"Todos los jueces, nacionales y supranacionales, han incrementado su poder; cada vez interfieren más intensamente en la tarea del legislador."
Jean-Éric Schoettl

Unos llegan al poder europeo acabando la fiesta y otros van a retarlo para empezarla. La fiesta de verdad comienza ahora, por muchas cuestiones, pero no es la menor la prisa acometida por las diversas instancias jurisdiccionales para hacerse cargo de la aplicación de la ley de amnistía. En broma les diría que pareciera que estaban acechantes, turnándose en la vigilancia de la publicación para notificar unas providencias que debían tener hasta preparadas; no son todas iguales ni todas denotan el mismo talante, porque se puede decir lo mismo con casi las mismas palabras pero de distinta manera, todo consiste en saber leerlo.

Analicemos en primer lugar la providencia de Susana Polo, la magistrada de la sala II llamada a instruir el loco asunto de Tsunami. Es bien escueta. Ni siquiera hace referencia al delito, o sea, que no sale de su ordenador la palabra terrorismo en modo alguno. Se contenta con pedir a las partes que informen sobre la aplicabilidad de la ley "a los hechos que en la presente causa se atribuye a los investigados". Chimpún. No hay cautelares ni hace mención a ellas y da diez días para presentar los escritos. Eso nos pone en el día 27, porque el 26 es día de gracia. Es decir, Polo se sustrae a los plazos máximos de investidura de president, se coloca al margen.

Enfrente tenemos la providencia del juez Llarena. A él le queda por instruir contra Puigdemont un delito de malversación, que afirma con ánimo de lucro, y uno de desobediencia —recuerden que no hay rebelión, la sedición se derogó y la malversación fue reformada—, delitos no sólo que el legislador ha querido incluir en la amnistía, sino de bajo perfil penológico. Hace ya tiempo que parece que el instructor tiene una espinita personal con el asunto, porque no sólo da traslado a las partes para que informen, sino que les señala a los contrarios a la amnistía dónde tienen que mirar: "En particular a si los hechos se encuentran comprendidos en el artículo 1 (...) y si pueden ser considerados excluidos según el artículo 2.e". Muy concienzudo, recuerda a las policías que la orden de detención de Puigdemont está vigente —por si no era obvio— y da a las partes cinco días para informar. Cinco días, la mitad. Eso convierte al día 19 en día de gracia y, por tanto, el 20 ya puede estar resolviendo. ¿Lo ven, no? Son cinco días antes del 25 y no digo nada. La providencia de la sala II no afecta a Puigdemont, sino que se refiere a las condenas pendientes de los condenados e indultados. Da también cinco días. Hasta el Tribunal de Cuentas se ha unido a la nueva fiesta y habla de presentar prejudiciales, como si pudiera, porque por muchas vueltas que le den, no puede considerarse órgano jurisdiccional aquel cuyos miembros son designados por los partidos políticos, lo llamen como lo llamen. Pero vamos, que como aquí ya todo dios se sale de madre, pues pretenden colarse en la fiesta, coca-cola para todos y algo de comer.

A lo mejor es hora de que el Tribunal Supremo se amnistíe a sí mismo y piense en las consecuencias de seguir con causas truchas por terrorismo

Total, que a Puigdemont sólo se le puede intentar detener ahora mismo por la malversación y la desobediencia que le quedan a Llarena —pero no por el absurdo terrorismo, por el que no hay orden dictada—, así que ahí se enrocará el instructor en lo que podría ser un juego del ratón y el gato. Porque Puigdemont vendrá a la investidura, eso sí, dentro del Parlament no se puede detener a nadie. Y aquí vendrá la fiesta. ¿Va a detenerlo Llarena para impedirle que esté en la investidura incluso si es la suya? No sería la primera vez que desde el Tribunal Supremo se quita a un candidato de en medio. Turull, ¿recuerdan? Ese asunto está pendiente de sentencia en el TEDH y ya veremos cómo sale parado el Supremo tras haber irrumpido en un proceso de investidura para impedirlo. Incluso si lo detuvieran —el expresident lo ha barajado—, ¿quién tiene en prisión preventiva a nadie por una presunta malversación de la que no se ha determinado ni el importe? Recuerden al diputado Casero, que estando imputado por malversación andaba tan libre que pudo hasta votar mal la reforma laboral.

Puede que se atrevan, a pesar de todo; estamos ya en un nivel ínfimo de contención institucional y aplicación de los principios. Bueno, ya ven, condenaron por un alzamiento tumultuario que al parecer se produjo en directo y que nadie vio hasta pasadas tres semanas. Después de eso, ¿qué podemos predecir? En primer lugar, que ahora mismo la acción judicial española en ese campo está muy monitorizada y las cuestiones prejudiciales llegarán a Europa ¿con gente en prisión y una ley por aplicar? Fue el TJUE el que habló de "grupo de personas objetivamente identificable cuyos derechos hay que garantizar", el más identificable del grupo obviamente es Puigdemont y a eso debe unirse una intención clara del legislativo convertida en ley.

 Admitamos que tengan dudas sobre la aplicación de la ley, pero, ante la duda, y con un artículo ordenando levantar las cautelares, no puedes privar de libertad durante meses o años a nadie. Poder a lo mejor puedes, pero ¿a qué coste reputacional para la jurisdicción española en Europa? Si no eres turco, no actúes como un turco, porque si actúas como la justicia turca, acabarás siendo turco. No sé si queda claro. A lo mejor es hora de que el Tribunal Supremo se amnistíe a sí mismo y piense en las consecuencias de seguir con causas truchas por terrorismo o de no reconocer que, ahora mismo, tras indultos, reformas legales y amnistía, la situación se ha retrotraído a un lugar del que no debió salir. Puede, incluso, que ni a las causas que a algunos les calientan les interese otra cosa.

Todo lo cual, evidentemente, salpica al soldado Sánchez, casi recién salvado en las urnas a costa de la muerte agónica de sus socios. El marrón que tiene habla catalán. Primero por el envite para que se repliegue y apoye la investidura de Puigdemont y, segundo, porque si a Puigdemont lo entrullan, lo más seguro es que no pueda volver a aprobar una ley en toda la legislatura a sabiendas de que, con los datos en la mano y la izquierda hecha unos zorros, no puede convocar elecciones. Mal asunto. Eso y que algunos han empezado a repetir como orquesta que les quedan tres años y medio de legislatura y ya saben lo que pasa con el que mucho presume...