Cuando la izquierda recuerda los logros del primer gobierno de Zapatero acostumbra a incluir entre ellos la ley de memoria histórica, un texto que once años después aún levanta ampollas en un sector de la derecha española. Lo que la memoria esconde es que aquella fue una norma reclamada por ERC y que el PSOE aceptó impulsar porque entre 2004 y 2008 dependía de los votos de los republicanos para tener mayoría en el Congreso de los Diputados. De lo contrario, quién sabe cuánto tiempo más las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo hubieran tenido que esperar para ver reconocidos algunos derechos por haber padecido persecución o violencia. Felipe González se opuso a legislar al respecto durante sus más de 14 años en la presidencia del Gobierno con el argumento de que no convenía remover viejos rescoldos bajo los cuales seguía habiendo fuego.

La memoria olvida —o esconde— también que Zapatero transigió con los deseos del PP de no remover el pasado del Valle de los Caídos para no molestar a la Iglesia Católica y satisfacer el deseo de los monjes benedictinos, a cuya orden el dictador encomendó la gestión del monumento de la vergüenza y el horror allá por 1957, y que cada año le cuesta a las arcas públicas más de 700.000 euros.

La ley eximió de la obligatoriedad de retirar los símbolos franquistas a todos los edificios de la Iglesia si concurrían razones artístico-religiosas. Pero detrás de aquella transaccional, pactada en el último trámite de la ley, no había más que el empeño de excluir de la norma al Valle de los Caídos, más allá de lo que llamaron la obligada y nunca cumplida “despolitización” del recinto, ya que cada 20 de noviembre, allí se conmemora una misa en recuerdo del  dictador.

Todo gracias a la presión ejercida durante la tramitación de la ley del que fuera ponente por el PP y después ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hombre de profundas convicciones religiosas, miembro del Opus Dei y habitual de la meditación en el Valle de los Caídos junto a sus amigos los monjes benedictinos.

El principio de separación entre Iglesia y Estado sigue siendo una asignatura pendiente en España

La derecha pactó el disenso a cambio de que Zapatero “aparcara” el futuro del Valle de los Caídos y la sempiterna polémica sobre el traslado de los restos del dictador. El expresidente claudicó a los deseos de la Iglesia y de Fernández Díaz, recibió por ello todo tipo de elogios de algunos medios de comunicación con los que el exministro guardaba una estrecha relación y demostró, pese a su declarada apuesta por el laicismo, que el principio de separación entre Iglesia y Estado sigue siendo una asignatura pendiente en España. De lo contrario, hace tiempo que los benedictinos hubieran salido de Cuelgamuros, no hubieran podido resistirse al dictado de la justicia para exhumar los restos de los represaliados por el franquismo, ni Patrimonio lo hubiera permitido.

Recuerden cuál fue el primer acto público y quién lo organizó al que Zapatero acudió tras salir de La Moncloa en 2011, y verán el agradecimiento que la Iglesia Católica profesaba ya entonces a un expresidente al que durante mucho tiempo dibujó como un auténtico “comecuras” que iba a romper España y resucitar todos los demonios de la guerra. ¡Cuánto fariseísmo!

Y aquí, el fondo de la polémica que estos días se vive en el Valle de los Caídos.

De aquellos polvos…