Está la agenda del Gobierno y la de gobernabilidad. La segunda es puro Catalunya y sus múltiples derivadas conectadas al corazón de la Moncloa. Pedro Sánchez depende de Junts y ERC. Es así y el PP se lo recuerda cada día, después de no sumar el pasado julio por el mismo motivo. A la aplicación y las interpretaciones ad hoc del Supremo con la amnistía, la repetición electoral o el pacto del Govern y una posible negociación de presupuestos en ciernes, el Ejecutivo dedicará el mes de julio a activar sus prioridades políticas. Algo de tono propio. Todo se quedó congelado el día del adelanto electoral del 12-M y se acelera en julio para intentar recuperar la iniciativa. Esto sumado a lo que Sánchez domina bien: el espacio que no se llena lo ocupan otros. 

“Deje que le dé un adelanto”, decía en su entrevista en la SER aprovechando el primero de julio. Y se ha explayado. El Gobierno lo llama dar profundidad a la legislatura. Después de despejar el acuerdo del CGPJ —un hándicap ya superado de cara al Informe del Estado de Derecho de la UE— y cerrar la negociación del nombramiento del socialdemócrata António Costa, el siguiente puesto relevante en la carrera es Teresa Ribera. Encarrilada Europa, los cuatro plenos del Congreso habilitados en julio son la pista de aterrizaje para lucir intenciones y cerrar legislación pendiente. 

La vivienda es la gran apuesta porque es el gran problema. Si no se regula, el Ejecutivo pretende implementar medidas, planes o reales decretos que mejoren el acceso, los precios y el mercado. La saturación del alquiler turístico ilegal se ha desbordado de tal manera que hasta las comunidades del PP podrían querer meterle mano. Por lo pronto, el Ejecutivo empezará por cambiar la ley de propiedad horizontal y un registro obligatorio más exigente que haga justificar la licencia o la capacidad para alquilar. Modelo anglosajón mediante, la intención es empoderar a los vecinos, darles capacidad de decidir si aceptan pisos turísticos y cuántos en su edificio.

El Ejecutivo dedicará el mes de julio a activar sus prioridades políticas. Algo de tono propio

Donde habrá polémica garantizada será con la agenda de regeneración democrática. El 17 de julio Sánchez hará el diagnóstico y desplegará la batería de posibles soluciones del Ejecutivo en el Congreso. El plan, según Sánchez, es abrir ronda de consultas con los grupos y conformar una propuesta común de cara a septiembre. La ley europea de libertad de medios plasmada en un reglamento es de obligatorio cumplimiento. Pero Pedro Sánchez ya ha confirmado que irá más allá y ahí saltarán las chispas. Por ejemplo, podría querer regular el derecho de rectificación y el de derecho al honor. O como ha revelado este lunes, poner un límite en la financiación pública de los medios. Sabemos cómo empieza y cómo acaba. Con la profesión enfrente vigilando con qué criterios se establece ese tope y quién tiene la capacidad de decidir qué es un pseudomedio con el temor de que el gobierno de turno (autonómico o estatal) decida a discreción. 

El debate está contaminado de origen. El PP, que votó en Europa con el PSOE la ley y sus medidas, de partida lo llama censura. Desvirtuando así la aplicación de unas medidas que son obligatorias. La desinformación existe y tiene sus sucursales y su negocio. Pero la batalla campal nacional no va a permitir separar como es necesario los Alvise y sucedáneos de los medios.

Para que el Gobierno no se electrocute con los cables pelados de la financiación de los medios, tendrá que ir con cuidado y sin politizar en exceso la transposición de unas medidas de transparencia exigidas y consensuadas en Europa. Las pistas de por dónde va a ir se conocerán en julio y no habrá nada claro hasta el próximo otoño. Desde el minuto uno, es fácil predecir que la profesión y las asociaciones estarán alerta.

Y luego está el PP, que sigue en el todo a Begoña Gómez. La mujer del presidente declara este viernes en un juzgado cuya instrucción tiene el grado de toxicidad y sospechas de falta de garantías de otras causas que van conformando su propio inventario. Una instrucción donde ya descarrila más el juez que la acusada. De momento, la defensa de Gómez dice que no conoce el detalle de las acusaciones por las que va a declarar. Otra derivada de la elasticidad y falta de rendición de cuentas de algunas decisiones judiciales. Y de esas, esta semana, vamos servidos.