El presidente está mudo. ¿Qué tendrá el presidente? A punto de cumplirse dos meses de su celebrada victoria electoral, no ha tenido a bien explicar a los españoles cómo piensa afrontar su próxima investidura. La prensa especula porque carece de información más allá de lo que emite oficialmente Ábalos, Lastra, Calvo o Celaá. Y no siempre coinciden. Un día hablan de la vía navarra; otro amenazan con repetir elecciones y al siguiente, dejan caer que Sánchez explorará todas las fórmulas posibles, incluida la de un acuerdo con Podemos con la abstención de ERC.
Pocos saben qué trama Pedro Sánchez, y los que lo saben no están autorizados a dar demasiadas pistas. Los ministros elucubran tanto como los informadores. Y no digamos ya los diputados socialistas, a quienes ahora instruyen sobre cómo defenderse de los periodistas. La nueva era de la comunicación política amenaza con llenar de drones el patio del Congreso y sacar tarjeta roja a quienes hablen con un “plumilla”. Ahora resulta que la información es una amenaza para la democracia, y no un derecho constitucionalmente reconocido. Y el que hable será castigado con todos los males del infierno. Ha ocurrido en el PSOE, pero es habitual también en el PP y en Ciudadanos. Los de VOX ya sabemos cómo las gastan, pero al menos no se dan golpes de pecho de demócratas.
No hace falta irse a los países autoritarios para comprobar cómo y de qué manera se cercena el derecho a la información incluso en las democracias plenas. También en la nuestra
De transparencia, mejor ni hablamos porque si entramos en ello alguien debería dar una respuesta sobre dónde nos lleva el debate sobre un documento de gobierno firmado entre el PP y VOX para la investidura de Martínez-Almeida del que llevamos una semana hablando sin conocer su contenido.
El respeto de partidos, gobiernos y directores de comunicación por la libertad de prensa nunca pasó, salvo honrosas excepciones, de mera retórica. España no es una excepción sino un país más donde ciertos dirigentes alientan la hostilidad hacia los medios. Está en los informes elaborados por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cada año evalúa la situación del periodismo en 180 países, y está en el día a día de la política. No hace falta irse a los países autoritarios para comprobar cómo y de qué manera se cercena el derecho a la información incluso en las democracias plenas. También en la nuestra.
Cada vez más jefes de Estado elegidos de forma democrática ven a la prensa, no ya como uno de los pilares fundamentales de la democracia, como denunció hace un año RSF, sino como un adversario frente al cual muestran abiertamente su aversión.
Con la llegada de Trump, Estados Unidos, el país de la Primera Enmienda, ya ocupa el lugar 45 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. España aparece en el puesto 31, por detrás de Cabo Verde, Namibia o Letonia. Mal vamos si, como todo apunta y proclaman algunos sin el más mínimo sonrojo, los reporteros no son más que los “enemigos del pueblo”. La frase la empleó Stalin, pero en algunas direcciones de comunicación de la España multipartidista ya la han hecho propia. Seguimos para bingo…