“La soberbia es repugnante porque la gente se enorgullece de lo que debe avergonzarse”

Lev Tolstoi

 

 

“Pourquoi les Belges enlèvent-ils leurs lunettes lorsqu'ils font un alcootest?

Parce que ça fait toujours deux verres en moins”.

Hace un tiempo, los franceses contaban chistes de belgas como quien contaba chistes de leperos. A fin de cuentas, como ellos mismos decían, qué se puede esperar de un pueblo que ha convertido en plato nacional los mejillones con patatas fritas. No sé si lo seguirán haciendo en tiempos de lo políticamente correcto, pero parece que hay españoles con toga dispuestos a creer que es divertido reírse de los belgas.

A veces la bilis tiene un destilado lento. Aunque por la escasa repercusión en los medios de comunicación nacionales pudiera parecer que la denegación de la euroorden de Puig ha pasado desapercibida, nada más lejos de la realidad. Cierto es que muchos medios lo han visto como lejano al foco actual, relativo a un personaje poco relevante y, en último término, no han querido analizar las repercusiones que puede tener en el suplicatorio de Puigdemont, pero eso no significa que no haya a quien le ha sentado como un tiro. A los magistrados del Tribunal Supremo y al mundo jurídico más servil a estos o más próximo a la carcundia, le ha caído como un tiro. Por ese motivo, en los últimos días de canícula, se está produciendo un goteo de artículos de los juristas de cámara que los medios colocan en sus desoladas páginas agosteñas, a las que nunca les viene mal un relleno aparente.

No por ello hay que desestimar lo que destilan esos artículos escritos por magistrados del Supremo, catedráticos del entorno más conservador o, incluso, jaleados por la asociación mayoritaria y cada vez más conservadora de fiscales, que desde que es comandada por la fiscal Dexeus no se salta un charco en el que salpicarse. Y es que lo consideran “una afrenta al sistema procesal español y a su más alto tribunal”, según dice el magistrado del TS José Luis Requero. En la elección de tal terminología se refleja perfectamente el componente de cuestión de honor que todo el asunto catalán ha cobrado para ellos, como si se tratara de eso y no de aplicar la ley respetando los derechos. Pero es que en algunos estrados, los jueces quieren cabalgar solos, y si además son la cúpula del sistema pretenden que no les tosa ni les controle nadie. Nadie es nadie. ¡Qué se han creído estos belgas!

Lo cierto es que la sentencia belga es muy clara. Tanto la ley de la euroorden como la jurisprudencia dejan claro que la euroorden la debe emitir una autoridad competente.  Si el remitente no lo es de salida ¿a qué examinar el resto? Ese es el motivo por el que cada tribunal emite sus euroórdenes, mientras que la Audiencia Nacional se ocupa de contestar a todas las que recibe España. La emisión nunca pudo centralizarse. La cuestión de la falta de competencia del Tribunal Supremo ha sido un caballo de batalla permanente en España, pero no fue sino a última hora que el abogado de Puig, Gonzalo Boye, pudo jugar esa carta ante el tribunal belga. Los propios abogados bruselenses de Puig no terminaban de ver que esa cuestión pudiera ser decisiva, tal vez porque no han seguido paso a paso y con estupor cómo se han ido retorciendo y variando las interpretaciones para conseguir llevar la instrucción y el juicio a Madrid y sacarlo de Catalunya. Eso sin la menor resistencia de los órganos catalanes, que no plantaron cara ni un minuto, a pesar de saberse y haberse declarado con anterioridad ellos mismos competentes.

 Los que hemos ido denunciado cada paso en falso, cada cambio de criterio para desdecirse en la Audiencia Nacional y cada decisión extraña del Supremo —que normalmente sólo se queda con sus imputados y termina devolviendo todo lo demás— no tenemos la menor duda de que esa competencia ha sido forzada. Los abogados belgas tampoco saben de la consuetudinaria manía de los poderes políticos y judiciales españoles de sacar de los territorios y llevar a Madrid todo lo que afecte a los independentismos o a asuntos de calado político que puedan interesar. Tampoco nos extraña que la misma ley se pueda interpretar según lo que se pretenda. Así el Pleno de la AN consideró que no era competente ni para la rebelión —cuando la querella por el Alzamiento del 36— ni para la sedición —controladores aéreos—, pero sólo unos años después decidió que sí, cuando se trataba de arrastrar el asunto catalán.

Más aún ahora cuando, condenados los que fueron arrastrados por el aforamiento de Forcadell, no queda ya en el procedimiento restante nada que ate a Puig, a Comín o a Puigdemont con las competencias del Supremo. El último truco de Llarena fue intentar hacer pasar por bueno que los parlamentarios europeos también están aforados al Supremo, pero eso no sólo no figura en parte alguna, y los belgas lo han visto, sino que fue expresamente negado en el caso Berlusconi.

La trampa campa y eso es lo que ha sucedido. Ni más ni menos. Pero eso es algo que no se puede tolerar por ese sector de la magistratura que se ha enrocado en un poder omnímodo que no admite ni que le descubran el pastel ni que se lo desmonten. Sucede que los extranjeros no tienen que hacerle la pelota a nadie ni tienen miedo de las consecuencias. Una pena que no se pudieran llevar a un tribunal externo las pruebas del trato de favor dado por la mujer de Llarena y Lesmes a la hija de Manuel Marchena.

Lo sucedido con la negativa a entregar a Puig no tiene sólo repercusiones en lo que pueda suceder con el suplicatorio presentado en el Parlamento Europeo —¿es competente Llarena para pedirlo?— sino que está dejando al descubierto de nuevo la prepotencia, la soberbia y la sensación de poder absoluto que manejan muchos en las altas instancias de la judicatura española. Esto no es nuevo. En 2004 el Tribunal Supremo se permitió condenar en responsabilidad civil por negligencia al estudiar un recurso a 11 magistrados del Tribunal Constitucional. Con anterioridad, éste se había permitido enmendarles la plana en algunas cuestiones. Poca broma.

Por estar, están dispuestos hasta a argumentar que el establecimiento del juez competente es un mero “argumento procedimental”, como si en cada pliegue del procedimiento penal no se escondiera un derecho o una libertad que proteger. Y es que, rizando el rizo, y después de que la justicia española haya retorcido el derecho procesal y sustantivo en este asunto a la vista de todos, hablan ellos de “las torceduras de la justicia belga”, como si los belgas tuvieran interés alguno en este asunto. ¡Qué se habrán creído!