discurso de la derecha española del 155. Y cuarto, la campaña electoral del 10-N ya ha empezado y el PSOE se lo juega todo.

El Estado no tiene proyecto para el movimiento independentista, por eso intenta criminalizarlo. Muestra el independentismo como un movimiento violento a ojos del resto de ciudadanos que sólo se alimentan de este discurso. Generar relato, influir y persuadir a la opinión pública con hechos manipulados y alimentados por horas y horas de propaganda en todo tipo de programas de los medios de comunicación del Régimen. Ayer lo volvieron a ver. Convencer de que son culpables, de que existe un clima de crispación, de división, de violencia y conseguir eliminar la empatía hacia los presos políticos con la sentencia, considerándolos como justos culpables.

Poco antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre, en los laboratorios de las cavernas del Estado, se cocinaba la solución. Crear algo que sirviera de excusa para judicializar el movimiento independentista. Transformar un movimiento pacífico y multitudinario en violento y minoritario. "La toga y el mazo" para sentenciar un problema político con un ejército de fieles jueces y fiscales con unos tribunales de excepción hechos a medida. El resultado del 20-S no deja dudas, de nada sirve la verdad: violencia explícita, alzamiento –no sabemos si "armado", recuerden las armas abandonadas en el interior del vehículo abierto de la Guardia Civil–, tumulto... todo para justificar la rebelión y la sedición. Los Jordis esperan sentencia por subirse encima de un vehículo para apaciguar los ánimos de una manifestación, ¡por favor!

Y ahora, la ofensiva político-judicial irrumpe de nuevo, en el momento justo y preciso, perfectamente calculado y mesurado y otra vez con los CDR en el centro de la diana. Y no es moco de pavo. La operación Judas ha encausado a 9 detenidos por terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Ni más ni menos que 500 guardias civiles para hacer cumplir el auto de la Audiencia Nacional. Según ha informado la Fiscalía, tenían la certeza de que entre el aniversario del 1 de octubre y el anuncio de la sentencia contra el procés "podrían" haber acciones violentas que "podrían" haber causado daños irreparables. Un escrito lleno de condicionales y que, bajo mi criterio, no justifica las detenciones. Bien, quizás el escrito no convence, pero seguro que han encontrado indicios que lo corroboran. La información que tenemos hasta ahora es la siguiente: la investigación ha durado más de un año y medio con seguimientos, grabaciones, intervenciones telefónicas y escuchas. Las diversas entradas practicadas, la aprensión de diversa documentación, material informático y precursores para fabricar explosivos: termita, polvo de hierro, acetona y nitrato amónico, componentes que también se utilizan para fabricar fuegos artificiales. Y no lo digo con frivolidad, justamente porque en el local donde se localizaron es un sitio donde, habitualmente, se guarda material pirotécnico. No se ha encontrado amonal, amosal, goma 2... y una urna del 1 de octubre.

El vídeo que, inmediatamente, colgó a la Guardia Civil no deja duda de que se estaban preparando artefactos. Un taller casero de reparación de vehículos transformado en un laboratorio de explosivos. Los indicios que lo corroboran, una olla metálica –como con la que en casa cocinamos las habas o el fricandó–, aceite de motor, arena para extraer el óxido de los tornillos y un cubo con unos electrodos para anodizar el aluminio o para dar un nuevo acabado a los metales –así lo explicaba alguien en Twitter.

Es inevitable trazar el paralelismo entre los hechos del 20-S y esta nueva actuación. Un común denominador existe: el fiscal Miguel Ángel Carballo, el responsable de la investigación por sedición del 20-S y quien pidió prisión incondicional para la activista Tamara Carrasco.

Recuerden las detenciones de Tamara y Adrià Carrasco por terrorismo, los dos casos han acabado archivados por este delito. Adrià continúa exiliado en Bélgica por unos hechos que, finalmente, fueron calificados como desórdenes públicos. El caso de Tamara es acojonante, imputada por terrorismo por un silbato, unas máscaras y unas pancartas.

Acusar de terrorismo al Estado le sale gratuito. Tener un arsenal de armas en casa con la voluntad de atentar contra el presidente del Gobierno no es terrorismo a ojos de la Audiencia Nacional. Tener botes de detergente Dixan o ser anarquista con botes de amoníaco, sí.

La operación Judas es el movimiento de ficha del Estado para asociar a los CDR y el movimiento independentista con la violencia y el terrorismo. Si la violencia no existe, la fabrican. El Estado intenta construir un enemigo a medida, equiparar el procés catalán con el conflicto vasco con ETA.

Lo que me parece una barbaridad y de una enorme irresponsabilidad son las declaraciones de los dirigentes políticos de Cs y PP. Las de Lorena Roldán dejando entender que el "¡apretad!" del presidente Quim Torra a los CDR significaba "apretad el detonador del explosivo". O el tuit borrado de Alejandro Fernández donde constataba que se habían encontrado bombas. Y ya no entro en la interpretación de los medios de comunicación españoles –ya saben por dónde voy– porque sólo les ha faltado decir que los temporizadores ya estaban con la cuenta atrás.

Este es el contexto y la realidad que vivimos, un Estado donde tenemos presos políticos y exiliados procesados por el delito de rebelión sin violencia, por el de sedición sin tumultos y por el de terrorismo sin terroristas. No caigamos en la provocación, es lo que querrían. Necesitan "la violencia" para justificar su plan. No se lo permitamos.

La propuesta política que pide el independentismo al Estado es contestada con más represión, persecución y vulneración de derechos fundamentales. Tengámoslo claro, el Estado juega y juega fuerte. Y no olvidemos que son muchos los que piensan que "por encima de la verdad está la unidad de España".

Nos quieren atemorizados, empequeñecidos y con miedo. La respuesta tiene que ser todo lo contrario: firme, colectiva, persistente y no violenta.