“Una cosa es la palabra correcta y otra la última palabra. En un estado de derecho en materia penal esa última palabra corresponde al Ejecutivo y es el indulto”

Dicho jurídico

El Ulises de Joyce tiene 260.430 palabras. La última es “sí”. La Biblia termina diciendo “amén”, o lo que es lo mismo, “así sea”. Sánchez no ha podido ser más claro respecto a cuál va a ser la última palabra del Ejecutivo en las condenas de los políticos catalanes. La última palabra. En un estado de derecho la última palabra en materia penal corresponde al Ejecutivo y se llama indulto. Se llama perdón.

El tema es de una gravedad enorme y supone la asunción por parte del Ejecutivo de un riesgo político que no sé si en Catalunya se termina de vislumbrar. Más allá de si esa es la solución que a cada uno le gustaría ―y dado que la amnistía está vedada―, lo cierto es que con ese decreto Sánchez entregará a las derechas el martillo pilón que ansían para estar socavando la estabilidad del Gobierno y para acrecentar su pérdida de votos en cierto sector del electorado. Así que no va a ser gratis la decisión, ni mucho menos. Es más, la derecha sabe que lleva años proveyendo plazas de magistrados amigos para cubrir también la sala III del Supremo, que es la encargada de controlar los actos de Gobierno, porque controlando los actos de un Gobierno puedes tumbar su acción. Si consiguieran ese objetivo, tendrían en la mano una bala de plata similar a la que la sentencia de la Gürtel supuso para Rajoy, aunque, esperemos, sin poder formar una mayoría parlamentaria alternativa. El desgaste en una campaña de esa circunstancia podría ser demoledor.

Hasta noviembre de 2013 nunca se hubiera planteado la posibilidad de que el Supremo le tumbara un indulto al Gobierno. Nunca. Como sucede siempre, una sentencia que pasó desapercibida, si no aplaudida para un caso particular, se intentará hacer valer después como una doctrina asentada. Por eso quiero explicar qué pasó con la sentencia del kamikaze. El Gobierno de Rajoy, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, indultó a un conductor que había entrado en dirección contraria en una autovía causando la muerte de un joven de 25 años al colisionar con él y que había sido condenado a 13 años de prisión en Valencia. Todos los informes eran contrarios. El indulto perdonó la condena de cárcel y la cambió por 4.000 euros de multa tras haber cumplido sólo 10 meses de prisión. Las circunstancias añadidas, y que no se pueden olvidar, es que la solicitud de indulto la tramitó el despacho de abogados Uría-Menéndez, en el que trabajaba el hijo del ministro Gallardón, y el abogado del kamikaze era Astarloa, hermano de Ignacio Astarloa. diputado del PP y exsecretario de Estado de Seguridad con Aznar. El evidente favoritismo de la medida provocó que poca gente protestara por una injerencia de la sala tercera en el derecho de gracia que, en otro caso, hubiera levantado ampollas. En esa revocación de indulto es en la que se basa Casado para decir que irá al Supremo y “hasta las últimas consecuencias”, aunque sea dudoso que su partido pueda ir a parte alguna. Cosa distinta es Vox, que es parte en esa causa o bien la Fiscalía, la que campa a su aire, digo.

El tema de los indultos es de una gravedad enorme y supone la asunción por parte del Ejecutivo de un riesgo político que no sé si en Catalunya se termina de vislumbrar

Aquella decisión de revocar un indulto del Gobierno fue tan agónica que se logró con esfuerzo por 19 votos contra 17 y consiguió que el ponente designado tuviera que dejar la ponencia, dado que era partidario de que no se podía cuestionar la facultad del Gobierno de indultar y, por tanto, planteaba inadmitir el recurso contra el indulto. Ese ponente era ni más ni menos que Carlos Lesmes. El voto particular suscrito por Lesmes y otro montón de magistrados deja claro que: “Todo ello nos lleva a reiterar que hemos introducido, por vía judicial y al objeto de controlar el ejercicio de la prerrogativa de gracia realizado por el Gobierno en este caso concreto, una regla que no está en el ordenamiento jurídico y que pertenece a otros ámbitos que no nos competen”. No puede ser más claro. El Supremo se sacó de la manga una facultad que no existe en el ordenamiento y legisló sobre una materia que no es de su competencia. Palabra de Lesmes y amén.

A eso se agarra ahora la derecha para amenazar a Sánchez, si bien cubriendo un tupido velo sobre todas las circunstancias que les acabo de comentar. Para ellos ya es doctrina establecida y fijada en piedra a los efectos que les interesa: tener un relato potente para socavar al Gobierno. El relato de Casado es bastante cojo, porque cuando Casado habla de derecho, no hace sino reafirmarnos en los extraños vericuetos por los que logró aprobar la carrera. El Supremo no quiso pronunciarse sobre ello, pero es que Casado confiesa por esa boquita cada vez que la abre. Ha hablado de arrepentimiento y eso, más allá de los meapilas con los que trate, no es ningún requisito para el indulto sino algo que valora el tribunal sentenciador antes de emitir su informe que, como sabemos, será negativo. Amenaza con ir al Supremo, cuando no se entiende qué legitimidad activa tendría su partido para impugnar el indulto. Y así todo. Lo que importa es el martillo pilón: se negará a renovar el CGPJ y usará de forma electoral y para crear crispación una medida que sólo pretende devolver alguna suerte de concordia. No, no es una imagen normal en una democracia que un president tenga que ir a visitar a su jefe de filas a una prisión como sucedió ayer.

Habrá indultos, y aunque los firmen en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, no se neutralizará su impacto. Es previsible que durante todo el verano los tertulianos y analistas de guardia tengamos este tema como preferente. Apuesto caña en libertad. Es seguro que el intento de conseguir su anulación centrará parte del debate político en otoño. No habrá descanso.

Los miembros del Govern no incurrieron en sedición y no hubo rebelión. Saben que esa es mi opinión desde el principio. Pero quien tiene el poder para decir si fue o no una sedición es el Poder Judicial ―la palabra que se dice correcta― y en manos del Ejecutivo sólo está la de quitarles la pena, pero no la calificación.

La última palabra.