Empeñados como están los partidos españoles en convertir las elecciones municipales y (para algunos de ellos) autonómicas en la primera vuelta de las elecciones generales previstas, como muy tarde, para finales de año, los últimos días hemos asistido a la escenificación de un fraude electoral, como es el del voto por correo y compra/venta de votos, llevado a cabo —parece que con cierta habitualidad— en circunscripciones locales relativamente pequeñas. Están en marcha actuaciones policiales y judiciales al respecto por delito electoral. Veremos cuándo y cómo termina el asunto. A pesar de esta cierta habitualidad —como influir en residencias de la tercera edad— no se puede decir que los resultados electorales hayan sido alterados.

Pero las cosas cambian. Como buen partido antisistema, el PP presenta hechos alternativos, es decir, falsos, y acusa también de sus faltas al PSOE. Es lo que ha hecho González Pons atribuyendo todo el fraude de los votos hasta ahora detectados al PSOE, lo cual, como se constata con una simple consulta a la prensa no ultra, es radicalmente falso. Hoy por hoy, el fraude —descartadas las no infrecuentes denuncias anónimas que no llevan a ningún sitio— se lo reparten ambos partidos más o menos al 50%. Decir el contrario supone dar por bueno el reportaje del Spiegel sobre la lideresa de facto del PP, Díaz Ayuso, la Trump, le llaman, y, por lo tanto, sobre su partido. Sembrar la desconfianza electoral en territorio socialista no es una cosa nueva, se viene cociendo de tiempo atrás. Puro y duro trumpismo.

Altera, también y por descontado, de forma patente la expresión de la voluntad popular, malversar dinero público para confeccionar informes falsos sobre el historial bancario de candidatos, como se hizo con Trias o Mas, o con miembros de la sociedad civil como Rosell.

No deja de ser curioso que, quién ha sido denunciado reiteradamente por uno de los condenados en varias causas de la Gürtel, Álvaro Pérez, el Bigotes (la última documentada judicialmente aquí) y que es un altísimo cargo eterno del PP, olvide que su partido ha concurrido en comicios durante años dopado financieramente de forma no solo ilegal, sino delictiva, judicialmente declarada. Eso sí que comporta, a la fuerza, la alteración de la voluntad popular y no cuatro votos por correo o comprados a la miseria, que los mismos compradores de sufragios han creado y mantenido. La irrelevancia de estas limitadísimas manifestaciones en el resultado final no le saca, claro está, su naturaleza delictiva.

Altera, también y por descontado, de forma patente la expresión de la voluntad popular, malversar dinero público para confeccionar informes falsos sobre el historial bancario de candidatos, como se hizo con Trias o Mas o con miembros de la sociedad civil como Rosell. Delitos estos, que 11 años después, todavía no han sido ni recién instruidos y que han generado tres inútiles, por manipuladas hasta la extenuación, comisiones parlamentarias en el Congreso de Diputados, siempre con el parcheado comisario Villarejo como estrella invitada.

Pero de estas manipulaciones el PP no habla ni hablará. Por el contrario, prepara el terreno para intentar desvirtuar una probable derrota electoral a las generales de finales de año. Hará como viene haciendo con la postergación sine die de la renovación del CGPJ: destrozar las instituciones que no puede controlar. Por eso, y por corrupción, es un partido claramente antisistema, ya que o se lo queda para adulterarlo, si llega al poder, o bien intenta por tierra, mar y aire impedir su funcionamiento regular.

Atentos, pues, a este ensayo general de crear unos resultados electorales alternativos.