La disrupción se define como la interrupción o ruptura brusca de un modelo preestablecido, producida por un cambio radical e innovador en el desarrollo de nuevos procesos. En este sentido, la aprobación de la ley de amnistía es sin duda el hecho más disruptivo que ha sufrido el régimen del 78. El poder legislativo ha desautorizado al poder judicial por su comportamiento ante la reivindicación soberanista catalana y eso, que ya es suficientemente trascendente, quizá solo sea la chispa que provoque la “ruptura brusca de un modelo preestablecido”.

Erróneamente, se ha menospreciado la amnistía como un amoral intercambio de apoyos propiciado por un resultado electoral insólito. Y, sin negar la convergencia de intereses comunes entre PSOE y Junts, cabe subrayar que cuando ocurren cosas que parecían imposibles es porque se ha producido un cambio profundo en los actores, en los interlocutores e incluso en la propia sociedad.

En paralelo al debate de la amnistía, se han puesto en evidencia arbitrariedades y corrupciones de los poderes; las instituciones del Estado han perdido credibilidad, e incluso el atrincheramiento del poder judicial, que se niega a ser relevado, pone en cuestión su legitimidad. No se trate de hechos aislados ni de casualidades electorales. Estamos frente a una crisis sistémica del Estado. Una crisis que tiene su origen en la ruptura del pacto constitucional.

Es a partir del año 2000, con el gobierno de José María Aznar con mayoría absoluta y el control conservador del poder judicial y prácticamente de todas las instituciones del Estado, cuando se propició una reinterpretación de la Constitución del 78, contraria al espíritu con el que se redactó y liderada por los mismos que habían votado en contra, como el propio Aznar. Hasta entonces, PP y PSOE, pero también CiU y el PNV, e incluso los excomunistas reconvertidos en ecosocialistas, habían participado de un consenso constitucional que no ponía en cuestión la monarquía ni ninguna institución estatal, ni tampoco la propia integridad territorial del Estado.

La amnistía no sólo era una necesidad de Pedro Sánchez para mantenerse como presidente, sino una necesidad estratégica del PSOE para no desaparecer y que le permite liderar la mayoría progresista española

La ofensiva reaccionaria fue de carácter nacionalista, tácticamente amparada en la mística antiterrorista y la defensa de la identidad española, especialmente en Catalunya, en busca del conflicto político mediante la provocación lingüística. Las reformas legales llevadas a cabo por los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, las reformas del Código Penal, la legislación antiterrorista, de extranjería, la ley mordaza, etc., supusieron un importante retroceso en derechos y libertades, que precisamente en el País Vasco y en Catalunya provocaron reacciones soberanistas, como el plan Ibarretxe y la reforma del Estatut, iniciativas aprovechadas por el Partido Popular para legitimarse erigiéndose como principal encargado de defender la unidad de España.

En aquellos tiempos, el Partido Socialista no levantaba cabeza y actuaba a remolque del PP cuando se trataba de lo que se consideraban asuntos de Estado. No fue la oposición del PSOE, sino los excesos reaccionarios del segundo gobierno Aznar, también significado internacionalmente con la guerra de Irak, el atentado del 11-M y las mentiras institucionales, lo que provocó, contra pronóstico, un cambio de ciclo político, con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero.

El nuevo presidente del gobierno había sido previamente elegido, también contra pronóstico, secretario general del PSOE contra el continuismo que representaba José Bono, toda una señal de cómo evolucionaban las bases militantes socialistas. De hecho, el programa reformista de Zapatero tuvo tantos enemigos externos como internos, especialmente de la vieja guardia felipista, instalada en el más absoluto inmovilismo. Además de todos los obstáculos, el gobierno Zapatero, como todos los ejecutivos europeos del momento, fue víctima de la crisis de 2008 y de las políticas de austeridad impuestas desde Berlín. Y fue con el PSOE todavía en el gobierno cuando surgió el movimiento de los Indignados, llamado aquí "el 15-M", que más tarde desembocaría en la irrupción de un nuevo partido a la izquierda del PSOE.

