Petición de carpetazo. El fiscal Anticorrupción, Luis García Cantón, ha presentado un escrito al titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona para que decrete el archivo de la investigación contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en "descartar acción prevaricadora” en la concesión de subvenciones a entidades sociales "afines", como denunció la entidad Asociación por la Transparencia. No obstante, el fiscal sol·licita al magistrado el “sobreseimiento provisional” i no “libre” como ha pedido la defensa de Colau, medida cautelar que se realiza por si aparecieran nuevas pruebas. El fiscal sostiene que no hay indicios para acusar la alcaldesa del delito de prevaricación y de los otros incluidos por la asociación, a quien afea por acusar Colau por “su pasado de activista”. Los abogados de Colau, Olga Tubau i Àlex Solà, solicitaron el archivo después de la aclaratoria declaración de la interventora del consistorio, que descartó cualquier directriz de Colau en las subvenciones.
En el escrito, comunicado hoy, el fiscal afirma que “carece de sentido jurídico prolongar la instrucción” de esta causa, dado que su objeto está claramente delimitado por los hechos descritos en la querella: la vinculación supuestamente criminal de la alcaldesa Colau con la concesión de subvenciones muy concretas tramitadas en expedientes muy determinados en favor de entidades plenamente identificadas. Precisa que la declaración de la investigada, las explicaciones de la Interventora delegada y el examen de la documentación supuestamente delictiva, conforman la totalidad de las diligencias necesarias para llegar a una conclusión fundamentada que corrobore o no las suposiciones descritas. Y concluye: “Sin entrar a valorar la calificación jurídica propuesta por la acusación popular, lo cierto es que, excluida la prevaricación, decaen el resto de los tipos delictivos planteados y negada actuación ilícita por parte de la investigada.”
Activista
El fiscal García Cantón también califica de “un ejercicio de imaginación carente de la más elemental base que sustente la continuación de la investigación” el hecho de “vincular el pasado activista de la investigada, formando parte de o manteniendo relación con el Observatorio de derechos económicos, sociales y culturales o con la “Plataforma de afectados por la hipoteca con la concesión de subvenciones a estas y otras entidades (convirtiendo en delictiva tal vinculación)”. Pera el fiscal es “una injusta preterición de las entidades afectadas como candidatas a percibir una subvención, en atención al nuevo estatus político de una de sus miembros”.
Precisamente, el magistrado Ignacio Sánchez rechazó la semana pasada de ampliar la investigación y sol·licitar más informes sobre subvenciones al Ayuntamiento de Barcelona, como le pedía la acusación popular sin ningún detalle de irregularidad, ya que convertiría laa investigación en “prospectiva”, que está “proscrita” en la vía penal.