La aventura emprendida por un sector de la Junta Electoral Central, bajo la batuta de Andrés Betancor Rodríguez y Carlos Vidal Prado, ha terminado tal cual anunciamos desde un comienzo. Y, ahora, el nuevo relato sobre el que se está construyendo la campaña en contra del president Puigdemont y los consellers Ponsatí y Comín es el de la imposibilidad de recoger el acta como eurodiputado, pero, una vez más, se trata de un relato sustentado en deseos más que en conocimientos.

De narraciones se vive en España y así lo venimos denunciando desde que la batalla del exilio comenzó. Cualquiera con un poco de memoria recordará que entre noviembre de 2017 y ahora los relatos se han sucedido con la misma frecuencia con la que les hemos ido ganando las distintas batallas judiciales en Europa.

Tanto el president Puigdemont como Ponsatí y Comín serán eurodiputados, si así lo quieren los electores. El problema no es jurídico sino político: contar o no con los votos necesarios para ser proclamados candidatos.

La base sobre la cual se ha construido el nuevo ideario ―que no podrán coger el acta de diputados― es muy sencilla, también ingenua, y consiste en una interpretación provinciana del artículo 224 de la LOREG que establece que: “La Junta Electoral Central procederá, no más tarde del vigésimo día posterior a las elecciones, al recuento de los votos a nivel nacional, a la atribución de escaños correspondientes a cada una de las candidaturas y a la proclamación de electos”. Y, también: “En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento”.

Básicamente, la Junta Electoral tendrá que proclamar a los electos y éstos deberán jurar la Constitución ante la Junta y, si no, serán suspendidos de las prerrogativas que les pudiesen corresponder por razón de su cargo. Es decir, desde la proclamación, cuentan con una serie de prerrogativas entre las cuales se encuentra la inmunidad, por lo que, el relato, desde una mera interpretación sistemática de la norma, se cae o descompone con la misma facilidad con la que fue construido.

La internacionalización del conflicto y la lucha desde el exilio son la única vía de conseguir revertir la situación creada a partir de la aplicación del 155 y del encarcelamiento de los políticos catalanes

Pero como nada es tan simple como algunos pretenden, y nuestros análisis van más allá de todo eso, es claro que hay elementos que los “relatistas” olvidan de manera sistemática: existe todo un mundo más allá de los Pirineos… y en las elecciones al Parlamento Europeo, mucho más.

Algunos, desde la miopía que produce el creer que la tierra es plana, ignoran u omiten algo que, en opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es esencial: “En esta nueva condición de Cámara inmediatamente representativa de la ciudadanía de la Unión, es claro que el Parlamento Europeo difícilmente puede ser ya el simple agregado de diputados elegidos con arreglo a procedimientos electorales nacionales acaso enteramente divergentes en sus planteamientos o premisas de partida…”.

Esto es así por algo tan sencillo y relevante como lo establecido en el artículo 14.2 del Tratado de la Unión que, ahora, define a los eurodiputados como “representantes de los ciudadanos de la Unión", en lugar de como se hacía antes en que eran "representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad". Lo que, dicho de manera muy simple, implica que los eurodiputados no representan a los parlamentos nacionales sino a los ciudadanos de la Unión y que las instituciones nacionales no pueden “cobrar peajes” que impidan el ejercicio de dicha representación.

En cualquier caso, argumentos y sustento legal y jurisprudencial hay mucho y, por prudencia, los iremos explicando poco a poco para desesperación de los generadores de relatos y de todos aquellos que quieren impedir que el president Puigdemont y los consellers Ponsatí y Comín terminen siendo diputados en el Parlamento Europeo.

Desde un comienzo, la internacionalización del conflicto y la lucha desde el exilio han sido denostadas y atacadas por todos, por algo elemental: es la única vía de conseguir revertir la situación creada a partir de la aplicación del 155 y del encarcelamiento de los políticos catalanes. Sin embargo, creo que después de más de 18 meses de lucha hemos demostrado que sabemos ganar fuera, y ahora que también lo podemos hacer dentro si nos dejan.

Parte esencial de esta estrategia de internacionalización se basa en el trabajo que realizan los exiliados, la libertad de movimiento de estos y, si a eso le sumamos la inmunidad que se pretende a partir de sus respectivas proclamaciones como diputados europeos, entonces, que a nadie le quepa duda, se logrará revertir la situación y conseguir avanzar en un proyecto político que el 155 pretendió truncar. Por esto están todos tan nerviosos y de ahí que los relatos se suceden a ritmo frenético.

Si llegan los votos, habrá inmunidad, y si son suficientes para que los tres consigan su escaño, entonces el exilio, como elemento dinamizador de la resistencia al 155 y de la búsqueda de una solución política a un problema político que nunca debió judicializarse, estará más cerca que nunca.

Más de dos millones de catalanes votaron en el referéndum del 1-O y, ahora, se necesita el mismo esfuerzo, la misma coherencia y la misma unidad de voto para que, desde el exilio, se siga con una lucha que el conjunto del pueblo de Catalunya en su día encargó al president Puigdemont y a su gobierno y que ellos, acertadamente, decidieron abordar desde el exilio.

El president Puigdemont y los consellers en el exilio han cumplido no dando un paso atrás, no rindiéndose ni cediendo y persistiendo, contra viento y marea, en el encargo hecho por los ciudadanos de Catalunya. Asegurar la elegibilidad del president Puigdemont y los consellers Ponsatí y Comín, así como su posterior inmunidad, ha sido el trabajo que se nos encomendó a los juristas y hemos cumplido… ahora les toca a los ciudadanos.