Se acabó la centralidad. Y con ella, toda posibilidad de pactos de Estado a corto plazo. Aunque de ello dependa el funcionamiento de la Justicia y el impacto sobre los ciudadanos y el Estado de Derecho. El partido que dice defenderlo lo hace incumpliendo un mandato Constitucional sobre un poder del Estado que debe garantizar. Todo un axioma de la política de oposición. El articulado de la Constitución no preveía que un partido de gobierno incumpliera el espíritu del mandato. Hay un vacío, una ausencia de mecanismo jurídico —como apuntan sectores de la judicatura— para hacer cumplir esa ley al PP. Y ni las asociaciones judiciales, ni los jueces o la sociedad civil pueden pedir amparo al Constitucional para que se garantice el normal funcionamiento y renovación del tercer poder que corresponde a la sociedad.

Con la voladura del acuerdo, el PP ha llegado tarde a su propio relato. Hay dos frases de Cuca Gamarra que lo corroboran. Este lunes en ABC: “Tenemos margen para crecer, hay votantes de Vox que se replantean su voto”. Seis días antes, en Espejo Público: “Son dos cuestiones donde el PP tiene un papel diferente (reforma de la sedición y el Poder Judicial). Si el PP fuera necesario para una reforma del Código Penal, el voto del PP impediría que se lleve a cabo este ataque al Estado de Derecho y votaremos No si este texto llega hasta el Parlamento”.

Sobre qué ocurrió en el espacio de tiempo entre ambos titulares se ha escrito mucho. Fue fundamental la presión de Madrid, desde el gabinete de Isabel Díaz Ayuso, azuzando a Génova a romper el pacto o los votos del PP se irían por el sumidero de cara a las autonómicas. Solo hizo falta un poco de presión y Feijóo regresó al lugar de donde salió Pablo Casado. El liderazgo de centro en busca de la transferencia de votos del PSOE ha vuelto al rescate de los votos de VOX. La tendencia de transferencia de votantes del PSOE —hasta 700.000— reflejada en el CIS desde mayo ha dejado de ser fiable tras el cierto frenazo demoscópico desde septiembre. Feijóo prefiere intentar el frentismo antes de arriesgarse a que el desgaste se consolide. Eso a pesar de negar una tendencia que las encuestas reflejan sin demasiada contundencia. 

Desde el Gobierno se lamentan por haber perdido al interlocutor válido del PP, ahora no saben quién es, dicen. Y aseguran mantener la puerta abierta para pactar la renovación del CGPJ. Buscar fórmulas desde la coalición más allá del bloqueo no es fácil. Desde el PP, Esteban González Pons vuelve a la metáfora. Si antes era “la última oportunidad de pareja”, ahora “las puertas están cerradas, pero sin llave”. 

De fondo, se está asumiendo como normalidad política que el PP vulnere la separación de poderes. El hecho de que Feijóo condicione su obligación Constitucional de renovar el CGPJ a pedir algo a cambio, en concreto, un chantaje sobre la agenda política del Gobierno, para ir más allá de su representación parlamentaria. Feijóo está queriendo normalizar que su papel como garante de la renovación de la Justicia vaya unido a una negociación paralela. El PP, como avisó Cuca Gamarra, puede votar en contra en el Congreso de una reforma del Código Penal que rebaje la carga penal del delito de sedición, pero no secuestrar la renovación por su estrategia política. El desgaste en la calidad democrática de España que apunta el ranking de The Economist también está relacionado con cómo conciben algunos su intervención en la Justicia.

¿Qué puede salir mal para el PP con la ruptura? El balance no es positivo. El PP rompe el pacto, comunicado mediante, y exime a Pedro Sánchez de toda responsabilidad en Europa. Tampoco evita que el delito de sedición se reforme y Feijóo debilita su imagen de líder nacional al haber mentido sobre su compromiso de acuerdo. Tampoco esperaba el PP la reacción contundente del propio Felipe González: “Es fácil de entender, primero cumple la ley y luego propones que se cambie. Pero no primero me la salto o la condiciono a no sé qué otra cosa. Eso no sirve para mejorar la democracia, ni mejorar la convivencia”. Como González, jueces conservadores están ya en la misma línea. 

¿Qué pretende ahora el PP? Utilizar la reforma del delito de sedición para intentar desgastar al PSOE en lo territorial. A falta de agenda política en Catalunya, se suma el intento de debilitar al PSOE enfrentando a los territorios, a los barones, con Pedro Sánchez. El anuncio del coordinador Elías Bendodo de presentar mociones en las Comunidades y ayuntamientos socialistas contra la reforma de la sedición es otro uso espurio de las instituciones que, en este caso, deben servir a la política regional y no nacional. 

Si las futuras encuestas refuerzan esta estrategia de repliegue a los tiempos de Pablo Casado, significa que no habrá ninguna posibilidad de políticas de Estado. No lo habrá en lo económico, donde el PP vuelve a ‘España se hunde’ aunque los datos económicos aguanten y el IPC nacional resista frente a la Eurozona. No lo habrá en lo social, a pesar de que el pacto de rentas o la Ley Trans necesiten un debate y aprobación transversal. Y tampoco en lo político, donde el intento de polarización será permanente. 

De momento, con o sin encuestas, se acabó la ilusión de grandes pactos. Y por si hay alguna duda de la ruptura de los consensos, el PP ni siquiera ha asistido al homenaje a las víctimas del franquismo. Ni Ayuso, ni Feijóo, ni Almeida. No han puesto excusas de agenda. Al salir del centro del tablero, no las necesitan.