El universo fiscal está inmerso en una ola de cambio profundo al echársele encima duras cuestiones imprevistas y que hoy monopolizan la actualidad. El aumento de la desigualdad, el futuro del empleo, las pensiones o la regulación de un sector tecnológico que ha marcado su ley en todo el mundo exigen respuestas a unas haciendas desbordadas.

Recientemente, el FMI ha advertido que la deuda mundial ha alcanzado un máximo de 164 billones de dólares, un 40% más que en 2007. Esta carga va a pesar fuertemente sobre el potencial del crecimiento global. Es preciso, por tanto, reducirla para liberar las economías. El problema es que, como ha indicado John Williams, futuro presidente de la Reserva Federal de Nueva York, la productividad en Estados Unidos y el resto del mundo está estancada y no va a haber grandes cambios en el futuro. Los salarios, agregó, no van a subir como lo hacían antes.

En ese caso, ¿cómo se va a resolver la grave cuestión de la deuda? Si los ingresos no aumentan vía crecimiento, ¿deberían hacerlo incrementando los impuestos? Imposible. La fuerte crecida del populismo en EE.UU. y Europa va a impedir una solución simple y lo más probable es que bajen los impuestos, como ha ocurrido con Trump,

La desigualdad produce una demanda de mayor redistribución, y la búsqueda de un equilibrio más compatible con el crecimiento quedará muy probablemente aplazada durante tiempo, ya que la progresividad de los impuestos a la renta ha disminuido, así como la del capital, dada la necesidad imperiosa de alentar la inversión.

La desigualdad produce una demanda de mayor redistribución, y la búsqueda de un equilibrio más compatible con el crecimiento quedará muy probablemente aplazada durante tiempo

En este ámbito, el dilema de las pensiones, tanto en lo que se refiere a su sostenibilidad como a su cuantía, ha saltado del Pacto de Toledo a las calles y a la arena política. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, ha indicado que el Gobierno plantea un impuesto digital que grave a las firmas tecnológicas a partir de 2019, con lo que espera recaudar 600 millones de euros que ayudarán a cubrir el alza del 1,6% de las pensiones.

La iniciativa se inscribe en el proyecto de la Comisión Europea de aplicar un gravamen del 3% a los ingresos digitales de las grandes multinacionales como Google, Facebook y Amazon a las que acusa de beneficiarse de un sistema fiscal europeo desfasado. La adopción de esta medida requiere la unanimidad de todos los Estados miembros. Los ministros de Luxemburgo, Malta, la República Checa e Irlanda se han opuesto al proyecto. Incluso el nuevo ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, ha mostrado sus reservas.

Así las cosas, para esta fase compleja de transición, el presidente de la APttCB (los técnicos tributarios), Joan Cortecans, sugiere el principio del "cumplimiento voluntario"; no se trata de eludir las obligaciones fiscales, sino de practicar una idea colaborativa frente al temor que supone "esa carta que no me atrevo a abrir" de Hacienda. "El servicio de atención al contribuyente falla y las aplicaciones informáticas para resolver problemas se muestran confusas e insuficientes en muchos casos", añade. 

Ciertamente, la fiscalidad entra en una nueva era de cambios y exigencias.