Las instituciones del Estado democrático tienen por norma garantizar derechos y libertades, pero ocurre a menudo que las instituciones van por un lado y algunos organismos del propio Estado van por otro, más expeditivo y sin escrúpulos de ningún tipo. Tenemos bastantes ejemplos de aquí y de todas partes que nos lleva a preguntarnos si no será que el Estado es malo por naturaleza.

Ahora mismo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado archivar definitivamente la investigación abierta por el juez Joaquín Aguirre contra el president Puigdemont y otras doce personas por un delito de alta traición. El juez los acusaba de participar en la llamada “trama rusa” del procés soberanista, la de los 10.000 soldados rusos que debían venir para asegurar la independencia de Catalunya. Tan interesante como el archivo de la causa es la dura amonestación que hace la Audiencia contra el juez, viniendo a decir que se lo había inventado todo.

Dice el tribunal que la decisión de Aguirre de seguir investigando supone “un fraude de ley” y le advierten que debería afrontar responsabilidades de seguir planteando “imaginativas soluciones y alternativas procesales no contempladas en las leyes”, porque, según la Audiencia, Aguirre utilizó un “subterfugio procesal” con un acto relleno de “consideraciones generales” y donde mezcla “trabajos doctrinales y periodísticos, divagaciones sobre cuestiones personales y filosóficas y opiniones personales”. Para más inri, el juez Aguirre se fue a un canal de televisión alemán a divulgar el invento de la trama rusa y justo después trascendieron audios en los que confirmaba que todo lo hacía para derribar el Gobierno de Pedro Sánchez. Serían suficientes las evidencias como para procesar a Aguirre por prevaricación, que significa tomar decisiones injustas sabiendo que lo son, pero todo el mundo sabe que a Aguirre no le pasará nada y gozará de buen salario y buena jubilación, a pesar de haber hecho “fraude de ley”. ¿Por qué?

La Audiencia de Barcelona certifica que la trama rusa del procés fue un invento del juez Aguirre, pero formaba parte de una estrategia política para convencer a Estados Unidos, que se negó a condenar el referéndum del 1 de octubre

Aquí tenemos un choque entre dos instancias judiciales, pero resulta que el juez Aguirre no actuó solo. De hecho, solo canalizaba una estrategia política organizada contra adversarios políticos iniciada todavía en tiempos del Gobierno del Partido Popular y continuada por el CNI en época socialista ante el apoyo poco entusiasta de Estados Unidos.

Cuando en 2017 Mariano Rajoy visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, poco antes del referéndum del 1 de octubre, el presidente español se encontró con que Estados Unidos apoyaba la unidad de España, pero se negaba a condenar el referéndum. Incluso la Moncloa tuvo que intervenir para modificar los titulares de los medios del establishment. “He estado observando el desarrollo de los acontecimientos —dijo Trump— y nadie sabe si votarán, creo que el presidente [Rajoy] diría que no votarán, pero creo que la gente se opondría mucho a eso”. Trump estaba mejor informado. La tesis del Departamento de Estado era que había que dejar votar porque era un ejercicio democrático y tenían datos suficientes como para estar seguros de que ganaría el “no” a la independencia, como ocurrió en Escocia en 2014.

El mismo día de la reunión de Trump y Rajoy en la Casa Blanca, en el briefing cotidiano del Departamento de Estado, un periodista preguntó por el referendo en el Kurdistán iraquí, previsto para unos días antes que el catalán. La portavoz, Heather Nauert, dejó claro que Estados Unidos no apoyaba ese plebiscito y que no reconocería su resultado. Y entonces el mismo periodista repreguntó. ¿Y el referéndum catalán? Y la portavoz dijo que “son diferentes”. No solo no lo condenó, sino que vino a decir que tendrían buenas relaciones con quien ganara. Esta posición de Estados Unidos alarmó no solo al Gobierno sino al Estado español y una manera de convencer a Estados Unidos y Europa era implicar a Rusia (y a Venezuela) en el procés catalán, cuando a ambos lados del Atlántico las injerencias rusas ocupaban la agenda mediática.

La ofensiva fue brutal y no se ha detenido porque interesaba mucho crear un estado de opinión a nivel internacional, dado que aún están por llegar sentencias de tribunales europeos. La eurodiputada catalana del Partido Popular, Dolors Montserrat, ha ejercido de abanderada en Bruselas y Estrasburgo. Incluso el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, a saber por qué misteriosa razón o a cambio de qué también se apuntó al ataque contra Puigdemont, cuando lo que se buscaba era el descrédito del movimiento independentista en su conjunto.

Algunos políticos como Dolors Montserrat o Gabriel Rufián tendrían que disculparse ahora y también The New York Times, que se prestó a la guerra sucia

Todos los medios de referencia españoles se explayaron al publicar la fake news, pero también The New York Times se prestó a ello. El delegado del diario en Madrid se negó a escribir lo que pretendían dictar las fuentes de la inteligencia española y el diario tuvo que encargar el panfleto a un periodista gallego bien relacionado con los espías españoles, que firmaba el texto junto a un especialista en temas rusos que aportaba el background del comportamiento habitual de Moscú (Quizás el Times tenga ahora la decencia de disculparse).

Sin embargo, el Estado no rectifica, convencido de que su función es imprescindible para mantener un determinado statu quo —sea la integridad territorial o la monarquía—, perpetra actividades ilegales y utiliza sumas millonarias de fondos reservados pagados por los contribuyentes, a veces cubierto por una estructura politicojudicial que lo ampara y a menudo con absoluta impunidad, como ha trascendido en el caso del espionaje al president Pere Aragonès y a otras personas no solo del ámbito político. La policía catalana, los Mossos d’Esquadra, han descubierto ahora que, durante un tiempo, el espionaje a Aragonés y otras personas se hizo sin autorización judicial. Ha tenido que ser un periodista americano del New Yorker, Ronan Farrow, quien ha explicado el uso ilegal del sistema Pegasus en todo el mundo, pero especificando que “en España es donde está el mayor grupo de personas de la sociedad civil que han sido espiadas”. Lógicamente, el documental ha tenido mucho eco en Estados Unidos, donde un presidente tuvo que dimitir por un caso de espionaje, mientras que en España prácticamente se ha silenciado su existencia, lo que pone de manifiesto una cierta connivencia de los medios principales con la razón de Estado que es lo que siempre se utiliza para justificar barbaridades.

Llegados a este punto, dado que la razón de Estado se aplica independientemente de qué partido gobierne, la duda ya la plantearon los viejos anarquistas. ¿El Estado es amigo o enemigo? Voltaire ya avisó de que “es peligroso tener razón cuando el Estado se equivoca”. Anden con cuidado y tengan una feliz Navidad.