En el mundo de la política, en todo el mundo y diariamente, encontramos ejemplos de fracasos para cambiar sistemas. Para poner algún ejemplo, en casos como el de la desmembración de la URSS, la Primavera Árabe, la China de Tiananmén o la desaparición de algunas dictaduras, personalmente pensaba que estábamos a las puertas de la exportación masiva de democracia por parte de Occidente y de la implantación de sistemas políticos más justos. El tiempo ha demostrado que mi percepción de cómo evolucionaría el mundo estaba profundamente equivocada. Es más, en algunos casos, también a remolque de la política, la democracia ha sufrido un retroceso flagrante, como lo es el de Hong Kong.

Esta referencia política viene motivada por la situación que se está dando en Catalunya relativa a la discusión sobre una financiación singular en el marco del hipercaducado sistema de financiación autonómica española. Con visión catalana, la relación con el Estado viene caracterizada históricamente por ser de carácter extractivo de rentas por parte del Estado. El coste que esta relación tiene para Catalunya ha sido cuantificado de forma regular (incluso, puntualmente, por parte del propio Estado) y tiene su expresión más sintética en el déficit fiscal, en el desequilibrio en la balanza de Catalunya con el sector público central.

Volviendo a las percepciones y las esperanzas personales, de joven, con la llegada de la democracia, creí que entraríamos en una etapa en la que la razón, la justicia y la equidad se acabarían imponiendo, y que eso, en materia de autogobierno catalán, se traduciría en una corrección del déficit en cuestión. Que lo que en la dictadura eran imposiciones indiscutibles, en democracia se pasaría a una etapa de diálogo, de razonamiento, de negociación y de soluciones para corregir abusos, que se impondría la racionalidad, el respeto y la ecuanimidad. El tiempo ha demostrado que estaba equivocado, que la democracia en este ámbito solo ha servido para consolidar y perpetuar la relación. Pasan los años y el déficit sigue igual, para goce de los subsidiados (Estado y otras regiones) que se benefician de este trato y que, lamentablemente, muchos catalanes aceptan con indiferencia, como si el problema no les tocara el bolsillo.

El pacto PSOE-ERC relativo a la futura financiación catalana genera ríos de tinta, con muchas reacciones airadas contrarias en todo el Estado. En mi opinión, el redactado del acuerdo contiene una música que suena bien para Catalunya, pero suena muy mal en el resto de España, excepto a algunos socialistas conversos, entre ellos Pedro Sánchez. Él y una parte de su partido han comprendido el problema y tratan de ponerse en acción de resultas de su precariedad política medida en escaños. Todo parece indicar que tienen la voluntad de corregir la injusticia. Otra cosa es que los rivales, pero también los malhumorados de su propio partido, se lo dejen hacer.

Aseguraría que el resultado para Catalunya será que cambiarán poco las cosas con respecto a la situación actual

No se extrañen de que, si la cosa acaba en mejoras para Catalunya, la revisión del sistema no acabe en los tribunales, que es un modo de detener de forma expeditiva y sesgada los temas que no se quieren resolver en el campo político, como sabemos por experiencia. Si eso ocurriera, utilizando la visión del internacionalmente reconocido economista Acemoglu, la calidad institucional española quedaría, una vez más, en entredicho. Ya puestos a hacer conjeturas sobre cómo acabará el tema, en mi opinión, sea cual sea la revisión que se haga del sistema de financiación, aseguraría que el resultado para Catalunya será que cambiarán poco las cosas con respecto a la situación actual.

¿Por qué? Porque en esta materia económica, como en otras de la esfera política y social, España es bipolar, hace un tratamiento de extremos: por un lado, da la independencia fiscal a vascos y navarros, aceptando que realicen una pequeña contribución a las arcas del Estado para los gastos generales, y por otro, aprieta hasta el extremo a los catalanes y les niega cualquier posibilidad de mejora si eso conlleva pérdida de privilegios por parte de regiones subsidiadas.

Que España acepte el privilegio vasco y no sea capaz de aplicar un principio tan sencillo como el de la ordinalidad (somos la tercera comunidad con más recaudación fiscal por habitante, pero somos la décima comunidad en financiación por habitante), significa que la razón y la ecuanimidad están perdiendo, en beneficio de proseguir con la relación extractiva. Y lo más sorprendente es que nadie se abochorne ante una injusticia tan flagrante como esta.

Los que se dedican a la política sabrán lo que toca hacer. Hay que agradecerle a Pedro Sánchez su voluntad de modernizar el Estado (en la financiación, pero también en otros ámbitos, como la justicia), pero hay que ser prácticos y poner en valor la fuerza decisoria que una especie de carambola electoral ha dado a los catalanes para decidir en Madrid y en Catalunya. El voto catalanista tiene actualmente la llave del poder político español y catalán. Eso es el juego político que ahora juega a nuestro favor y que, entre otros objetivos, hay que poner al servicio de acabar con la extracción y la discrecionalidad. Se le llame singular o no, lo que queremos es un sistema que sea, sencillamente, justo..., que esto es lo que se esperaría de la democracia, ¿no?