Bajo el título “Should politicians be prosecuted for their statements in the exercise of their mandate?”, y estableciendo diversas recomendaciones hacia Turquía y España, el 21 de junio de 2021 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa establecía un guión de pasos a seguir que, pasando por la derogación o reforma de los delitos de sedición y rebelión y los indultos hacia los políticos independentistas catalanes, entre otras medidas, en la cláusula final establecía la necesidad de que España estableciese un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Catalunya, sin recurrir al código penal pero con respeto al orden constitucional y los derechos humanos, para “resolver las diferencias políticas incluso en temas sensibles”.

La resolución era el inicio de la rectificación española, ordenada por una instancia internacional, y se centraba en el abandono de la represión. Desnudaba a España de manera bastante evidente, añadiendo una advertencia general a todos los estados europeos (tan personalizado no podía ser) a “liberar sin demora a todos y cada uno de los políticos que cumplan la definición de la Asamblea de presos políticos”. La resolución tampoco se podía permitir incluir nada que sobrepasara el orden constitucional español ni lo pusiera en cuestión, si no era la referencia a los derechos humanos. Al día siguiente Pedro Sánchez anunciaba los indultos y desde entonces hasta ahora se han liberado a los presos políticos, se ha reformado el Código Penal (con éxito irregular) haciendo desaparecer los delitos de sedición y rebelión, se han creado mesas de diálogo y mesas de negociación, se han detenido las euroórdenes y se ha registrado una ley de amnistía. Es decir, España enmienda sus leyes y pone indirectamente en discusión a sus jueces sin admitir explícitamente que haya habido una causa general, o que se hayan cometido abusos de autoridad (que es algo que, si acaso, ya corresponderá a los tribunales). A partir de ahí, empezamos a hablar.

Veremos dónde lleva esta negociación, pero blindar la autonomía ya nunca será suficiente y el “reconocimiento nacional”, si no cuenta con un DNI propio, no será ningún reconocimiento nacional

Y esta es la gran pregunta: ¿comenzamos a hablar, o bien se acabó el tema? ¿El “sit and talk” hace referencia sólo al cese de los abusos, o bien a resolver al gran conflicto? Si hacemos caso de la resolución del Consejo de Europa, “resolver las diferencias políticas en temas sensibles” debería hacerse dentro del orden constitucional y respetando los derechos humanos. La parte más valiente o interesante del acuerdo firmado entre Junts y el PSOE no es por tanto la ley de amnistía, por mucho que subleve la sociedad española, sino la voluntad de contribuir a resolver el pleito “sobre el futuro político de Catalunya” (en concreto, su reconocimiento nacional y su financiación) y hacerlo “en términos diferentes a los de la última legislatura”, estableciendo una metodología de negociación que incluye un mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento que será internacional (o vete a saber si más que internacional), donde Junts defenderá la autodeterminación y el PSOE el desarrollo del Estatut. Ahora bien: ¿con qué fuerza comienzan ambas partes a negociar?

La parte española ha quedado sin rehenes (salvo casos de lawfare que pueden quedar lamentablemente irresueltos) y con pocos recursos legales para la represión, si bien cuenta con la inestimable imprevisibilidad de los jueces, que en España, cuanto más “independientes” son, más miedo dan. Dicho de otra forma: si el referéndum unilateral se hiciera hoy, o se hiciera la DUI, la capacidad legal del Estado para reaccionar con abuso de autoridad sería infinitamente menor. Por otro lado, el movimiento independentista llega a esta negociación cansado y dividido, sin ánimo ni pretextos suficientes para plantear unilateralidades, es decir sin momentum, y por tanto, resignado en buena parte a explorar una vía dialogada que si somos honestos no puede tener más garantías que las acordadas, y, si somos honestos también, tiene los mismos límites políticos, administrativos y jurídicos que tenía la demanda de un referéndum acordado antes de 2017 o de un nuevo Estatuto antes de 2010. Parece que ya conozcamos el final, ciertamente. Es más: yo apuesto porque todo se romperá antes de que acabe el 2024. Junts no se puede permitir llegar a las elecciones catalanas con tantos “quizás”. Por otra parte, también es cierto que Pedro Sánchez no puede permitirse perder el apoyo de Junts. Están por tanto condenados a avanzar, como si fueran las partes de un acuerdo de paz. Arrastrando los pies.

Por lo que respecta a lo que yo pienso. Estos días veía a los especiales del TN desde el Congreso, con estas conexiones desde la fachada bien iluminada con leones y columnas, y sentía envidia. Hubo un momento en el que las investiduras catalanas tenían el mismo interés, la misma grandeza o al menos promesa de grandeza, sin necesidad de iluminación ni leones pero sí con un magnetismo derivado de la condición de pre-estado o de nación en pujanza. Los focos se fueron del Parlament a partir del 27 de octubre de 2017, porque una vez que admites la suspensión de tu autonomía, esto significa que tu autonomía es de papel. Veremos dónde lleva esta negociación, pero blindar la autonomía ya nunca será suficiente y el “reconocimiento nacional”, si no cuenta con un DNI propio, no será ningún reconocimiento nacional. Plurinacionalidad es esto (y todo lo que comporta) o no es nada, porque lo que hay que negociar es el regreso de la soberanía de Catalunya. Por eso mi pronóstico es que el mediador internacional, por angelical y bienintencionado que sea, acabará arrojando los papeles al fuego y deseando a ambas partes el mejor de los divorcios.