En el mundo del derecho no sólo importa el fondo sino, también, las formas y las apariencias; mucho más cuando se trata del derecho al juez imparcial y así lo tiene declarado en innumerables sentencias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En el juicio que se sigue en contra de los políticos catalanes se están cuidando  las formas pero se han descuidado las apariencias y ello se ve reflejado en diversas situaciones que distan mucho de ser las admisibles según la doctrina del TEDH de cuyo conocimiento, que no asimilación, tanto presume el president de la Sala Segunda Manuel Marchena.

En el ámbito de las apariencias, sobre todo en lo que respecta a la imparcialidad, el juicio discurre por unos derroteros que no superará el filtro del TEDH y eso debería saberlo ya el Tribunal Supremo. Como apuntó Elisa Beni dos son los nuevos y grandes problemas que tendrá que resolver el Supremo en los próximos días: de una parte, el papel que juega Vox como acusación popular y, de otra, la falta de imparcialidad  de dos de los Magistrados de la Sala que, además de enjuiciar a los políticos catalanes, forman parte de la Junta Electoral Central.

Siempre he sido partidario de que exista la acusación popular pero nunca de que la ejerzan los partidos políticos porque ellos tienen otras formas, mecanismos e instancias para participar en la vida pública. En el caso de Vox y en este juicio en concreto, se dan una serie de circunstancias que obligarán a la Sala a pronunciarse pero, también, a la propia Junta Electoral Central.

La convocatoria a elecciones generales hace que el juicio al procés se transforme en una plataforma mediática sin precedentes para un partido que, de no ser por este juicio, no tendría mayores espacios televisivos ni cobertura mediática sobre la que sustentar su candidatura.

Vox, partido que aspira a situar a la derecha allí donde la dejó Franco, tiene en el estrado de la acusación un púlpito inmejorable para promocionar tanto su discurso como a Ortega Smith, su secretario general, mientras acusa a políticos de otros partidos de delitos que no se han cometido; esta acusación, que poco tiene de jurídica y mucho de política, se ve premiada manteniéndose en el estrado durante la campaña electoral.

Respecto a esta situación y el papel de Vox, las preguntas son: ¿Se vulnera o no el principio de igualdad de armas de cara a las elecciones generales?, ¿puede un partido político usar un estrado judicial para promocionar su trabajo político durante una campaña electoral? y ¿en qué medida esta situación afecta al derecho a un proceso con las debidas garantías e, incluso, a la imparcialidad del Tribunal?

Sobre las dos primeras interrogantes se tendrá que pronunciar la Junta Electoral Central ¿o es que piensan que ningún partido planteará tal anomalía democrática?;  sobre la tercera, si así lo plantea alguna de las defensas, lo deberá hacer la Sala Segunda del Supremo.

El otro problema, que surge a partir de la convocatoria de elecciones y que seguro ni Pedro Sánchez ni Manuel Marchena previeron o si lo hicieron no les importó, es el generado por la presencia de los Magistrados Varela y Ferrer en la Junta Electoral Central. Este órgano tiene, entre otras funciones, la de velar por la correcta celebración de los comicios, resolver quejas (entre la que estará la que afecta al papel de Vox en el juicio), corregir sanciones impuestas por las Juntas Electorales Locales y expedir las credenciales a los candidatos electos.

Pero el problema no solo es de la futura actividad que despliegue la Junta Electoral Central en los comicios del 28-A sino lo ya realizado porque tanto Luciano Varela como Ana Ferrer forman parte de este órgano desde el 30 de octubre de 2017 y, como tales, participaron en el proceso electoral del 21-D donde concurrieron como candidatos, entre otros, varios de los ahora acusados. Es decir, el hecho generado de la pérdida de imparcialidad ya se produjo y ahora solo se puede incrementar su afectación.

