El clima político que se ha generado en Catalunya a base de mentiras y de represión es tan tóxico que el propio Estado español corre el peligro de acabar asfixiándose en los gases venenosos que fabrica. Las amenazas de Sáenz de Santamaría al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, para que no permita la investidura de Puigdemont sólo hacen que reforzar los motivos que el independentismo tiene para investirlo.

Desde el punto de vista simbólico, investir al president que declaró la independencia y fue destituido por el Estado español es el primer acto de despliegue de la república proclamada. Un acto surrealista, sin duda, pero que da continuidad al espíritu del referéndum, que también se celebró con más imaginación que recursos contra la voluntad del gobierno de Madrid.

Si Torrent retrocede y no permite la investidura de Puigdemont, el president exiliado siempre podrá forzar nuevas elecciones y darles un aire plebiscitario. Cuanta más obstinación ponga Madrid en evitar la investidura de Puigdemont, más categoría política le dará y más desgastará el prestigio del Estado en Catalunya. El problema de intentar impedir un proceso de independencia por la fuerza es que, en una democracia, la gente siempre acaba teniendo la última palabra.

Aliados con Marta Rovira, los jóvenes de Bruselas tratan de volver a poner la República en la agenda de la Generalitat, aprovechando las contradicciones de la democracia española al más puro estilo convergente. Es difícil de imaginar cómo se lo montarán los partidos españoles para explicar que Catalunya ha restaurado al president que el Estado destituyó, después de proclamar la independencia, gracias a unas elecciones convocadas por el mismo Rajoy.

Rajoy podía imponer las elecciones en Catalunya una vez, con el argumento de que el independentismo era minoría, pero imponerlas dos veces, después de haber perdido las primeras, no le será fácil. Es probable que algunos independentistas tengan la intención de utilizar la carta de Puigdemont para negociar con España. Pero como pasó con el 1 de octubre, si el president exiliado es investido, asistiremos a un efecto dominó de consecuencias difíciles de prever, como pasó con el referéndum.