Gibraltar es uno de los temas inagotables de la política exterior española. El tema inagotable. La larga historia que arranca de aquel lejano 1705 ha vivido estos días un último episodio, especialmente emocionante, con las amenazas del Gobierno español contra el británico y, de manera más genérica, contra toda la Unión Europea, ya que han llegado a poner en riesgo la celebración de una reunión trascendental del Consejo Europeo, como la que tiene que aprobar el acuerdo por el cual el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte abandona la UE, el famoso Brexit. La Piedra de Tarik –que no es otro el origen árabe de la palabra Gibraltar– se ha levantado una vez más como un escollo enorme en la relación del Reino de España con Gran Bretaña y el resto de Europa, aunque esta vez una mera declaración de intenciones ha podido apaciguar la tormenta.

De Gibraltar se ha hablado mucho y casi se ha dicho todo: los argumentos de los españoles para recuperar Gibraltar, el rechazo de los gibraltareños a ser españoles, las reacciones patrióticas –patrioteras– que Gibraltar despierta en España y en Inglaterra, las negociaciones inacabables con el Foreign Office, el contrabando y los problemas fronterizos, y por otra parte, la relación de Catalunya con esta cuestión... Pero nunca como en estos últimos días la cuestión gibraltareña se había posicionado justo en medio de la política europea. Visto desde Bruselas, Gibraltar no era más que uno de tantos territorios supervivientes de los antiguos imperios coloniales de algunos estados miembros de la UE y un asunto que, en todo caso, interesaba únicamente a españoles y británicos. Los hechos de estos últimos días, sin embargo, vienen a demostrar lo contrario: Gibraltar es Europa y la cuestión gibraltareña, un asunto europeo.

El tratado que formalizó la conquista de Gibraltar puede considerarse un antecedente de los que actualmente estructuran las relaciones entre Estados europeos, como el mismo Tratado de la UE

De hecho, no tendría que sorprender a nadie. A pesar de su status de colonia –la única colonia en Europa– la incorporación de Gibraltar a la Corona británica no tiene nada que ver con la conquista y ocupación colonial que los británicos llevaron a cabo en otros territorios de América, Asia, África u Oceanía. Gibraltar fue conquistado militarmente en el transcurso de un conflicto europeo, como fue la Guerra de Sucesión de España, y esta conquista se formalizó a través de un tratado internacional –el Tratado de Utrecht– que, si bien se firmó entre el Rey de España y la Reina de Inglaterra, iba entrelazado con todo un conjunto de tratados que vinculaban a casi todas las potencias europeas. Unos tratados que determinaron el orden europeo en aquel 1713 y se pueden considerar, por tanto, como antecedentes de los que actualmente estructuran las relaciones entre los Estados europeos, como el mismo Tratado de la UE.

Justamente esta dimensión europea del conflicto de Gibraltar es lo que explica la reacción española en relación al asunto. Gibraltar fue la prenda que Felipe V tuvo que pagar a fin de que las potencias europeas lo reconocieran como jefe de la monarquía hispánica y lo legitimaran para gobernar como monarca absoluto sobre todos sus reinos. Bien, con una condición, respetar los derechos de los catalanes, a los que se refería expresamente el artículo XIII del Tratado de Utrecht, doscientos años antes de que el Tratado de Versalles hablara de "minorías nacionales".

El artículo XIII del Tratado de Utrecht establece la condición de que la corona española tiene que respetar los derechos desde catalanes, a los cuales se refiere expresamente

Por lo tanto, el proyecto hispánico, tal como se concibe en las esferas del poder español, no quedará completo hasta que la cuestión de Gibraltar, y también la catalana, quede resuelta con la absorción definitiva de unos y otros. Es justamente eso lo que explica las reacciones que despierta Gibraltar, que contrastan con la indiferencia o conformidad con que se asume por el establishment español la pérdida de otros territorios del Imperio "donde no se ponía el sol", incluidos Portugal, Iparralde y la Catalunya Nord. Cuando el ex-ministro García-Margallo dice que sus grandes preocupaciones son Gibraltar y Catalunya, sabe de qué habla.

El Brexit, al cual se había opuesto la mayoría de la población de Gibraltar, era una ocasión formidable para cambiar las cosas, y así lo entendieron en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La idea concebida por los estrategas de Madrid no era mala, en principio, ya que se preveía ofrecer a los gibraltareños la nacionalidad española, que les permitiría permanecer en la UE con independencia de lo que hiciera Londres. Desgraciadamente, esta oferta iba acompañada de una condición que Gibraltar ya había rechazado de forma contundente en un referéndum celebrado en 2002: la cosoberanía hispano-británica sobre el peñón. Ni que decir tiene que con este poderoso argumento, Downing Street se niega siquiera a considerar esa posibilidad.

Tras la renuncia del Gobierno español a sus amenazas, el Consejo Europeo se celebrará... y la Roca de Tarik seguirá estando allí, como parte de la negociación del futuro marco de relaciones entre el Reino Unido y la UE. O sea que el toma y daca entre españoles y británicos por cuenta de los gibraltareños va todavía para largo.

Las negociaciones sobre el futuro de la relación entre el Reino Unido y la UE son la ocasión perfecta para actualizar los compromisos contraídos hace más de 300 años en el Tratado de Utrecht

Siempre, sin embargo, hay lugar para la esperanza de que la negociación que ahora empezará abra una nueva etapa, más productiva, en este contencioso. Eso requeriría dejar de lado los planteamientos territoriales del siglo XVIII o, incluso, la doctrina de la descolonización de la segunda mitad del siglo XX, para abordar esta cuestión con los principios del orden internacional democrático y equitativo que quiere impulsar Naciones Unidas, uno de los cuales es el derecho de autodeterminación de todos los pueblos. Eso implica poner la voluntad de la población, y su derecho a defender el mantenimiento de su cultura y su forma de vida, por encima de las exigencias territoriales de los estados.

Este principio no es extraño A Europa, aunque muchos siguen empeñados al relegarlo a los conflictos derivados de la descolonización. El derecho de autodeterminación nació en Europa y es la alternativa al uso de la fuerza en la solución de conflictos territoriales. Por eso mismo, las negociaciones sobre el futuro de la relación entre el Reino Unido y la UE son la ocasión perfecta para revisar y actualizar los compromisos contraídos hace más de trescientos años en el Tratado de Utrecht como primer paso para fortalecer una Europa construida sobre la voluntad de los pueblos y no sobre el derecho de conquista de los Estados. Ni que decir tiene que esta revisión no debería verse limitada al caso estricto de Gibraltar, sino que tendría que comprender la totalidad de los acuerdos adoptados en Utrecht, de forma destacada el caso de los catalanes que, por eso mismo, es también una cuestión europea y no un mero "asunto interno" español. El Govern de la Generalitat, que ha publicado una nota de apoyo al Gobierno británico en el tema de Gibraltar, debería tomar nota.

Ferran Armengol es profesor de Derecho Internacional de la Universitat de Barcelona