Mucho se ha hablado del artículo del New York Times en el cual se exponía una seudoinjerencia rusa en la política catalana. Ante una noticia de esas características, propios y extraños se lanzaron al cuello de quienes ahí aparecíamos mencionados sin siquiera cuestionar si dicho artículo cumplía, mínimamente, con los cánones éticos que han de guiar una profesión tan necesaria como es el periodismo.

Tal alud de críticas era de esperar puesto que el artículo, si bien escrito por dos plumillas pero en un medio de prestigio, incluía entre sus fuentes y como soporte principal un supuesto informe de la “inteligencia europea”, que daría carta de naturaleza a lo que no era más que un auténtico libelo que forma parte de una orquestada campaña de desprestigio iniciada incluso antes del referéndum del 1 de octubre.

Algunos, más bien propios que extraños, no dudaron en asumir como real la versión dada por los plumillas sin siquiera pararse a pensar que la noticia, en el fondo, también iba dirigida en contra de ellos mismos aun cuando, seguramente, hoy ya no se consideren parte de ese colectivo constantemente asediado por campañas mediáticas, como es el independentismo al que dicen pertenecer.

Sobre el fondo de la cuestión nada mejor que lo escrito por Jordi Barbeta en este mismo medio que suscribo íntegramente y que solo pretendo complementar con algunos datos que sirven para dar por zanjado un episodio más de algo que viene siendo costumbre ya: el acoso y señalamiento mediático de todo lo que huela a independentismo catalán.

Para aquellos que se llaman constitucionalistas, y que en realidad no son más que fascistas, simplemente habrá que recordarles que la Constitución nos garantiza el derecho a obtener una información veraz, y la de los plumillas plasmada en las páginas del New York Times no lo era; pues ni tan siquiera existía ese supuesto informe de la “inteligencia europea”, como bien ha dejado claro el departamento que dirige Borrell, al que no creo que sean capaces de acusar de aliado del independentismo.

Entre los muchos deberes que tiene una profesión a la que admiro y a uno de cuyos representantes debo toda mi formación, mi padre, se encuentra el del respeto a la verdad y a la presunción de inocencia del afectado, pero, además, es deber de todo periodista el fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos.

Esto no lo cumplieron esos dos plumillas.

Se añade que una vez cometido, llamémoslo así, el error, todo periodista que se precie de actuar conforme a una mínima ética profesional, cuando detecta la divulgación de material falso, engañoso o deformado, está obligado a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue empleado para su difusión. Asimismo, difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda.

Esto no lo cumplieron esos dos plumillas, pero tampoco el New York Times, que se hizo bola defendiendo lo indefendible y omitiendo, incluso, las solicitudes de rectificación que le remitimos.

En cualquier caso, el problema de estos dos plumillas no surge a partir de la publicación sino incluso antes de emitirla, ya que también se saltaron aquellas normas éticas que obligan a todo periodista decente a utilizar métodos dignos para obtener la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos y obliga a establecer una clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas, especialmente cuando algunas de estas eran prestadas por sectores muy interesados en el desprestigio no solo del independentismo sino también de quienes ejercemos otra profesión necesaria como es la abogacía.

Tanto antes como después de la publicación del panfletario artículo se les expuso a ambos plumillas la falta de certeza de la información que manejaban y, sin embargo, hicieron caso omiso a todos esos requerimientos, sustentando su información en la supuesta existencia de un informe de la “inteligencia europea” que ya sabemos no existe.

Hacer público ese inexistente informe es lo mínimo que unos profesionales serios, éticos y rigurosos harían en caso de tenerlo

Enfrentados a la evidencia de su falta de rigor y ética profesional, se han desmarcado amparándose en el secreto de sus fuentes y, si bien es cierto que los periodistas tienen la obligación de proteger sus fuentes ―como los abogados tenemos el deber y el derecho al secreto profesional―, tal deber de protección no alcanza a los documentos, y el supuesto e inexistente informe de la “inteligencia europea” tiene tal consideración. Por ello, este no entra dentro de la categoría de fuentes, sino de mera base documental, por lo que esta excusa de mal pagador no es válida a la hora de no publicar ese inexistente informe.

Nadie, absolutamente nadie, les pide que revelen quién les dio el inexistente informe de la “inteligencia europea”, pero creo que muchos, y especialmente quienes hemos sido víctimas de su libelo, tenemos derecho a exigir que exhiban ese informe, que, insisto, ya sabemos no fue elaborado por la inteligencia europea.

Hacer público ese inexistente informe es lo mínimo que unos profesionales serios, éticos y rigurosos harían en caso de tenerlo, pero, además, es lo que permitiría, de una parte, contrastar la seriedad, imparcialidad y veracidad de la información y, de otra, nos permitiría a los afectados defendernos, es nuestro derecho.

Para que todos nos entendamos sobre lo que estoy hablando usaré un ejemplo que es muy sencillo de comprender.

Una información de relevancia internacional sobre las vías que determinadas personas emplean para eludir sus responsabilidades fiscales, no sería creíble ni aceptable si no estuviese basada en documentos; pues bien, nadie duda de la realidad, seriedad y veracidad de las noticias publicadas a la luz de los papeles de Panamá porque todo se basa en documentos a los que se ha tenido acceso y han podido ser contrastados.

En el fondo y para ser claros: ¿alguien se imagina hablar del fraude fiscal sin que se nos exhibiesen los papeles de Panamá? Pues con esto debería ocurrir lo mismo.

Cosa muy distinta sería el exigir conocer las fuentes que llevaron a un consorcio periodístico a acceder a dichos documentos; eso es algo que nadie pide porque la veracidad de la información no radica en las fuentes que la facilitaron sino en los documentos en que se evidencia.

Aquí, y con estos plumillas, ocurre justo lo contrario: se amparan en la protección de las fuentes ―que no nos interesan y ya las conocemos― para no exhibir los documentos en que sustentan la supuesta veracidad de su información.

Han pasado más de tres meses y seguimos reclamando que tengan la honestidad profesional de rectificar o de publicar esos documentos, porque, a partir de su exhibición, podremos defendernos y poner las cosas en su sitio; mientras no lo hagan, y ya llegan tarde, solo se tratará de otro artículo más, escrito bajo la influencia de los de siempre y con el mismo tufillo panfletario que tiene la incesante campaña de desprestigio a la que llevamos años sometidos por parte del denominado "periodismo de Estado", que de periodismo no tiene nada y de estado mucho.

Probablemente, la única razón por la que se niegan a exhibir el supuesto informe de la “inteligencia europea” no sea otra que la de impedir que terminemos descubriendo que fue “todo por la patria”.