Hay algo de ambición política en la competición virtuosa entre el ejecutivo y el bloque de la oposición con las doce comunidades del PP en unidad de acción. En la rivalidad por quién presenta más y mejores medidas de vivienda, se asume que la emergencia nacional apela a ambos. Del enfoque liberal al socioliberal, empezando por el PP, las propuestas pasan por un modelo similar al de 2008. Liberalizar suelo, quitar trabas administrativas y bajar impuestos —el patrimonial en este caso— también es una fórmula de la burbuja que no consiguió bajar los precios, cuando entraba dinero a espuertas en las arcas públicas y privadas y nadie quiso pinchar.

La mayoría de las medidas, de manera aislada, son insuficientes para rellenar el socavón social de la vivienda. Las de Alberto Núñez Feijóo pasan por la creación de medio millón de viviendas sin plantear cómo los incentivos fiscales van a convencer a las constructoras de levantar tanta vivienda privada. Aun así, el mero planteamiento, aunque sea escaso o un brindis al sol en lo inmediato, tiene algunas virtudes y obliga a los presidentes autonómicos a tomarse en serio sus competencias, abandonadas por muchas comunidades durante años. El problema es más que endémico, por eso Madrid y Barcelona son ciudades espejo en la presión de precios y la expulsión de las rentas medias en barrios donde ya es imposible comprar. 

Después de siete años de Gobierno, ya tocaba también que el ejecutivo exprimiera las competencias estatales que tiene a través del ministerio. La empresa pública de nueva creación es una apuesta de inversión estatal novedosa y con capacidad de dar resultados. Son más de dos millones de suelo público que, con la fiscalidad como palanca, puede atraer inversión público-privada para la construcción destinada al alquiler y la compra asequible, con una cláusula, la protección de esas viviendas para que no terminen a los pocos años devoradas por un ciclo especulativo disparado. 

No se construyen casas en doce meses, pero sí se pueden empezar a hacer y planear

De las doce medidas, las bonificaciones fiscales para los rentistas y quienes alquilan vivienda al índice de referencia recién publicado, tienden la mano al propietario para sacar casas al mercado. Desde la izquierda del PSOE critican que se cuide al sector privado, pero la complejidad de la escasez obliga a tocar todos los palos. Para compensar, la lucha contra la especulación está en la narrativa y las intenciones de Pedro Sánchez. El intento de frenar los pisos turísticos ilegales convirtiéndolos en una actividad económica y gravar la compra a los extranjeros o a los fondos de inversión va por esa línea. Salvo regular los pisos turísticos, ninguna medida es inmediata. Pero tampoco eterna. Las propuestas a dos bandas PSOE-PP deberían poner el contador de ambas administraciones a cero y medir resultados pronto. No se construyen casas en doce meses, pero sí se pueden empezar a hacer y planear. 

Intervenir el mercado, como propone Sánchez, o liberalizarlo aún más, según Feijóo, es un choque de modelos y también un incentivo para ver quién hace más vivienda —faltan 600.000, según el Banco de España—. En cuanto a la coalición, no hay un problema de gobernabilidad, pero sí de falta de sintonía política. Y más que una coalición es una entente cordial, donde el PSOE hace el vacío a Sumar y estos confrontan como pueden. Los cinco de Yolanda Díaz no asistieron al lanzamiento. Un foro con presencia de más de diez ministros socialistas sin representantes de la cartera de políticas sociales o la propia vicepresidenta en señal de apoyo a las políticas públicas del Gobierno del que forman parte. Es más, según Díaz, conoció las medidas por la prensa. Y eligió la mañana de presentación para visibilizar el enésimo desencuentro con Carlos Cuerpo a cuenta de la reducción de jornada laboral, medida estrella de Sumar. En cuanto a los socios, PNV y Junts tampoco están dispuestos a regalar un plan de Vivienda al Gobierno por intromisión en sus competencias. Y tiene al PP enfrente con un modelo al choque. Como ejemplo, forzó a retirar la Ley del suelo que beneficiaba a centenares de ayuntamientos gobernados por el PP con tal de desgastar al ejecutivo.

No hay contexto fácil para que la vivienda deje de ser una intentona dialéctica sin resultados reales. Pero ahora hay presión y hay propuestas. Si el Gobierno lo consigue, tendrá réditos en las elecciones autonómicas de 2026; si lo logra el PP en sus feudos, le ayudará a llegar antes al Gobierno. Aunque se olvide en la dinámica parlamentaria y de oposición, el voto va ahí, en la vivienda, como principal angustia de los ciudadanos, según los barómetros del CIS.