El juzgado venía a bordo contra viento y marea, propiamente, y en su breve navegación corría las fortunas de Ulises (...) Todo lo llevaron con paciencia, en razón de su alto cometido, y podrán con limpio corazón ofrendar sus trabajos en aras de la República, que sabrá no ser ingrata.

Manuel Azaña. Mi rebelión en Barcelona

 

No había terminado aún la prolija declaración de Turull cuando se supo ayer que el tribunal había decidido alterar el orden de juicio establecido en la ley de enjuiciamiento criminal para citar el próximo martes a los líderes políticos que han sido admitidos como testigos. Así que no es cierto que la convocatoria electoral no fuera a afectar a la vista oral, apenas han pasado unos días y ya vemos cómo se toman decisiones motivadas por la decisión de Pedro Sánchez.

El tribunal parece haber pensado que el trago que puedan suponer los titulares que dejen las testificales de Rajoy, Tardà, Sáenz de Santamaría, Mas, Montoro, Zoido, Urkullu o Rufián será menos difícil de pasar para los contendientes electorales si se realiza antes de que incluso hayan sido proclamados los candidatos y disueltas las Cortes. La verdad es que ya estamos en precampaña, pero deben creer, los magistrados y quizá los propios políticos ―de los que no hay que desestimar que hayan susurrado al oído de quién haya escuchado―, que ésta irá arreciando y que dejar al abogado de Vox que siembre de eslóganes y golpes de efecto los momentos más delicados no es buena cosa.

Esta decisión constituye nuevamente una innovación procesal de las llevadas a cabo por el tribunal, a sabiendas de que sobre ellos sólo están ellos mismos para permitirse alterar aquello que mejor consideren. No es novedad que el Tribunal Supremo legisle a su manera, tampoco en leyes procesales. Los primeros en declarar deberían ser los testigos propuestos por la fiscalía, pero aquí veremos desfilar antes a testigos propuestos por Vox y hasta por las defensas. Lo nunca visto. De hecho, algunos de los más relevantes, como el expresidente del Gobierno, han sido propuestos por el partido de ultraderecha y, por tanto, será éste el primero en inaugurar el interrogatorio a cada uno de ellos. Quizá esta sea una de las cuestiones que ha llevado a la sala a alterar el calendario. El martes que viene, el abogado Ortega Smith será aún solamente un letrado mientras que lo más probable es que a partir de marzo sea además un candidato a las elecciones generales. Tendremos entonces un candidato sentado en estrados, interrogando y acusando a otros políticos, de los cuales creo intuir que algunos también serán promulgados candidatos en los mismos comicios. Frente a ellos, en el tribunal, dos magistrados, Ana Ferrer y Luciano Varela, que forman parte de la Junta Electoral Central. Una forma más de demostrar que es imposible que el devenir político y los avatares electorales no se vean reflejados dentro de la sacra sala de vistas del Tribunal Supremo.

¿Es compatible y respeta la igualdad de armas electorales que un candidato pueda utilizar como altavoz electoral su intervención en el juicio sobre el asunto que centrará la mayor parte de la campaña?

Puede que esto sea lo que ha llevado a Marchena a subirse a lo que algunos en chascarrillo llaman el PAVE (el Proceso de Alta Velocidad) y meter marcha para despejar del horizonte todo lo que pueda convertirse en materia inflamable electoral. Es una misión casi imposible aunque es obvio que quiere desactivar las bombas de relojería más importantes y cegarle una carta de campaña a Vox, como hizo al no permitir que leyera las preguntas que no se iban a responder. Porque esta es otra cuestión: ¿es compatible y respeta la igualdad de armas electorales que un candidato pueda utilizar como altavoz electoral su intervención en el juicio sobre el asunto que centrará la mayor parte de la campaña? Es algo que el resto de partidos políticos debería estudiar. Quizá podrían someterlo al arbitrio de la Junta Electoral Central, a ver cómo se pronuncia, incluidos dos de sus miembros que están sentados en el tribunal. Soy perversa, qué quieren.

Tan vertiginoso se ha vuelto el procedimiento que no puedo sino expresar mis dudas de que en las sesiones de juicio oral que restan esta semana, miércoles y jueves, sea posible terminar con el interrogatorio de los siete acusados restantes. Yo apostaría a que no. Algunos se prometen como muy prolijos y no creo que Sànchez o Cuixart precisen de menos tiempo del empleado hoy por Turull. ¿Cómo lo va a hacer Marchena? No puede comenzar la testifical sin que haya concluido la declaración de los acusados. Mucho me temo que el viernes y el lunes de descanso se pueden ver truncados, porque no se aprecia otra forma de llevar esto a cabo si no.

No creo que la fiscalía se oponga a la innovación procesal por la que su turno de testigos queda postergado. ¿Qué harán las defensas? Es muy posible que no vayan a hacerles ni caso si protestan, pero lo cierto es que hasta el momento han aceptado todos los “inventos” que les ha ofrecido el presidente del tribunal, incluida esa extraña posibilidad de volver a abrir los interrogatorios cuando lleguen los documentos que faltan. Esto tiene un sólo peligro, que si la creatividad procesal que te va bien la aceptas, te puedes quedar con menos argumentos para alegar que la creatividad procesal que no te convence vulnera tus derechos.

Nos quedan pues días de vértigo. El tribunal parece haber decidido que sólo quiere testigos técnicos y documentales durante el periodo más candente de la carrera electoral. Quieren que con la campaña oficial lleguen los días de sueño y torra que todo juicio tiene para los medios de comunicación. Lo de Sánchez ha sido un golpe bajo para ellos, que tanto se habían preocupado de terminar antes de que comenzara la campaña de las municipales.

Aún así, es difícil que consigan que el vórtice de la campaña no pase por su sala y es que juzgan a políticos a los que acusan también políticos y en las urnas algunos quieren dirimir cómo reprimir las ideas que representan. Ni en PAVE lo obvian.