La frase hecha viene de los años sesenta, de Uruguay, cuando en plena depresión económica y social todo el mundo emigraba a Argentina. Tal fue el éxodo que llegó a temerse que el país quedara despoblado. Y fue en ese contexto en el que una mañana cerca del aeropuerto de Carrasco de Montevideo apareció un grafiti que decía El último que apague la luz.
Aunque las secuelas van para largo, hace tiempo que los indicadores de crecimiento dicen que España ha salido de la crisis económica, no así de la política. Y ahora viene el descrédito de la justicia. Primero fue lo del Supremo y las hipotecas: la banca por encima de los ciudadanos. Luego, el pacto de la vergüenza que el PP y el PSOE —sin un atisbo de crítica desde Podemos— alcanzaron para repartirse el “pastel” del órgano de gobierno de los jueces y ahora la indignidad de unos wasaps en los que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, relata cómo, por qué y para qué su partido cerró el acuerdo: para “controlar desde detrás” la sala segunda del Tribunal Supremo, que juzgará a los independentistas presos.
El “elegido” para presidir el CGPJ y el Supremo, el magistrado Manuel Marchena —que abandonaría la presidencia de la sala que juzgará a los responsables del procés— ha sentido tanta vergüenza que se ha visto obligado a renunciar al máximo órgano de gobierno de los jueces, después de que el popular escribiese semejante y abyecta confesión y trascendiera a los medios de comunicación.
El único acuerdo institucional entre socialistas y populares ha saltado por los aires y se agrava aún más la profunda crisis por la que atraviesa la justicia
La crisis estalla en un momento en que la credibilidad de los jueces, tras el escándalo de las hipotecas, está por los suelos; con una ministra, Dolores Delgado, reprobada por el Senado exactamente igual que antes lo fue por el Congreso su antecesor, Rafael Catalá —que también estuvo en la melé de la negociación para renovar el CGPJ—, y a las puertas del juicio más importante de cuantos ha habido en democracia.
El PP y el PSOE se culpan mutuamente de lo ocurrido, después de que los populares hayan dado por roto el acuerdo. Unos, que la culpa es del Gobierno por dar a conocer el nombre del presidente del CGPJ antes de que se conociese el de los vocales. Otros, que los populares no son de fiar. El caso es que el único acuerdo institucional entre socialistas y populares ha saltado por los aires y se agrava aún más la profunda crisis por la que atraviesa la justicia.
Y al presidente Sánchez solo se le ocurre pedir la renuncia de Cosidó, emplazar al PP a que vuelva al pacto de la vergüenza y reprochar al portavoz popular en el Senado su sentido patrimonialista de la justicia, como si el PSOE hubiera sido un convidado de piedra en esa bochornosa negociación.
Que Cosidó no pueda estar un minuto más en su responsabilidad institucional y que Casado esté obligado a apartarlo no convierte en digno lo indigno. Y el acuerdo de marras fue una gran indignidad con la que, una vez más, el PSOE y el PP pretendían controlar a su antojo el poder judicial. O cambian, y lo hacen ya, el sistema de elección en la carrera judicial para que el Consejo Superior del Poder Judicial no sea una extensión del Parlamento y los magistrados no deban sus ascensos a los partidos o un día de estos en la fachada de calle del Marqués de la Ensenada alguien escribirá también “el último que apague la luz”.
P.D. Y, mientras tanto, si los jueces no tomaran decisiones en función de los intereses de quienes los propusieron para el cargo, mejor iríamos. Ellos son tan responsables como los políticos del descrédito que los corroe.