¿Sabía el CNI que el imán de Ripoll preparaba un atentado, como ha declarado en sede parlamentaria Mohamed Houli Chemlal, el único superviviente de la trama yihadista? No es necesario caer en teorías conspirativas. Los terroristas son los únicos culpables del daño que hacen, pero el éxito de un atentado es el fracaso de los servicios de seguridad que son los encargados de proteger a los ciudadanos. Y para que fracasos como los atentados de la Rambla y de Cambrils no vuelvan a repetirse, conviene conocer qué errores se han cometido. Y la verdad es también una exigencia del respeto a las víctimas. Sin embargo, en este caso, el Estado se niega sistemáticamente a dar a conocer toda la verdad, dando pie a todo tipo de sospechas.
Y es el Estado en su conjunto quien está alimentando todas las sospechas imaginables, quizás para protegerse a sí mismo. Ahora es el Gobierno más progresista de la historia el que se niega a desclasificar los documentos secretos que podrían aclarar unos hechos que sucedieron cuando gobernaba el Partido Popular. Pero el interés en dar carpetazo al asunto es más general. Incluye a otros grupos políticos y medios de comunicación, como se ha puesto de manifiesto en el tratamiento de la declaración de Mohamed Houli, que coincide con la que antes ya había hecho otro delincuente, el comisario Villarejo.
Como es sabido, la constitución de la comisión parlamentaria de investigación sobre los atentados del 17-A no ha sido un ejercicio de transparencia, sino una concesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Junts per Catalunya a cambio de su apoyo en otras cuestiones. Pero basta con asistir a las reuniones de la comisión para constatar el escaso interés de los diputados por obtener nuevas informaciones y de los medios del establishment para seguirlas. El jueves, en la reunión de la Comisión en la sala Prim del Congreso de los Diputados había pocos diputados y pocos periodistas. Solo los medios audiovisuales tuvieron interés en el morbo de la operación policial de la entrada al Congreso de Mohamed Houli esposado. Enseguida, los diputados del PP se escandalizaron por dar voz al terrorista condenado y se marcharon. Otros miembros de la comisión, una vez Houli dijo que el CNI conocía lo que preparaba el imán de Ripoll, prefirieron no hacerle preguntas. Parecía que preferían que el condenado no dijera más. Y los más activos demostraron que su único objetivo era desacreditar la declaración de Houli. Solo la diputada Pilar Calvo superó su tiempo de intervención porque llevaba preparado un cuestionario sobre los hechos y circunstancias de los atentados.
No hay pruebas que demuestren la veracidad de lo que dice Houli ni de lo que antes dijo Villarejo, pero todo podría resolverse si se desclasificaran todos los documentos y se conociera el contenido de las conversaciones del imán con los componentes de la célula y sus interlocutores del CNI y de la Guardia Civil. De lo contrario, las sospechas y las teorías son inevitables
Una comisión de investigación no es un debate parlamentario. Los llamados a comparecer no son adversarios ni interlocutores políticos. Tienen que declarar y responder a lo que les piden. Los diputados no tienen por qué opinar allí mismo sobre las respuestas del declarante, porque lo que les corresponde es aportar sus conclusiones al informe final de la comisión. El jueves dio la impresión de que nadie esperaba que Houli implicara al CNI, e hicieron mangas y capirotes para neutralizar el titular que había dado. Y obviamente los medios oficialistas relegaron la información dándole el espacio propio de hechos intrascendentes. El tema no interesa.
La reunión de la comisión tuvo otro misterioso hecho, también poco destacado. Tras Houli debía declarar Gerard Gustave Gaston Trouvay, el vecino que había declarado haber visto cómo huía la furgoneta del imán de Ripoll justo antes de la explosión de Alcanar, y que dio pie a la teoría, sustentada por una abogada de los acusados, según la cual no es seguro que Abdelbaki es-Satty hubiera muerto. Gaston Trouvay no se presentó a la comisión como estaba previsto y no fue posible localizarlo. El viernes tampoco nadie sabía nada.
Ciertamente, no hay pruebas que demuestren la veracidad de lo que dice Houli ni de lo que antes dijo Villarejo, y son personas de entrada poco creíbles, pero todo se podría resolver si, como se ha pedido, se desclasificaran todos los documentos y se conociera el contenido de las conversaciones del imán con los componentes de la célula y con sus interlocutores del CNI y la Guardia Civil, pero como esta información se esconde, pues las sospechas son inevitables. Uno de los miembros de la comisión, que no pertenece a ninguno de los grupos catalanes, rechazaba categóricamente la teoría conspirativa. “Fue un caso de negligencia —decía— porque estaban centrados en encontrar urnas y descuidaron el resto”. Pues vaya.
P. S. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación contra la expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Es un hecho sin precedentes una condena tan cruel a una persona que, tal y como reconoce la propia sentencia, ni se ha enriquecido ilícitamente, ni ha causado pérdida alguna al erario público. En este caso, el ensañamiento no es una sospecha, es una obviedad, una injusticia que cae también sobre la conciencia de falsos demócratas que por miserable partidismo la han justificado.