El presidente de la Generalitat Salvador Illa achacó el retorno de las sedes de la Fundación La Caixa y de Criteriacaixa ea Barcelona a “la estabilidad institucional, el rigor y la seguridad jurídica”. Añadió que "se trata de trabajar, y no hacer ruido, y, si se hace así, las cosas acaban encarrilándose". En plena y federal sintonía, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, atribuyó este regreso a la situación de “normalidad, estabilidad y seguridad jurídica”. Y bueno, yo me alegro de que las empresas vuelvan de donde no habrían tenido que salir nunca, y que vengan muchas más, pero me pregunto si están seguras de que nos encontramos en un momento de “normalidad” y, más aún, de “seguridad jurídica”. Me lo pregunto sinceramente, pensando en ellas y en nosotros, en si “el orden” al que se ha llegado es verdaderamente “orden” o es una fachada demasiado frágil. Diría que hay pruebas suficientes para dudar de que nos encontramos ante un panorama “normal”. O "seguro". O, menos aún, “con seguridad jurídica”.
Al respecto de esto último: hasta cuatro veces ha cambiado de criterio el Tribunal Supremo sobre la definición del delito de malversación. Cuatro veces, en siete años. Lo que responde a la negativa de un alto tribunal a aplicar una ley, es decir, la panacea de la falta de seguridad jurídica en un país. Y esto en torno a una “malversación” que ya en la vía de los hechos habría sido materialmente imposible, ya que las arcas de la Generalitat en el 2017 estaban intervenidas por el Estado de arriba abajo, como confirmó el entonces ministro Montoro. Todo ello se añade a la esotérica sentencia del procés en la que Marchena habló de “violencia atmosférica” para forzar la aplicación de un delito de sedición, pero también a las causas que se han llegado a abrir hablando de rebelión, de terrorismo o de traición; se ha valido todo para tratar de castigar a líderes políticos o simples activistas de calle.
Un territorio “pacificado” a golpes de porra y de mazo judicial no es un conflicto resuelto
No hay seguridad jurídica en un país donde las sentencias pueden preverse según un juez o tribunal, sea del bando “conservador” o del bando “progresista”; algo inédito en todo el continente. Mientras, todavía hay personas en el exilio y vulneraciones de los derechos humanos a resolver por parte del TEDH, así como una inmensa causa en el Tribunal de Cuentas que también ha elevado sus turbias pretensiones al ámbito europeo. Si una empresa o un banco considera que nos encontramos en un escenario de “seguridad jurídica”, no solo debe hacérselo mirar mejor, sino que también debe preguntarse si el conflicto de 2017 puede darse hoy por resuelto. Que lo miren bien, que pregunten cómo está el tema, que pongan bien el termómetro a la opinión pública. Un territorio “pacificado” a golpes de porra y de mazo judicial no es un conflicto resuelto. Y no hay ningún conflicto político en Europa, o en el mundo, que no vuelva a emerger si se ha querido resolver de forma artificial o demasiado humillante. Vamos, no digo nada que no sepan ya.
Después, sobre la "normalidad" y la "estabilidad": que pregunten a los usuarios diarios de la RENFE. Miren las colas, miren las averías, los cambios de vagón o los traslados al autobús, o el malévolo efecto de una simple lluvia en la catenaria. Que se pregunten sobre el déficit crónico de inversiones ejecutadas en Catalunya, ya sea en el aeropuerto o en el imposible corredor mediterráneo; miren como las competencias en sanidad y educación se ejecutan sin la financiación necesaria; observen los fastuosos gastos en capitalidad de Madrid y contrástenlos con el clamoroso desequilibrio fiscal de Catalunya, que hoy representa un porcentaje más elevado de su PIB en comparación con el porcentaje que representa la aportación neta de Alemania a la UE (y, en números absolutos, las cifras son alarmantemente similares). Un escándalo. Una "normalidad" imposible. Un maltrato crónico que no se arregla "no haciendo ruido" y, menos aún, presidente Illa, "se encarrila". El mejor encarrilamiento de la situación catalana, como ya decía el anuncio del referéndum, es seguramente cambiar de carril.
Un último mensaje para las entidades bancarias que van volviendo: se espera de las grandes compañías, las grandes de verdad, las resistentes, las que merecen respeto y confianza interna e internacional, que sean capaces de aguantar las sacudidas. Que puedan resistir los avatares de la política, por intensos que sean, y adaptarse a los tiempos convulsos que implican las transiciones colectivas. Que no hagan como ya hicieron en la Guerra Civil, trasladándose a territorio conquistado por el bando franquista (concretamente, Donosti) hasta que Barcelona también cayó. Se espera de las entidades serias que sean fuertes como un roble y que protejan a sus clientes, haya los cambios que haya a nivel político, y sobre todo cuando existe inestabilidad política. Barcelona puede ser una "locomotora de España", pero también una perfecta capital de un nuevo Estado en el Mediterráneo, y, para ambas cosas, una entidad bancaria debe estar totalmente preparada. También para los días en los que, en el País Valencià, su sede hasta ahora, se lanzaba barro a la cara del rey. Por tanto, no hagan como los tribunales españoles, no nos hagan atribuirles un bando determinado. Y mucho menos un bando con demasiados déficits democráticos. En este caso, como saben, los clientes también tienen alternativas.