El PSOE ha intentado servirse de la necesidad de Esquerra de recuperar protagonismo para intentar doblegar a Junts. No lo ha conseguido. Al contrario. Los que banalizan el análisis político intentan explicar la interrupción de las negociaciones entre Junts y el PSOE por una especie de ataque de cuernos que supuestamente habría afectado al president Puigdemont al ver que Esquerra firmaba el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez a “un precio que nadie podrá superar”, especialmente Junts. Que Esquerra y Junts están a la greña desde antes de 2017 es una evidencia. Parte del fracaso del intento de independizarse de España fue consecuencia de esta rivalidad fratricida en la que, en mi opinión, tiene más responsabilidad Esquerra que Junts. La hemeroteca es una buena prueba del vaivén de los republicanos sobre cómo debía encausarse el procés. Decían cosas muy parecidas a las que ahora tuitea un Jordi Graupera, que ha adoptado el papel de exaltado predicador evangelista. Esquerra era el motor de los que reclamaban actuar con “prisas” y tensó la cuerda hasta que se rompió. Transcurridos los años, y cuando se trata de utilizar la fuerza de los votos ante un PSOE debilitado, Esquerra vuelve a actuar con prisas para “perjudicar” la posición de Junts. Su cómplice socialista se llama Félix Bolaños. Un negociador, por cierto, que Junts ha rechazado porque es el más trilero de todos. Iván Redondo salió disparado de la Moncloa empujado por las conspiraciones de este señor.

Leyendo el documento del acuerdo entre Esquerra y el PSOE, es más que evidente que se trata de un pacto de legislatura. Esta es, de entrada, la principal discrepancia entre los republicanos y los junteros. Para los de Junts, el acuerdo que ellos firmarán con el PSOE, si llegan a firmarlo, solo será para investir a Sánchez. Nada más. Es por eso que solo quieren pactar cuestiones políticas. Crear una empresa mixta Estado/Generalitat para gestionar Rodalies en la que el estado tendrá derecho a veto no es ningún acuerdo político. No tiene nada de histórico, porque ni siquiera se parece a la creación del cuerpo de Mossos d’Esquadra, que no se hizo supeditándolo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. La amnistía, con todas las garantías, sí que es un acuerdo político. Por eso es tan determinante no dejar abierta ninguna rendija por la cual pueda intervenir el poder judicial e intentar “cazar” a posteriori a dirigentes independentistas, por ejemplo, al president Carles Puigdemont. Por decir algo, lanzando sospechas sobre la financiación del Consell de la República. No exagero, se lo digo de verdad. Estamos viendo cómo Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del president Puigdemont, se enfrenta a una condena de tres años de prisión y diecisiete de inhabilitación por haber asistido al referéndum de independencia de Nueva Caledonia. El gasto que comporta una pena tan alta fue de 4.580 euros, a los que los jueces suman 15,20 euros de los peajes de la C-16 por una visita de Alay a los presos políticos en la prisión de Lledoners. ¿Quién pagó el viaje de los presidentes autonómicos que asistieron a la manifestación contra la amnistía en Barcelona? Esto no preocupa a los jueces, ya saben ustedes por qué.

Más vale esperar y acabar con un buen acuerdo donde apoyar las negociaciones posteriores, que serán permanentes y también tensas, para lograr aquello que se empezó a gestar en 2007 con las primeras manifestaciones masivas y culminó el 1-O de 2017

El lawfare, la instrumentalización de la justicia, ha sido —y es— la práctica utilizada por los poderes del estado en todo el mundo para destruir personas y apartarlas de la política. Les recomiendo que lean el artículo “Lawfare” en América Latina: el paradigmático caso de Ecuador, de Aitor Martínez Jiménez, sobre cómo el uso del lawfare en Latinoamérica se convirtió en un arma política contra los presidentes progresistas que fueron destituidos: Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador. El tránsito del hard power al soft power, o sea de las dictaduras a las podridas democracias latinoamericanas, se hizo mediante lawfare. Estoy seguro de que Íñigo Errejón y Pablo Iglesias no me desmentirían si leyeran lo que acabo de escribir. Ellos saben que fue así allí, y por eso tendrían que ser los primeros en reconocer que en España se usa la misma técnica contra los independentistas catalanes, incluyendo a Marta Rovira, como acabamos de constatar. El mismo día que Esquerra aseguraba que el Tsunami Democràtic entraba en la amnistía pactada con el PSOE, la Guardia Civil la señalaba como responsable de aquel invento, por otro lado, tan inútil. En febrero del 2020, y a raíz d’un debate que tuvo lugar en el Parlamento Europeo moderado por el president Puigdemont, el canal France 24 se preguntaba: “¿Qué tienen en común el expresidente brasileño Lula da Silva y el independentista catalán Carles Puigdemont?”. La respuesta era clara: la persecución mediante lawfare. Si el acuerdo no queda atado y bien atado, podría ocurrir que los encausados salieran amnistiados por una puerta y entraran en prisión por otra.

