La opción de Salvador Illa no es la neutralidad. Cuando se niega a pronunciar el término Catalunya Nord en sede parlamentaria y recurre al término este territorio, de la misma manera que lo rehúsa el delegado de la Generalitat en Perpinyà argumentando que se tiene que mantener la "neutralidad institucional", no está instaurando la mediocridad administrativa o legalista. En un primer momento lo parecía: la propuesta del PSC de Illa implicaba acogerse a la legalidad vigente, de manera que todas sus acciones pudieran encontrar una justificación en la limitación legal, es decir, en el "consenso democrático oficial". Habría sido un buen recurso, este: ante la duda, ver qué dice la ley y argumentar que su gobierno no irá más lejos para evitar problemas e ir al grano. Sería lo que correspondería a ir a recibir al rey de España, o a acudir a las reuniones de presidentes autonómicos, o a hacer cumplir las sentencias judiciales sobre la enseñanza en catalán: orden, obediencia a la ley y respecto a la institucionalidad oficial. El problema es que las costuras se rasgan tan pronto, o bien son tan torpes en el relato, que enseguida se acaba viendo que su voluntad de neutralidad solo es una excusa o bien una mentira. No, no hay neutralidad en ninguna de las acciones de Illa: lo sabe él, lo sabemos nosotros y ahora ya no lo puede disimular nadie.
“Este territorio” es una nación y la Catalunya Nord forma parte de ella digan lo que digan las normas regionales o estatales francesas
No solo el nombre de Catalunya Nord es oficial en el Estado francés (el Consejo General de los Pirineos Orientales aceptó esta denominación como equivalente a Pyrénées-Orientales): también era perfectamente legal no poner la bandera española en el despacho de la presidencia, como es perfectamente legal hablar siempre en catalán en sede parlamentaria o es perfectamente legal no hacer babosas reverencias ante el rey. También es legal decir que Catalunya es una nación, que es una cosa que hemos oído en boca de Pedró Sánchez, pero nunca (nunca en la vida) en boca de Salvador Illa, o hacer una ronda de propuestas para decidir el nombre del aeropuerto en lugar de imponerlo unilateralmente al día siguiente del conflicto del 2017, con el fin de marcar de forma clara, más que marcar ninguna legalidad vigente, quién había ganado la partida. También es legal ir a ver al presidente Puigdemont a Waterloo o precisamente a la Catalunya Nord, o promover los aceites autóctonos en lugar de los de Jaén, o dejar que la mitad independentista de Catalunya pueda sentirse identificada y sin censuras con la programación de TV3, o reclamar al Estado con un mínimo de contundencia un servicio digno de Rodalies. Todo esto si se quiere estar perfectamente sujeto a la legalidad vigente, claro, y poner esta condición como máxima de la acción gubernamental. En cambio, y con la excusa falsa del orden y la ley, lo que hace Illa es imponer poco a poco la agenda de Sociedad Civil Catalana. Sin rubor. O bien, si es con rubor, sin saberlo ni poder esconderlo.
"Este territorio" es una nación, por mucho que no lo disponga ninguna norma autonómica ni estatal, y la Catalunya Nord forma parte de ella digan lo que digan las normas regionales o estatales francesas. Defender lo contrario en nombre de la legalidad no deja de ser exactamente eso: defender lo contrario. No tiene nada de neutral, ni de oficial, ni de consensuado, sino que pretende precisamente estancar las limitaciones donde están ahora y no dejar que nada crezca más allá, o aparte, o a pesar de ellas. Es intentar provocar la asfixia por una prolongada falta de oxígeno, sin saber que no ha habido ninguna ley en trescientos años que haya impedido que Catalunya (entera) se manifieste exactamente como aquello que es, y no como aquello que los borbones del sur y los jacobinos del norte piden sentir. Habría podido pasar lo contrario: habría podido suceder que, con la instauración de la democracia y la autonomía en el año 78, Catalunya se conformara en ser una comunidad autónoma y en celebrar que la bandera española cuelgue de los balcones de los ayuntamientos por decreto real, o que el aeropuerto tenga un nombre anticuado y conformista. No sucedió en el 2017 y tampoco sucede ahora, como tampoco sucede que el catalán (como afirmaba el delegado) no se hable en la Catalunya Nord, ni sucede que no exista la Catalunya Nord, ni sucede que nos gusten las cosas como están, hagan lo que hagan las entidades bancarias y se aplique o no se aplique el 155. Nada no se normaliza, ni se neutraliza, ni se institucionaliza, solo porque unos gobernadores civiles "de un territorio" lo deseen. Hace trescientos años que lo demostramos, y ellos hace trescientos que demuestran que no quieren hacer caso. Pero pasará Salvador Illa, pasarán los regímenes y las leyes, pasarán las constituciones y los delegados y las financiaciones singulares y los trenes de la bruja averiada, y "este territorio" no habrá dejado de ser exactamente lo que es. Todos aquellos que no han querido entenderlo pueden haber tenido unos añitos de gloria, o de un poder relativo, pero nunca ha durado mucho.