Hasta esta semana estábamos en el tiempo de la investidura y la formación del Govern de Salvador Illa y el momento de Carles Puigdemont. En dos semanas, tras el periodo estival (el 27 de agosto se retoma el Consejo de Ministros), espera la carpeta que marcará el otoño de la política nacional, la concreción de los pactos PSC-ERC y los trabajos para la materialización de los acuerdos. El futuro del Parlament tendrá necesariamente que pasar por el Congreso.
El PP hizo campaña con dos pronósticos no cumplidos. Ni el PSOE iba a investir a Carles Puigdemont ni Pedro Sánchez ha dejado a Illa ser presidente porque no le quedaba otra. La operación Illa lleva los apellidos de Sánchez desde 2018. El PSC resucitó al hoy presidente en las primarias y le ayudó a ganarlas holgadamente. Después llegó Illa a Madrid, el entonces jefe de gabinete en la Moncloa, Iván Redondo, se trasladó a Catalunya para la primera campaña electoral y ahora, por fin, ha llegado el cierre de juego para el PSC-PSOE. Y tras la formación del Govern, Illa-Sánchez seguirán tan unidos como hasta ahora.
A la vuelta, el Gobierno se encontrará con la presión política por aclarar los límites de la financiación singular. Si carga más hacia el despliegue del Estatut (Artículo 204 y la Agència Tributària de Catalunya) o realmente la singularidad responde al principio de ordinariedad y pasa por una suerte de cupo. Si la propuesta se registra en las Cortes antes de diciembre, la controversia está servida. En Sumar, la líder Yolanda Díaz se enfrenta en otoño al comité interno de la plataforma para dirimir quién se pondrá al frente de la gestión del bloque tras la dimisión de la vicepresidenta tercera en mayo. Al contexto hay que añadir la debilidad de Sumar para garantizar la lealtad de voto. Hoy por hoy, unos 15 escaños de los 29 votarían en contra de un modelo de financiación particular.
La operación Illa lleva los apellidos de Sánchez desde 2018
Hablar de financiación catalana no puede ser tabú, pero al PSOE le esperan las tensiones territoriales propias en septiembre. Con excepción del manchego Emiliano García-Page, los otros dos presidentes autonómicos socialistas, Asturias y Navarra, han enfriado el tono sobre el acuerdo de financiación singular recogido en el pacto ERC-PSC. Adrián Barbón ha pasado de la crítica frontal a asegurar este lunes que lo importante son los detalles por conocer; y María Chivite acompañó a Illa en la toma de posesión. El PSOE tiene la renovación de liderazgos pendientes que no concluirá hasta finales de 2025, después del congreso federal del partido, y hay muchos barones y exbarones jugando a la interna. Pero también reconocen altos cargos en activo la dificultad de ir a las siguientes autonómicas con un beneficio bilateral España-Catalunya consagrado por Pedro Sánchez. En ese equilibrio también se situará el debate socialista. En la lectura la orgánica, muchos apuntan a cómo María Jesús Montero y el círculo más próximo se juegan su rol en el post-sanchismo.
El pacto pasará inevitablemente por la futura Conferencia de Presidentes Autonómicos anunciada por Sánchez en el último balance de verano si termina celebrándose. Será en Cantabria y no tiene fecha fija. Feijóo ya ha anunciado la suya particular contando solo con los de las comunidades del PP para cargar contra el acuerdo. La agenda de los populares mutará de la amnistía a la financiación.
El Ejecutivo tiene que echar a andar y eso pasa porque mejoren las relaciones con Junts de cara a las futuras cuentas congeladas. Pedro Sánchez, aunque haya ganado la estrategia de la normalización —su apuesta a largo plazo—, no puede permitirse que Salvador Illa consiga unos presupuestos antes de los del propio Gobierno.