"Cuando no hay fronteras, me las traen. Aunque no quiera"
Max Aub

La llamada delegación de las competencias en materia de inmigración y fronteras a Catalunya no llegará a efecto. Parece una de las prisas que les ha entrado a los socialistas por conseguir como sea que le retiraran la PNL de la confianza a sabiendas de que el texto que han presentado lo van a tumbar o en un sitio o en otro o en el siguiente. Lleva razón Puigdemont: "Es una competencia que no tienen más que los estados" y que Catalunya no va a llegar a tener. Sabiéndolo, es muy posible que el PSOE haya lanzado la pelota hacia adelante para conseguir un poco de margen más, hasta el siguiente tropiezo.

La delegación de las competencias puede truncarse en muchos puntos del camino. Lo único que cabe es apostar por dónde va a quedarse arrumbada. La primera zancadilla que la puede tumbar es la negativa de Podemos a apoyar el proyecto basándose en motivos ideológicos: "ya pueden pedir los votos a otros para dar las competencias para encarcelar y maltratar inmigrantes a Junts", escribió ayer Pablo Iglesias, que dice que ya no está en la política, pero se le olvida en cuanto se pone a tuitear. Cierto es que en la exposición de motivos se desarrollan algunos conceptos difíciles de tragar para la izquierda, incluso para la izquierda socialista que se niega a reconocer que la inmigración produzca problemas de ningún tipo.

Pero suponiendo que a cambio de algo Podemos cambiara de tercio, los problemas jurídicos de la norma son tantos que no es posible que no caiga en alguno de estos obstáculos. La norma se va a tramitar como proposición de ley socialista para obviar los preceptivos informes del Consejo de Estado y el CGPJ, que hubieran dicho con mucho más derecho lo que yo les voy a contar ahora.

El texto de la propuesta de ley es inconstitucional. Obviar el contenido del artículo 149, que enumera las competencias exclusivas del Estado, no está al alcance ni del más believer. Eso no lo arregla ni la seducción jurídica de Cándido. Serían necesarios ciertos retoques en la Carta Magna para que cupiera esa delegación. En caso de plantearse las cosas así, introduciendo las reformas, no podrían hacerse para nada deprisa, pero haciéndolas deprisa se convierten en imposibles. Tanto el control de fronteras como la expulsión de extranjeros, el régimen sancionador, la emisión de documentación, todo ello está reservado al Estado. Es lógico, porque delegando esa competencia a Catalunya está delegándole, en realidad, la de todo el Estado: esa documentación, por ejemplo, permitiría moverse por toda España y residir en cualquiera de las comunidades...

Los problemas jurídicos de la norma son tantos que no es posible que no caiga en alguno de los muchos obstáculos

Altera además el principio de igualdad entre comunidades establecido por la Constitución. Obviamente, Euskadi las pide a continuación, pero ¿por qué no Canarias o Andalucía? Dice la exposición de motivos de que los lugares de mayor afluencia podrán gestionar mejor en proximidad... ¿No tiene afluencia Canarias? Es seguro que las comunidades también interpondrían recursos de inconstitucionalidad en caso de pasarse el filtro de las Cortes. Y es muy difícil que no les den la razón.

Luego están los problemas de colisión con otras normas de la legislación española que no son reformadas y que sería necesario cambiar. Normas como la Ley de Extranjería, la Ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Ley de Seguridad Nacional, todas ellas orgánicas, todas ellas precisadas de tramitaciones largas parlamentarias para poder ser retocadas. En todo caso, sería el escollo más fácil de salvar, en el supuesto de que llegara a entrar en vigor.

Más complejo es que el último obstáculo, el de su colisión con la normativa europea, pudiera ser solventado. Las fronteras cuya gestión reclama Catalunya son fronteras de Europa. ¿Alguien cree que la UE no va a tener nada que decir al respecto? Entre otras cosas porque el Código Schengen recoge que solo los Estados pueden hacerse cargo de las fronteras. Recuerden que ni la federal Alemania ni la confederal Suiza han descentralizado a landers o cantones el control de las fronteras que les afectan. Así que estaríamos ante una vulneración de las normas de Schengen que podría denunciarse ante la Comisión Europea. ¿No lo haría Francia? Le afecta y no estamos en tiempos para mudanzas en el control de los límites de la Unión. La directiva europea de retorno de nacionales de terceros países también establece procedimientos comunes para todos los países miembros. En caso de que Catalunya llegara a crear su propio procedimiento, se estaría vulnerando esta directiva. Los escollos europeos son prácticamente insalvables.

Todo esto lo sabe Marlaska, ese ministro que lleva dentro un juez muerto. Por eso se ha enfermado cuando se ha firmado algo que él mismo negó una y otra vez que se pudiera firmar. Que no era por ser malo, que era porque lo que no puede ser es imposible. ¿A qué juega entonces Sánchez? A lo de siempre. Nada por aquí, nada por allá. Él concede ahora algo que afirmó que daría para su investidura —acuerdos de Bruselas— y se saca de en medio el debate sobre la moción de confianza, y cree, según van contando por Madrid, que también los presupuestos, pero sabe que alguna de las zancadillas que les he comentado lo volverá impracticable. No será culpa suya y estará en otra pantalla. ¿Le dará tiempo a Junts a usar la concesión en su contexto electoral para quitarle opciones a Orriols y compañía? Otra pantalla a su vez.

No dudo que Junts lo va a presentar como un triunfo político —que por hacer pasar por el aro a Sánchez puede serlo—, ni de que el PSOE nos va a contar lo necesario e imprescindible que era hacerlo, pero lo que es la delegación efectiva y el aumento de más de diez mil efectivos de Mossos y todo lo que contiene la proposición de ley, eso no lo van a ver nuestros ojitos, porque ese texto no lo salva ni Cándido, ya digo.