Si dura y compleja está siendo la crisis sanitaria que estamos viviendo, no menos lo será el proceso de desconfinamiento, por el que tendremos que pasar si queremos intentar retomar una vida lo más normal posible y dentro de parámetros más o menos reconocibles con relación a cómo vivíamos antes de esta pandemia.

El ya denominado desconfinamiento ha de ser un proceso cuyas líneas fundamentales tendrán que venir marcadas por los epidemiólogos y especialistas en salud pública. Pero, no me cabe duda, dicha etapa de esta nueva vida ha de desarrollarse dentro de unos cauces que no impliquen un costo, en derechos y libertades, que sea inasumible. Las tentaciones autoritarias y antidemocráticas son muchas y, como he dicho en más de una ocasión, ya hay algunos que las han implantado, otros que las sopesan y muchos que hacen caso omiso a esos peligros.

De medicina sé casi lo mismo que de danza tradicional japonesa, por lo que, como nos pasa a la gran mayoría de los ciudadanos, hemos de fiarnos de los criterios que nos vayan exponiendo, recomendando e incluso imponiendo los especialistas y esto no es malo.

Dentro de esos criterios médicos que se proponen hay algunos que parecen concitar un elevado nivel de consenso entre los profesionales de la salud y que, como profano, me parecen absolutamente lógicos. Entre esas medidas destacan: el desconfinamiento secuencial de personas en riesgo, la evaluación de la inmunidad de la población, la detección precoz de casos y contactos y la implementación, temporal, de medidas de confinamiento on/off focalizadas en zonas calientes.

Estas actuaciones, conllevan, necesariamente, la afectación de derechos fundamentales y riesgos muy elevados de ser utilizadas, ahora, como ensayo general para, después, llevar a cabo un control muy claro de la población y, sobre todo, de sus datos personales, que son el auténtico patrimonio de los ciudadanos y donde radica su soberanía.

Por una parte, tenemos que un confinamiento secuencial de personas de riesgo implica, necesariamente, una restricción de derechos para los colectivos o personas que se determinen como "de riesgo". El actual estado de alarma, que fácticamente es de excepción, no permite la adopción de ese tipo de medidas como tampoco las puestas en funcionamiento desde el pasado 14 de marzo. Seguramente, para poder adoptarlas sería necesario asumir políticamente que el marco jurídico que lo permitiría sería el propio del estado de excepción, que habría de decretarse a esos solos efectos y por el tiempo estrictamente necesario para cumplir dichos objetivos.

Los datos, nuestros datos, son nuestro auténtico patrimonio y es donde radica nuestra genuina soberanía como ciudadanos, y la soberanía no se cede, mucho menos se regala

La evaluación de la inmunidad de la población, la detección precoz de casos y contactos entre la población implica, y así lo asumen los expertos, la realización masiva de pruebas médicas a los ciudadanos, así como un control efectivo de sus desplazamientos e interrelaciones. Una medida de estas características tampoco me parece que esté amparada en el marco constitucional del denominado estado de alarma, pero, además, conlleva un riesgo incluso mayor en materia de derechos y libertades. Es un riesgo presente y futuro

Es el sueño de todo estado, más de aquellos con escasa tradición democrática, poder disponer de los datos de sus ciudadanos, sobre todo si se trata de datos íntimos (los médicos lo serían) o privados (los de localización e interrelaciones entrarían en esta categoría). Por eso, la recolección de estos datos especialmente protegidos en tiempos de normalidad, su tratamiento y posterior destino habrá de hacerse con muchas cautelas si no queremos quedar cautivos de una base de datos.

La recolección y manejo de datos personales o íntimos ha venido estando sujeta a dos grandes modelos que podríamos identificar como el americano y el chino. En el primero de ellos los datos se recopilarían, almacenarían y tratarían por empresas privadas (Google, Facebook, etc., por poner algunos ejemplos). Mientras que en el segundo estarían en manos del estado. Ni uno ni otro sistema es el ideal y, además, encajan mal con el concepto europeo de lo que son los derechos y libertades de los individuos, por lo que, seguramente, hemos llegado a un punto donde sería conveniente defender e instalarnos en un tercer modelo: el europeo, que es algo que se viene preconizando desde hace ya mucho tiempo desde Catalunya.

Los datos, nuestros datos, son nuestro auténtico patrimonio y es donde, cada día se hace más evidente, radica nuestra genuina soberanía como ciudadanos y la soberanía no se cede, mucho menos se regala, por lo que hemos de acudir a mecanismos tecnológicos, que los hay (la tecnología blockchain es un ejemplo), para que el estado pueda acceder a nuestros datos, usarlos para fines muy concretos y en momentos muy puntuales, pero sin apoderarse de ellos.

Es más, si como dice la Constitución española: “La soberanía nacional reside en el pueblo…”, entonces no existe razón alguna para entregarla al estado ni a los poderes de los cuales emana dicha soberanía. Cosa muy distinta es, desde el pleno dominio de nuestra soberanía y en función de ésta, colaborar con el estado para que dé una respuesta eficaz y eficiente a una pandemia que nos está poniendo ante un desafío inédito

Como el miedo es libre y con tal de salir del confinamiento no estamos mirando más allá, muchos serán los que están dispuestos a un sacrificio de estas características, pero, tal vez, lo estarían menos si fuesen conscientes de: a) lo que ello significa, y b) que existen vías para conseguir lo mismo sin renunciar a nuestra soberanía.

No existen razones para que tengamos que decidir entre seguridad médica o derechos y libertades, las herramientas tecnológicas que nos evitarían tal elección existen y es un buen momento para exigir su uso

La cesión de nuestros datos, y más los que ahora se quieren y necesitan recabar, implica el acceso de información íntima y privada de primer nivel porque afectan a la salud, pero que, además y al tratarse de pruebas de sangre, podrían aportar, incluso, nuestra completa información genética. Esto puede implicar el riesgo de trasvase y cruce de datos en materias tan diversas como las investigaciones policiales, médicas más allá del Covid-19, de familia o hereditarias, seguros de vida o enfermedad, etc. Y, por otra parte, la geolocalización permitirá, además, establecer perfiles sociales, de conducta y de relaciones. ¿Realmente estamos dispuestos a entregar toda esta información a cambio de una prometida, que no garantizada, seguridad médica?

Aunque no nos lo dicen, es necesario saber que existen procesos de captación y tratamiento de datos personales que, basándose en el concepto de soberanía y empoderamiento digital del ciudadano, y previo su consentimiento y con el debido control sobre dichos datos, además de garantizando el anonimato de estos, se alcanzaría el mismo resultado. Según los expertos, y en Catalunya los hay y muy buenos, la tecnología de “cadena de bloques no permisionada” sería la más indicada para dicho propósito, pero sin el precio que ahora nos quieren hacer pagar.

En definitiva, no existen razones para que tengamos que decidir entre seguridad médica o derechos y libertades, las herramientas tecnológicas que nos evitarían tal elección existen y es un buen momento para exigir su uso, porque, en realidad, nuestros datos son nuestro auténtico patrimonio y soberanía. En cualquier caso, la mejor forma de conocer las auténticas intenciones que se tengan, para con esta recogida y posterior manejo de estos datos, vendrá determinada por el sistema que se utilice, sabiendo ya que  solo conservaremos nuestra soberanía si se usa una tecnología de cadena de bloques no permisionada y, por tanto, tendremos claro si el tema iba de seguridad médica o de control efectivo de la población.