“La expresión de opiniones, comentarios y reacciones por los jueces en las redes sociales puede afectar gravemente a la apariencia de independencia y de imparcialidad”
Comisión de Ética (CGPJ)
Este diario informaba el otro día, con indignación y perplejidad, sobre los tuits que el titular del juzgado de lo social 1 de Barcelona había vertido en las redes sociales y en los que venía a soflamar a los jueces de Catalunya para que no le dieran la razón a la Generalitat, la tuviera o no la tuviera. Así, con sus santas puñetas. El magistrado Carlos Antonio Vegas Ronda lleva años inflamando Twitter bajo el nick de @EstadoCharnego y el procés fue su Rubicón. En este periodo ha saltado todas las barreras, se ha cabreado o ha insultado a todo político catalán y ha bloqueado incluso a compañeros de la carrera judicial y a todo aquel que le llamaba la atención sobre las salidas de tono que saltaban los límites fijados por el Comité de Ética del CGPJ y que, en otros casos, pueden rozar la sanción disciplinaria.
Eso es precisamente lo que ha sucedido con sus tuits del día 24 de noviembre: “Tal vez va siendo hora de que los jueces desestimemos cualquier petición de la Generalitat de Catalunya, tengan o no razón”. No podía haber derrapado más ni haber puesto en peor situación la imagen del Poder Judicial. La cosa es grave y el Consejo General del Poder Judicial no debería permanecer al margen, sobre todo después de haberse reunido de urgencia para afearle a la ministra Belarra un tuit mediante un comunicado oficial. En aquella ocasión les faltó tiempo para decir: “La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha tomado conocimiento de la declaración publicada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en su cuenta en la red social Twitter (@ionebelarra) (…) La Comisión Permanente considera que estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable (…) máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable”. Lo que ya dejó claro que, si les da la gana, pueden darse por aludidos de lo que se publica en Twitter y también que consideran que “generar sospechas inaceptables” y “poner las relaciones de poderes en un plano indeseable” son cuestiones que merecen su encendida intervención. No cabe duda de que Carlos Vegas ha puesto en un plano indeseable las relaciones entre miembros del Tercer Poder y la Generalitat de Catalunya. A ver qué hacen ahora.
No debo ser la única que lo ve así, porque la llamada enardecida y loca del juez “Estado Charnego” a la prevaricación en masa, como pidiendo una especie de sedición de la magistratura, ha sido puesta en conocimiento de varios miembros de la Comisión Permanente del Consejo por si esta estima que es preciso ordenar al promotor de la Acción Disciplinaria que lleve a cabo una investigación a este magistrado, mediante la facultad para ello que les otorga el artículo 608.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A ver qué dice Lesmes y a ver si esto le escuece tanto como que critiquen las ministras a los miembros de la sala II.
La cuestión catalana ha generado las mayores salidas de tono de miembros de la carrera judicial, Randy Watson no está solo
No sería, en todo caso, el primer roce de Carlos Antonio Vegas con la comisión disciplinaria. Hace unos años se le impuso una sanción leve por desconsideración a uno de los miembros de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y también se han recibido quejas del trato que dispensa en su juzgado. Y eso que él era antes abogado. Ingresó por el cuarto turno como magistrado de Trabajo, lo que al menos nos aligera el espíritu al saber que nunca podrá juzgar a nadie penalmente.
El carácter agrio y las manifestaciones impropias de un juez se han sucedido a lo largo de los años. Encargados de comunicación del CGPJ me contestaron ayer, quitándole importancia, que eran “unos tuits de un tal Watson” que “no se identifica como miembro de la carrera judicial”, pero el caso es que sí lo ha hecho en su cuenta, incluso con su foto, aunque luego lo haya quitado y haya puesto el candado para que no se pueda acceder a unos tuits que están pertinentemente guardados. Debió de ser una romería de respuestas las que recibió tras pretender que la pandemia sólo acabará cuando entre en prisión el MHP Aragonès o tras deslizar piezas de tanta fineza como: “El catalán no se toca pero a los niños catalanes los sobáis mientras se os pone morcillona”, que excede todos los límites del buen gusto esperados de un miembro del Poder Judicial.
La cuestión catalana ha generado las mayores salidas de tono de miembros de la carrera judicial, Randy Watson no está solo, y también de la fiscal. En días pasados, la mayoritaria Asociación de Fiscales entregaba sus premios a los cuatro fiscales del procés ―Zaragoza, Mayoral, Cadena y Moreno― suponemos que por no haber conseguido que sus planteamientos acusatorios fueran adoptados por el tribunal. Irónicamente parecería que les premiaron por hacerlo mal y calificar los hechos como un delito inexistente. Lo más llamativo es que les dieron el Premio Carmen Tagle, instituido en recuerdo de la fiscal asesinada por ETA para “premiar la lucha contra el terrorismo”. Un paralelismo pasmoso. El mismo premio le entregaron al fiscal Javier Faus, fiscal delegado de Vigilancia Penitenciaria en Catalunya, “por recurrir los beneficios penitenciarios que la Generalitat concedió a los condenados”. Sus recursos permitieron a la sala II revocar el tercer grado de los presos del procés y la semilibertad del artículo 100 en diciembre de 2020. Faus es el marido de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que también ejerce en Catalunya, así que todo queda en casa. Tal vez por eso la cuenta oficial de la Asociación de Fiscales circuló aquel famoso tuit con un artículo de El Mundo titulado: “Junqueras se comerá el turrón en Lledoners”. Muy apropiado para una asociación de fiscales que se permite exigir la dimisión de la fiscal general del Estado por ser su trayectoria “incompatible con la imparcialidad” que, como vemos, todos ellos derrochan.
Randy Watson, el juez charnego, lo que quiere es venirse a Madrid. Aún no ha conseguido que le den ninguna comisión de servicio, aunque, como ya advirtió en su Twitter, él “no votaría a Vox en la vida porque me parecen ultramadrileñistas pero no hiperventilo porque la gente les vote” o “a los que vivimos en Cataluña, Vox nos parece una opción socialdemócrata”.
¿Va a hacer algo la permanente del caducado CGPJ? Porque para eso aún conservan competencias.