Aviso al lector: las siguientes líneas pueden herir su sensibilidad democrática, salvo que haya votado a Vox o tenga decidido hacerlo en las próximas convocatorias electorales. Sólo en ese caso igual es capaz de no estremecerse, sonrojarse, avergonzarse o preguntarse qué coño de locura es el documento que el partido de Santiago Abascal ha puesto como condición para apoyar en Andalucía un gobierno de PP y Ciudadanos.

Lean, lean, porque los de la ultraderecha española ya han puesto negro sobre blanco sus intenciones de declarar una guerra abierta, entre otros, a mujeres, inmigrantes, homosexuales y periodistas. Seis folios y 19 puntos que pasan, claro está, por desmontar desde dentro la autonomía andaluza.

Vox quiere expulsar a 52.000 inmigrantes del sur; que los extranjeros en situación irregular ―las personas nunca son ilegales― no reciban ayudas; crear una Consejería de Familia y Natalidad; que se devuelvan las competencias en Sanidad, Educación, Justicia y Orden Público al Estado y que se permita a los padres excluir a sus hijos de cualquier actividad con “carga moral o ideológica”.

Hay más: que el presidente de la Junta defienda a Vox de los ataques de políticos y periodistas en una solemne declaración institucional; que se deroguen las leyes contra la violencia machista y LGTB; proteger la Semana Santa, el folclore, los toros y la caza, y eliminar las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales.

El debate sobre si Vox es un partido de ultraderecha o derecha populista resulta estéril, lo que son es un peligro para la democracia

Todo esto, previa liquidación del 28-F, símbolo de la autonomía andaluza, para sustituirlo por el 2 de enero en conmemoración de la Toma de Granada y la culminación de la Reconquista. Ahí es nada. Les ha faltado exigir una ley que obligue a los andaluces a poner un torito y una flamenca en los comedores de sus casas.

¡Cómo será el texto para que el PP haya dicho que es un auténtico despropósito que no puede aceptar! Y no es para menos, porque el partido de Casado está a punto de implosionar. El guipuzcoano Borja Sémper, el gallego Núñez Feijoó y alguno más ya han elevado la voz contra los primeros guiños de la dirección nacional a las pretensiones de Vox para equiparar violencia doméstica con violencia machista.

Lo que extraña es que con semejante factura pasada a cobro a cambio del apoyo de 12 diputados, los de Pablo Casado no se hayan levantado de inmediato de la mesa de negociación. Claro que para perplejidad la que despierta también que sean los dirigentes nacionales del PP, sin la presencia del candidato Juan Manuel Moreno Bonilla, quienes tutelen desde Madrid, y sin luz ni taquígrafos, la negociación para sumar apoyos a la investidura y la posterior formación de gobierno. ¡Jamás se vio una humillación mayor a un aspirante a presidente ni un desprecio más grande a una autonomía!

El debate ya sobre si Vox es un partido de ultraderecha o derecha populista resulta estéril. Lo que son es un peligro para la democracia y un torpedo en la línea de flotación del orden constitucional. Y aún dicen que los de Abascal están dentro de la Carta Magna y que Sánchez es un “radical de izquierdas”. Deberían hacérselo mirar porque esto ya no va de gobiernos, sino de democracia y de si la queremos o no preservar.