Como en los circos pobres, en que una persona vende las entradas, hace de apuntador, maestro de ceremonias, mago y domador, en el juicio al Procès unas mismas personas están encargadas de velar por la transparencia y corrección del proceso electoral y, llegado el caso, emitir las credenciales a los electos, mientras les enjuician en base a la acusación de un partido político que, con su Secretario General a la cabeza, también concurre a estas elecciones.

Las apariencias han saltado por los aires y el vano intento de Marchena de adelantar la testifical de aquellas personas que ocupan cargos políticos no es más que un burdo apaño de algo que no resistirá el cruce de los Pirineos. Ese adelanto de las testificales viene a demostrar que estamos ante un juicio político pero, además, generará indefensión porque las defensas tienen el derecho a interrogar a sus testigos después de que hayan declarado los de las acusaciones pero, aquí,  declararán no en función de quién los propuso sino de su actividad política y, en derecho, el orden de los factores sí altera el producto.

Marchena, como Presidente del Tribunal de enjuiciamiento, y bien relacionado con Pedro Sánchez, debió prever que, constante el juicio, pudiesen convocarse elecciones generales, pero no lo hizo porque errar es humano y su experiencia en juicios es escasa o nula. Lo que sí es plenamente achacable a su gestión es el haber formado Sala con dos personas que, desde el 21-D están contaminadas para enjuiciar a cualquier político que haya participado en las elecciones catalanas de 2017, fecha en la que Varela y Ferrer ya formaban parte de la Junta Electoral Central.

Resulta previsible cuál será la respuesta del Supremo, que junto con generar un nuevo e insostenible relato, incidirá en que las funciones de la Junta Electoral Central no afectan a la imparcialidad de los Magistrados que componen la Sala, que es un vano intento por desprestigiar a la Justicia española, que se está cuestionando la honorabilidad de unos excelentes profesionales, etc. etc. etc.

Pero la realidad es muy distinta, nadie cuestiona la profesionalidad y honorabilidad de Luciano Varela o Ana Ferrar, ahí están sus trayectorias que les avalan. La Junta Electoral Central no solo toma decisiones sino que, además, unifica criterios de interpretación que pueden afectar o han afectado ya en el 21-D, a los acusados en sus respectivas facetas como candidatos y, finalmente, nadie está intentando desprestigiar a la Justicia española donde hay más de 5.000 jueces que cada día hacen bien su trabajo. Lo que desprestigia a la Justicia española es la propia actuación del Tribunal Supremo por cosas como estas.

A Marchena le vendría bien comprender los criterios jurisprudenciales del TEDH que, resumidamente, dicen que lo que debe determinarse es si, independientemente del comportamiento del magistrado, existen hechos objetivos que puedan plantear dudas sobre su imparcialidad respecto al caso concreto, y que en ese sentido “incluso las apariencias pueden ser importantes”  porque, según el TEDH, lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en la ciudadanía en una sociedad democrática.

En definitiva, y al margen de los relatos que se construirán, esta anómala situación pone, una vez más, en evidencia la existencia de errores sistémicos que impiden hablar de un proceso con las debidas garantías y que obligan a replantearse si este juicio, en las actuales circunstancias, debe continuar su recorrido cuando ya podemos asumir que no resistirá la más mínima revisión por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un juicio de esta relevancia requiere unas mejores circunstancias y, sobre todo, una Sala que no venga, desde el inicio, eclipsada por una sombra de parcialidad que arrastra desde el punto y momento en que cinco de sus componentes formaron parte de la Sala de admisiones y, ahora se descubre, los otros dos forman parte de la Junta Electoral Central.

Podrán continuar el juicio, podrán condenar a los acusados y podrán instalar, localmente hablando, el relato de que estamos ante un juicio con todas las garantías pero la realidad es tozuda y más allá del Supremo están los Pirineos, donde estas cosas gustan poco o nada. De golpe, y convocatoria de elecciones mediante, hemos pasado del pretendido “juicio justo” a un juicio nulo... la cuestión es cuánto más quieren prolongar la agonía de un proceso que no resistirá ni el paso del tiempo ni el peso de los recursos.