Los poderes fácticos del Estado no desistirán hasta derriba a Pedro Sánchez, salvo que el presidente tome alguna determinación que los neutralice. Y genera dudas, porque ha cumplido con la amnistía, pero aún no se ha atrevido a derogar la ley mordaza y era un compromiso electoral del primer minuto

De 2011 a 2018, Mariano Rajoy, como presidente del gobierno, reanudó la ofensiva reaccionaria sin demasiada resistencia del Partido Socialista, lo que propició la emergencia del nuevo partido Podemos, que en algunas encuestas llegó a aparecer como posible ganador de unas elecciones generales. La deriva socialista se parecía mucho a la de otros socialistas europeos, que —a pesar de su trayectoria histórica— habían desaparecido del mapa. Solo faltó que los socialistas del establishment derribaran a Pedro Sánchez para facilitar una nueva investidura de Rajoy, para que los militantes socialistas se rebelaran contra la vieja guardia y volvieran a situar a Pedro Sánchez en la secretaría general en condiciones de plantear una moción de censura a un Mariano Rajoy abrumado por los casos de corrupción de su partido. Aún entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba rechazaba la articulación de esa mayoría parlamentaria con ex comunistas e independentistas vascos y catalanes, bautizándolo como un "Gobierno Frankenstein". Significativamente, el diario El País primero tituló su editorial como un “Gobierno inviable” y al cabo de una semana, con Sánchez en la Moncloa y una nueva directora, el título del editorial fue “Un buen gabinete”. No obstante, Pedro Sánchez, haciendo de la necesidad virtud, como dice él mismo, que es como decir por pura supervivencia, supo leer la nueva partitura de la política y de la sociedad española.

Durante mucho tiempo, PSOE y PP han ejercido como partidos, digamos, dinásticos, que estaban de acuerdo en lo fundamental y tenían el apoyo de vascos y catalanes porque a todos ya les iba bien, pero la derecha española, siempre nostálgica, ha tenido la necesidad de retroceder hasta un punto que nadie podía acompañarla, propiciando además la creación de un clima de radicalización que ha tenido como resultado una escisión, la que representa Vox y que hace irreversible el cambio del paradigma político español. La derecha es más derecha; los soberanismos gallegos, vascos y catalanes son más exigentes y el PSOE no tenía más remedio para seguir existiendo que adaptarse a la nueva realidad, es decir, demostrar que PP y PSOE no son lo mismo, que era lo que sostenían los Indignados, los soberanistas e independentistas, pero también decepcionados militantes socialistas.

Así que la amnistía no solo era una necesidad de Pedro Sánchez para mantenerse como presidente, sino una necesidad estratégica del PSOE para no desaparecer y que le permite liderar a la mayoría progresista española. "Españoles, el PSOE ha muerto" titulaba este mismo jueves un nostálgico columnista del diario El Mundo, y no. Lo que ha cambiado es ese PSOE subalterno de los poderes fácticos del Estado, más tolerante con los recortes de derechos y libertades que con las reivindicaciones de su propia clientela. Parecía un partido totalmente innecesario y empezaba a oler a cadáver. Ahora, de la mano de Pedro Sánchez, ha tenido un resurgimiento que ya veremos cuánto durará. El actual líder socialista ha sido capaz de arrebatarle el poder a la derecha dos veces sin haber ganado las elecciones. Ha tomado decisiones, como la amnistía, que ha hecho tambalear todas las instituciones del Estado. De hecho, ha sustituido a Carles Puigdemont como el auténtico enemigo público número 1 de los poderes fácticos del Estado, que no desistirán hasta derribarlo, salvo si el presidente toma alguna determinación que los neutralice. La batalla acaba de empezar y Sánchez solo sobrevivirá si demuestra más fortaleza que sus adversarios y a veces hace dudar porque ha cumplido con la amnistía, pero, sin ir más lejos, aún no se ha atrevido a derogar la ley mordaza y era un compromiso electoral del primero minuto.