Esta misma semana Hacienda española informaba del grado de ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado por regiones. El dato correspondiente a Catalunya supone un paso más en los despropósitos y es la guinda del pastel del agravio que se va acumulando históricamente. Su reiteración año tras año, sin ningún rastro de corrección, justifica la posición de los que tenemos la sensación que ya es suficiente. Aunque sirva de poca cosa, todo sea dicho. Este no es un artículo para quejarse (dedico un párrafo obligado para contextualizar el tema) sino para proponer.

Que en 2021 el Estado español haya invertido el 35,7% de los 2.068 millones que tenía presupuestados para Catalunya, habla por sí solo. Que en Madrid la ejecución presupuestaria haya sido, no del 100%, sino del 184% quizás es puntual, pero viene a sumarse a un trato histórico que le es sistemáticamente favorable; y que la inversión por habitante haya sido el triple que la catalana, son bastantes indicadores puntuales del trato que nos depara el Gobierno más amigo de Catalunya de toda la historia. Que recibamos el 9% de la inversión del Estado cuando nuestro PIB representa el 19% no es normal; que de los 492 millones previstos por Adif-AVE se hayan ejecutado 22, tampoco; que Adif (no AVE) tuviera que invertir 707 millones y haya invertido 169, tampoco; o que Renfe operadora haya invertido 90 de los 262 que tenía presupuestados, tampoco. El del 2021 es un episodio un pelo extremo y dramático de un culebrón de maltrato desvergonzado a Catalunya. Como puede verse, somos irrelevantes a la hora de gastar, a pesar de ser imprescindibles a la hora de ingresar.

Vamos a la parte propositiva, que extraigo del INFORMES PIMEC 4/2019 que elaboramos relacionado con el problema que nos ocupa y que se titulaba 'Por un blindaje de la inversión presupuestada en infraestructuras'. Los presupuestos son una norma legal que aprueban los parlamentos, en este caso, referido al Estado, las Cortes Generales. Aunque en España no se presta mucha atención (como demuestra el incumplimiento indicado antes), asegurar que un presupuesto (una promesa) se ejecuta efectivamente, es un aspecto fundamental de la calidad de gestión del dinero público y de la tarea que tienen que hacer los cargos electos. Unos presupuestos teóricamente bien formulados resultan un fracaso si a la hora de aplicarlos se producen desviaciones importantes.

De hecho, tal como establecen instituciones económicas internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, un objetivo general de la gestión presupuestaria es que 1) las desviaciones con respecto a aquello presupuestado sean las mínimas posibles; y 2) que en caso de que haya modificaciones presupuestarias (en nuestro caso, por ejemplo, la no inversión en Catalunya y la sobreinversión en Madrid), tienen que estar bien estudiadas, documentadas, transparentes y se tienen que mantener los objetivos fijados por el gobierno.

El historial de incumplimientos de inversión del Estado en Catalunya tendría que poner colorados a los políticos que aprueban los presupuestos, tanto a los que mandan como a los que les dan apoyo. En cualquier empresa este personal y los que son responsables ejecutivos serían despedidos de manera fulminante. Pero, claro está, en el sector público y en el mundo de la política estos procedimientos no existen.

Aquí la parte propositiva en tres puntos muy sencillos:

  1. La inversión del Estado tendría que corresponderse (con pequeñas desviaciones) con la importancia demográfica y económica dentro del Estado. Es de sentido común, pero no pasa nunca en Catalunya, con la agravante que si un año se contempla, después se incumple.

  2. Las inversiones presupuestadas se tienen que ejecutar; si no se ejecutan es que los presupuestos están mal hechos o que se hincharon por los motivos que sean.

  3. Para asegurar la inversión de los recursos que se han presupuestado hay una vía relativamente simple: incorporar a las leyes generales presupuestarias una disposición para garantizar que se cumpla un porcentaje mínimo de las inversiones presupuestadas, con una salvaguardia. Por ejemplo, que en caso de que no se haya invertido un mínimo del 90% de lo presupuestado, se transferirán a la comunidad autónoma afectada los recursos no invertidos, con el compromiso de esta de invertirlos en infraestructuras en el año siguiente.

Para eso bastaría solo con que hubiera voluntad política de hacerlo por parte del Estado, que no la hay y, lo que es peor, desde aquí nos tragamos todos los sapos. ¿Hasta cuándo?

Modest Guinjoan, economista.