Los problemas, por regla general, tienen solución o, al menos, la tienen si se identifica el problema, se asume la existencia de este y se analiza desde una perspectiva amplia que permita abordarlo de forma integral. Con el CatalanGate sucede lo mismo y no parece que la actitud del gobierno central esté apuntando en la dirección correcta ni acudiendo a la raíz del problema.

Llevamos ya casi tres semanas desde que el New Yorker desvelara el mayor caso de espionaje político conocido en Occidente y vemos cómo el CatalanGate no solo no va camino de aclararse, sino, muy por el contrario, crece y crece debido a una serie de errores tanto de análisis del problema como de búsqueda de soluciones.

Pensar, como hacen algunos, que la respuesta a tan graves y delictivos hechos como espiar masivamente a opositores y sus entornos se soluciona criminalizando a las víctimas o justificando, siquiera parcialmente, parte de ese espionaje, es tanto como reconocer el absoluto desconocimiento de las más básicas reglas del juego democrático o, simplemente, creer que el fin justifica los medios.

Tratar de poner el foco en algunas de las víctimas, buscando aportar justificaciones ―léase coartadas― para los delitos cometidos, es pensar que el ciudadano medio es tonto y, además, creer que el problema está ya definitivamente dimensionado cuando esto no ha hecho más que comenzar porque ni el número total de espiados está aún concretado ni las pretendidas justificaciones para haber espiado a 18 de los 65 ya conocidos serán válidas cuando salga todo lo que saldrá.

Intentar instalar el relato de que han existido dos tipos de espionajes: el injusto ―Sánchez, Robles, otras autoridades centrales, informadores y personalidades públicas, que aparecerán― y el justo ―contra los independentistas― es también un error, porque el volumen de espiados es de tal magnitud que no encontrarán justificación ni para una mínima parte de los casos que se conocen e irán conociendo.

Creer que se puede desviar la atención poniendo el foco y la responsabilidad en potencias extranjeras es, igualmente, un grave error, porque eso, de una parte, impide llegar a la raíz misma del problema; de otra, generará problemas en el ámbito de la política exterior y, finalmente, no impedirá que esta situación se repita con este o cualquier otro programa de espionaje electrónico.

Justificar que haya casos en los que está bien espiar a determinados ciudadanos es pensar en corto, es no ser demócrata y, además, es el caldo de cultivo para que, desde una u otra perspectiva, todos podamos terminar siendo sujetos pasivos de tan execrables delitos. Se equivocan quienes creen que ha podido estar bien o justificado en algunos casos y veremos si ese escaso o nulo nivel de exigencia democrática es la admitida cuando terminemos por saber la verdad de todo.

Los datos de quién ha sido, cuánto ha costado y cómo se ha pagado este espionaje están en poder de NSO, fabricante del Pegasus y acceder a ellos no es complejo si realmente se quiere

Como ya he sostenido en otras ocasiones, determinar quién ha sido, cuánto ha costado y de dónde ha salido el dinero para este plan criminal han de ser las prioridades, si lo que realmente se quiere es limpiar los bajos fondos del Estado y comenzar a construir una sociedad que pueda definirse como democrática y no necesite de muletas o adjetivos calificativos para seguir funcionando.

No busquen las explicaciones en los afectados. Ninguno de nosotros es culpable de haber sido víctima de este tipo de delitos. No piensen que puedan existir razones, democrática y legalmente válidas, para espiar a nadie, porque eso no es lo que hacen los estados democráticos, tampoco las “democracias plenas”.

En realidad, aquí solo caben dos opciones: conectar el ventilador para que nada cambie, corriendo un tupido velo sobre lo que ha sucedido; o ir a la raíz misma del problema, que es como mejor se solucionan las cosas. El camino que se elija marcará el futuro que nos espera.

Si se opta por entender que lo mejor es encubrir estos delitos porque conocer quiénes son los autores, cuánto dinero se han gastado y de dónde ha salido, puede resultar devastador para una forma de entender cómo ha de funcionar un estado, entonces veremos cómo este tipo de comportamiento, repulsivo, seguirá reproduciéndose y cómo aquellos que están llamados a formar parte de nuestro entorno terminan alejándose y tratándonos como parias dentro de una Unión Europea que, por mucho que no lo parezca, no está dispuesta a tolerar este tipo de comportamientos. No basta con creerse europeos, hay que comportarse como tales.

Por el contrario, si a partir del CatalanGate se pretende poner punto final a unas prácticas ya enquistadas en el funcionamiento de importantes sectores del Estado y se desea usar esta ocasión para dar un giro a la historia y avanzar hacia una auténtica democratización de España, entonces será necesario hacer algo más que seguir criminalizando a una parte de las víctimas y negando una realidad que aumentará y se hará intolerable o inmune a los relatos.

Si se opta por esta segunda vía, que es la única democráticamente aceptable y sostenible, la forma de investigar los hechos es acudir al origen del problema, que está en el uso del sistema Pegasus para espiarnos a muchos y dañarnos a todos. Los datos de quién ha sido, cuánto ha costado y cómo se ha pagado están en poder de NSO, fabricante del Pegasus y acceder a ellos no es complejo si realmente se quiere, que es la auténtica pregunta que flota sobre todos los relatos que malamente se vienen concatenando por parte del ejecutivo central.

Una investigación efectiva, que es el único camino democrático para salir de esta incipiente crisis, resulta cada día más necesaria y es la vía democrática

NSO tiene todos esos datos o, como mínimo, una parte esencial de los mismos y solo falta tocar las teclas adecuadas para que se pueda acceder a una información que a algunos no gustará, pero que a los demócratas nos permitirá dormir más tranquilos y creer que España aún es viable como estado democrático.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere, entonces puede, y bastará con que pida esta información a las autoridades reguladoras del fabricante, que cuentan con los medios para acceder a todos los datos que guarda NSO en cuestión de horas, si es que no los tienen ya, que es otra derivada de tan complejo caso criminal.

No me cabe duda de que las autoridades reguladoras del fabricante, que están también enfrentadas con NSO y la investigan, pueden acceder a esos datos ―insisto, si no los tienen ya― y aportarlos a España para que se pueda iniciar un auténtico proceso de esclarecimiento de los hechos y exigencia de las correspondientes responsabilidades penales que de los mismos se desprendan.

Estoy convencido que las autoridades reguladoras del fabricante, ante el riesgo de generar un escenario geopolítico adverso a sus intereses, estará dispuesto a entregar estos datos y colaborar en la investigación, solo hace falta valentía y dejarles ver que existen temas sobre los cuales España también puede bascular.

Me cuesta creer que, planteadas las cosas en sus justos y diplomáticos términos, ante un potencial reconocimiento de sus vecinos como estado, las autoridades reguladoras del fabricante no vayan a estar más abiertas, incluso plenamente dispuestas, a colaborar en el esclarecimiento de estos graves crímenes… En cualquier caso, es cuestión de, discretamente, intentarlo.

Una investigación efectiva, que es el único camino democrático para salir de esta incipiente crisis, resulta cada día más necesaria y es la vía democrática. Cualquier otra salida, por apetitosa que resulte, nos llevará a un callejón sin salida y será algo de lo que se arrepentirán, sobre todo aquellos que hoy ven el encubrimiento como la mejor de las soluciones, cuando no lo es. Investigar los hechos y depurar las responsabilidades es algo que, si se quiere, se puede.