La batalla judicial que estamos dando en Europa no solo lo es en defensa de los derechos de los exiliados y del conjunto de la sociedad catalana, también constituye una visión sobre cómo ha de ser una sociedad moderna, democrática y europea en la cual todos, también los miembros de las minorías nacionales, tengan reconocidos sus derechos.

Ganar no es una tarea sencilla pero menos aún lo será el que se acepten y respeten los resultados que finalmente se obtengan.

Lo sucedido en Sassari y la reacción ante tan rotundo éxito es un buen ejemplo de cómo la resistencia a aceptar la realidad será uno de los grandes problemas para la asunción de algo que ya es imparable, como es el triunfo del exilio sobre la represión.

Quienes ven la realidad en blanco y negro, esos tipos grises que ostentan el poder real dentro del Estado, han entrado en una dinámica que dista muy poco de aquella que estamos viendo a partir de la reciente resolución del Tribunal Constitucional polaco que entiende que su derecho está por encima del derecho de la Unión.

Pensar y asumir el derecho de la Unión como algo ajeno, impuesto desde la distancia es, simplemente, no entender en qué consiste el proceso de integración europeo y la creación de un espacio único de libertad y seguridad en el que esté garantizada la libre circulación de personas y mercancías.

El derecho de la Unión, guste más o menos, es, por imperativo constitucional, nuestro derecho y quienes sigan resistiéndose a entender y asumir dicha realidad están, simplemente, actuando al margen de la Constitución que tanto dicen defender.

El dónde se geste el derecho que rija nuestras vidas es irrelevante porque el conjunto de las normas que componen el ordenamiento jurídico es lo auténticamente importante; hacer distinciones entre normas de origen europeo y normas gestadas en las Cortes generales es una visión distópica de la realidad.

Un buen reflejo de la distopía en que se encuentran instalados algunos, lo podemos ver en un reciente artículo publicado en La Razón por el Magistrado del Tribunal Supremo José Luis Requero y que no creo que refleje una visión estrictamente personal sobre el tema.

Sus palabras son dignas de análisis porque muestran no ya una visión personal o personalísima sino las líneas básicas de la distopía en que están embarcados muchos, especialmente varios de los que tienen encomendadas altas funciones jurisdiccionales.

Requero, que reconoce la existencia y servidumbres de un proceso de integración europeo, pierde el rumbo cuando baja al caso concreto que afecta al conflicto entre Catalunya y España.

Bajo un reclamo de mal entendida lealtad mutua, pretende que “si los Estados deben lealtad a la Unión, también cabe esperar que la Justicia europea no se exceda”. Es decir, pretende que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) realice algún tipo de interpretación del derecho de la Unión, no se exceda… Como si eso fuese posible por parte de quien tiene concedida, en exclusiva, la facultad de aportar la correcta interpretación de las normas europeas.

En su distópico análisis de lo sucedido en Polonia, saca a relucir cuál es su auténtico problema con el TJUE y que no es otro que el futuro que en dicha sede tendrán los planteamientos que el Tribunal Supremo español lleva haciendo desde que asumió la dirección de la represión a los catalanes.

La distopía en la que se han instalado unos, y a la que quieren arrastrar a todos, no es la forma más adecuada para abordar un tema que es político y no jurídico

Al respecto, dice el Magistrado en ejercicio que: “de esto sabemos en España y por citar algo pendiente, a propósito de los secesionistas fugados, ya veremos en qué queda nuestro Tribunal Supremo y la euroorden como instrumento del espacio europeo de seguridad y Justicia.”

Lo que está planteando es de una gravedad a valorar: si no se le da la razón al juez Llarena en sus prejudiciales, entonces el TJUE habrá actuado con deslealtad y, por tanto y seguramente, su resolución carezca, en su visión, de la legitimidad y obligatoriedad que tendrá.

La distopía en que está embarcado, y en la que no está solo, es mucho más profunda y le lleva a realizar manifestaciones que bien explican el cómo se ha llegado al momento actual.

Siguiendo con el análisis, nos encontramos con afirmaciones tales como que “de momento tenemos la mala experiencia de otros tribunales, como el Europeo de Derechos Humanos, o de otras instancias no judiciales prescindibles como el Comité de Derechos Humanos de la ONU.”

Que, para un Magistrado del Supremo, que no está solo, sea prescindible el Comité de Derechos Humanos de la ONU es tan grave como clarificador de los criterios que se están siguiendo a la hora de interpretar y aplicar las normas, especialmente cuando se trata de casos como el de los “secesionistas fugados”.

Requero, que en esto no está solo, termina uniendo lo sucedido en Polonia con lo que parece ver como un maltrato a las altas instancias jurisdiccionales españolas y, tras razonar que “vistos recientes pronunciamientos cuestionando nuestro sistema judicial” se pregunta “¿se han enterado allí de cómo es nuestra Justicia?; o peor aún, ¿se ha sabido o querido defenderla ante esas instancias?”.

La realidad, que es de lo que prescinde Requero, es que ni en Sassari ni en el TJUE se está cuestionando al sistema judicial español sino determinadas resoluciones adoptadas por las más altas instancias jurisdiccionales.

Si bien no comparto la visión distópica que presenta el magistrado Requero, para sus preguntas sí que tengo respuestas.

Claro que a estas alturas en Europa ya se han enterado de cómo es “nuestra justicia” si por tal se refiere a cómo se ha acometido el proceso represivo vivido a partir del 1 de octubre de 2017; no cabe duda de que se han enterado y, por eso, hemos ganado en Bélgica en 2017, 2018, 2020 y 2021, y lo hemos hecho también en Alemania en 2018, en el TJUE en 2019 y en Sassari en 2021.

Claro que se ha querido defender lo actuado en contra del independentismo catalán; tanto se ha defendido la postura de las altas instancias jurisdiccionales que se han traspasado todo tipo de líneas rojas llegándose, incluso, a actuaciones manifiestamente ilegales y propias de una guerra sucia.

Pero no solo en ese terreno se les ha defendido sino también en el jurídico con un trabajo implacable que hemos terminado sorteando con la verdad y el derecho de la Unión en la mano.

La distopía en la que se han instalado unos, y a la que quieren arrastrar a todos, no es la forma más adecuada para abordar un tema que es político y no jurídico, y cuanto más se alejen de la realidad, más difícil será aceptar lo que ya es imparable y que no es otra cosa que el triunfo del derecho por sobre la brutalidad de la injusticia.