Ha llovido casi a gusto de todos, los embalses han recuperado caudal, las fuentes vuelven a brotar y el Govern de la Generalitat ha levantado las restricciones propias de la sequía. Aun así, el propio ejecutivo ha dejado claro que es necesario mantener todas las precauciones y todas las inversiones previstas, dado que la evolución del cambio climático hace prever nuevos episodios sin lluvias suficientes. Sin embargo, hay una inversión y un proyecto fundamental que parece que aún no forma parte de su planificación, y ahí es donde el Govern de Salvador Illa tiene la oportunidad de demostrar el sentido común y el coraje que no han tenido los gobiernos de todos los colores que le han precedido.

Ingenieros y economistas han puesto en evidencia que para poder gestionar una situación de sequía, lo más racional es tener interconectadas las redes fluviales del país, las cuencas internas y, por supuesto, la del Ebro, incluyendo el Segre. De hecho, esto lo entiende todo el mundo, porque es lo que en un momento de necesidad permitiría compensar déficits con excedentes. En Estados Unidos circula un mapa de los ríos interconectados copiado del mapa del metro de Londres.

Después de varios episodios de sequía, la interconexión de las redes no se ha hecho por una cuestión de estricta cobardía politicoelectoral de los gobiernos y por el populismo de algunos partidos que atizan el fuego de las plataformas, buscando solo el beneficio electoral aunque sea en perjuicio del país. Ahora el Gobierno de Salvador Illa tiene el tiempo y la mejor ocasión para liderar un proyecto indispensable porque, después de lo que se ha sufrido, tiene todos los argumentos a favor, el apoyo de los especialistas, y no debería encontrar ningún obstáculo en el gobierno amigo de Pedro Sánchez.

Ingenieros y economistas han dejado claro que, para poder gestionar una situación de sequía, lo más racional es tener interconectadas las redes fluviales del país, las cuencas internas y, por supuesto, la del Ebro. ¿Se atreverá el Govern o volveremos a traer agua en barco en la próxima sequía?

Como es bien conocido, lo que genera más polémica es la interconexión del Consorci d'Aigües de Tarragona con el sistema Ter-Llobregat que, dicho claramente, significaría que, en caso de necesidad —solo en caso de necesidad— se podría utilizar el tubo para que el área metropolitana de Barcelona se abasteciera con agua del Ebro. Esto, que parece un sacrilegio para las plataformas que se consideran propietarias del río, es un hecho que llegará tarde o temprano. Su instalación acabará siendo inexorable porque no será sostenible social, económica ni políticamente que, como ocurrió el año pasado, mientras la sequía se ceba con los barceloneses y los gerundenses, el Ebro vierta al mar más de mil metros cúbicos por segundo.

Diferentes gobiernos de la Generalitat han tenido sobre la mesa un proyecto defendido por todas las asociaciones profesionales de ingenieros, por el Colegio de Economistas y diversas organizaciones empresariales, que consistiría en construir una tubería de 65 km de longitud y 1.400 mm de diámetro paralela a la AP-7. Se trata de un proyecto tan poco complicado que podría terminarse en solo 8 meses. Así que si el Govern se apresura cuando vuelva a haber sequía no será necesario el disparate de transportar agua en barcos.

Pero este no es un artículo técnico, sino político, así que hay que investigar las causas que impiden llevar a cabo esta infraestructura tan necesaria, y la razón son los diputados que están en juego en Tarragona, que decantan las mayorías de gobierno. En las elecciones de 2003, Convergència i Unió fue desalojada del Govern por el tripartito de Pasqual Maragall, en buena parte debido al apoyo inicial de CiU al trasvase del Ebro propuesto por el Partido Popular. Lo cierto es que en aquellas elecciones el PSC, CiU y el PP perdieron entre los tres respecto a las anteriores de 1999 alrededor de 400.000 votos. Los partidos que duplicaron resultados fueron Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, los dos partidos que participaron con más intensidad atizando la feroz campaña liderada por la Plataforma en Defensa de l'Ebre.

Sin embargo, la realidad es tozuda, y cuando gobernaba el segundo tripartito, bajo la presidencia de José Montilla, en 2008 el país sufrió un episodio de sequía tan grave que, como todos recordarán, el entonces conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, veterano militante comunista, tuvo que encomendarse a la Virgen de Montserrat suplicándole lluvia. El nivel de los embalses de las cuencas internas bajó hasta aproximadamente el 20% de su capacidad y tuvieron que llegar barcos cargados de agua para abastecer Barcelona y su área metropolitana. ¿Qué hizo el Govern de la Generalitat en ese momento? Pues el Govern de coalición de PSC, ERC e ICV solicitó al Gobierno español, no uno sino dos trasvases, del Ebro y del Segre, para garantizar el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona. El Gobierno autorizó el primero, pero no el segundo, para evitarse problemas con Aragón. Así que el Govern Montilla dio los primeros pasos para hacer las conexiones y algunos aseguran que incluso se compraron las tuberías. La situación se veía tan dramática que ERC e ICV no dijeron ni pío, y menos el conseller Baltasar, paradójicamente encargado del proyecto.

Las desaladoras seguramente también serán necesarias, pero siempre deberían tener un papel muy secundario porque son muy caras, porque producen un agua también más cara y de peor calidad, y porque además también provocan algún efecto indeseable en su entorno

Sin embargo, como ya sabemos, el proyecto no se llevó a cabo. La Moreneta accedió a las súplicas del conseller, volvió a llover y todos se olvidaron del tema. Faltaban dos años para las elecciones, así que ni hablar del asunto. En 2010 Convergència i Unió ganó las elecciones, recuperó el poder, pero la crisis de los recortes paralizó las inversiones en seco. Los sucesivos gobiernos de Junts pel Sí, de Junts con ERC, de ERC con Junts y ERC en solitario tampoco han hecho nada, y la sequía volvió a ponerlos en evidencia.

Ahora mismo, el plan del Govern Illa lo fía casi todo a las desaladoras, cuando son infraestructuras mucho más costosas que la tubería de conexión. Prevén 2.000 millones de euros para la ampliación de la desaladora de la Tordera, las nuevas desaladoras de la Costa Brava Norte y de Foix-Cubelles, y el proyecto de agua regenerada del Besòs. El proyecto de los ingenieros para conectar Tarragona con el área metropolitana prevé una inversión de 275 millones más IVA y expropiaciones. Las desaladoras seguramente también serán necesarias, pero siempre deberían tener un papel secundario porque son muy caras, porque producen un agua también más cara y de peor calidad, y porque además provocan algún efecto indeseable en su entorno.

No hay duda de que el president Illa y el PSC, como cualquiera que tenga dos dedos de frente, consideran que la interconexión fluvial es necesaria. Los antecedentes lo dejan suficientemente claro. Incluso la consellera Paneque dijo que estudiarían el proyecto de los ingenieros. ¡Ay! Pero enseguida tuvo que aclarar que en ningún caso lo harían antes de 2030. El problema sigue siendo político. Los aliados del PSC, ERC y Comuns, buscando la rentabilidad que les pueda generar la pancarta del "no", no hacen ni les dejan hacer. Y aquí también se abre una oportunidad para la oposición de demostrar su coraje político y su sentido de país. Parece mentira que, después de todo lo que ha pasado, sea imposible establecer un acuerdo nacional, porque algunos interlocutores vetan de entrada la posibilidad de compartir el bien común por excelencia, como es el agua. Es en estos casos cuando el Govern debe ejercer su autoridad y su compromiso en beneficio del conjunto del país. Es obvio que el río es vida, pero para todos.