Así pues, toda prevención es poca. El PSOE no es ningún aliado del independentismo. Antes he dicho que el acuerdo apresurado de Esquerra con los socialistas, que Bolaños quería que coincidiera con el acuerdo de Santos Cerdán, el número tres del PSOE, con Carles Puigdemont, se fue a pique porque la arrogancia del negociador socialista con Esquerra le llevó a precipitarse y a mostrar las cartas demasiado pronto. Esto permitió a Junts darse cuenta de que estaban a punto de caer en la trampa que le habían preparado. Esta es la razón por la que se rompió el relativo buen ambiente que imperaba entre los negociadores de Junts y el secretario de organización del PSOE, que según las personas que dicen conocerle es menos frívolo y tramposo que Félix Bolaños. El acuerdo con Junts es ahora más caro, porque incluso los “moderados” del partido de Puigdemont se han dado cuenta de que las posibilidades de presionar al PSOE han aumentado y que, si no se llega a un buen pacto, Junts no puede firmarlo. Lo declaró con una gran rotundidad Josep Rull en Perpinyà este fin de semana. El president Puigdemont, mientras tanto, ha impuesto el silencio como la norma básica en esta negociación, pero, como ya advertí la semana pasada, este silencio no podrá evitar la difusión de rumores malintencionados. Puesto que buena parte del independentismo está colonizado mentalmente por el españolismo, y cuanto más radicales son, más lo están, cuando leen y escuchan las barbaridades que difunden los medios de comunicación, se las creen. Y las reproducen en las redes sociales con la típica rabia propia del medio.

Lo he escrito y lo he dicho en voz alta tantas veces que me resulta incómodo repetirme, pero lo haré. La amnistía no es un fin en ella misma. Es el instrumento mediante el cual el PSOE —a pesar de que su tarea es conseguir que sea todo el estado— reconoce que la represión del independentismo ha sido un abuso y una conculcación de los derechos políticos y civiles de los encausados y que el 1-O no fue en ningún caso un delito. Por eso es tan necesario delimitar bien el alcance de la medida como el argumento que sirve para justificarla. Es el trámite necesario para generar confianza entre los independentistas a quienes pides apoyo. ¿O es que Pedro Sánchez quiere ser investido por una pandilla de delincuentes? Que esta sea el arma de propaganda del PP es lógico, pero el PSOE no tendría que dar la razón a la derecha cavernícola. La amnistía de 1977 fue la exigencia previa de la oposición democrática para pactar con los herederos de la dictadura. La reivindicación de la amnistía tiene actualmente el mismo sentido, porque solo así, aceptando que ha habido excesos represivos, se abrirá la puerta a un tiempo nuevo. Sánchez tendrá que atreverse a ello si verdaderamente quiere ser investido. Solo de este modo será posible generar el ambiente de confianza que, junto con la oficialización de los mediadores que intervendrán en el proceso de resolución del conflicto, presidirá la “normalización” de la política catalana. Empleo la palabra normalización a propósito, porque en este sentido, y en un contexto de restitución de la democracia como el que acabo de describir, será posible entenderse para conseguir que se admita el derecho de autodeterminación, que es inalienable a las naciones sin estado que aspiran a la independencia.

En una negociación, el tiempo es muy importante. Cuanto más se acerca la fecha tope para llegar a un acuerdo, más errores se comentan. No se trata de arriesgarse a caer por el acantilado en una reproducción del desafío de los protagonistas de Rebelde sin causa. No se debe tener prisa alguna. Más vale esperar y acabar con un buen acuerdo donde apoyar las negociaciones posteriores, que serán permanentes y también tensas, para lograr aquello que se empezó a gestar en 2007 con las primeras manifestaciones masivas y culminó el 1-O de 2017. Las oportunidades las pintan calvas y resulta que, justo en el momento en que el independentismo es más débil electoralmente, las urnas le han vuelto a dar el poder de decisión que tenía seis años atrás. Es por eso por lo que Junts debe evitar equivocarse otra vez y caer en la trampa que le han preparado Junqueras y Bolaños. Esta película ya se ha visto y es muy mala.